Vuela su dron a 246 metros sobre Vigo y se expone a una multa de hasta 225.000 euros

Un operativo conjunto entre el equipo Fénix -la unidad de drones de la Policía Local de Vigo- y el equipo Pegaso de la Guardia Civil -especializado en medios aéreos- ha permitido detectar y denunciar a un ciudadano que pilotaba de forma ilegal un dron en el espacio aéreo controlado del Aeropuerto de Vigo, generando un riesgo grave para el tráfico aéreo tripulado.

Los hechos ocurrieron el pasado martes 7 de mayo, alrededor de las 12.30 horas, cuando el sistema de detección de la Guardia Civil localizó una aeronave no tripulada sobrevolando la ciudad a una altura de 246 metros. Esta cifra supone más del doble del límite permitido en dicha zona, ya que el espacio aéreo bajo control (zona CTR) del aeropuerto vigués establece un máximo de 120 metros de altitud para este tipo de dispositivos.

La situación, catalogada como de alto riesgo por su potencial interferencia con el tráfico aéreo comercial, activó una intervención inmediata de las fuerzas de seguridad. Agentes del equipo Fénix de la Policía Local desplegaron una inspección en la zona y localizaron al operador del dron en el interior del emblemático Castillo de O Castro. El varón fue identificado en el mismo lugar mientras manejaba el dispositivo, sin ofrecer resistencia.

Hasta 8 infracciones

Una vez comprobada su identidad, los agentes solicitaron al piloto la documentación necesaria para operar legalmente este tipo de aeronaves. Según han confirmado fuentes policiales, el individuo carecía de titulación como piloto y tampoco había comunicado el vuelo al Ministerio del Interior, tal y como establece la normativa vigente.

En concreto, se le atribuyen un total de ocho infracciones graves, tipificadas en el Real Decreto 517/2024, que regula el uso de aeronaves no tripuladas, así como en la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana.

Entre las infracciones detectadas se incluyen: vuelo en espacio aéreo restringido sin autorización, superación del límite máximo de altura, ausencia de titulación oficial, falta de permisos administrativos y omisión de comunicación previa a las autoridades.

Como resultado del operativo, tanto la Policía Local como la Guardia Civil han procedido a remitir las denuncias correspondientes a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) y a la Subdelegación del Gobierno. Según la gravedad de los hechos, el ciudadano podría enfrentarse a una sanción económica que alcanzaría los 225.000 euros.

Desde ambas instituciones se ha destacado la relevancia de la coordinación entre cuerpos de seguridad para garantizar el cumplimiento de las normativas aeronáuticas y evitar incidentes que puedan comprometer la seguridad aérea. Este tipo de infracciones, recalcan, no son simples irregularidades administrativas, sino que constituyen un riesgo real para la navegación aérea y para la ciudadanía.