La defensa de Daniel Sancho solicita un nuevo juicio y lanza una firme petición

La defensa del español Daniel Sancho, condenado en Tailandia por el asesinato premeditado del colombiano Edwin Arrieta, solicita en su recurso a la sentencia que se celebre una nueva vista o se repita el juicio en primera instancia para poder llamar a nuevos testigos, según el escrito al que ha tenido acceso EFE.

El recurso, de unas 400 páginas, solicita una audiencia pública en la sala del Tribunal de Apelaciones de Tailandia que evalúa el recurso o "un nuevo juicio completo en el Tribunal de Primera Instancia", pero lo cierto es que los tribunales de apelaciones en Tailandia no suelen celebrar audiencias durante el proceso de revisión de recursos.

El recurso justifica esta "inusual petición" en que, "casi inmediatamente después de la lectura de la sentencia" en primera instancia el 29 de agosto de 2024, "surgieron nuevas circunstancias» que "constituyen una prueba completamente nueva".

Entre esas nuevas circunstancias se encuentra el testimonio de Paisan Sangthep, un policía presente durante la primera confesión de Daniel Sancho ante las autoridades pero que no fue llamado a declarar durante el juicio. Sí lo hizo en el documental de Max "El caso Sancho", donde aseguró que el reo nunca admitió la premeditación del crimen, supuesto que reduciría considerablemente la condena.

La firme petición de la defensa

Además, en su recurso de cerca de 400 páginas, el equipo legal de Daniel Sancho solicita también que la prensa pueda tener acceso a la sala en caso de que se celebre un nuevo juicio, que no debería denegar "el acceso de periodistas y otros representantes de los medios de comunicación".

El juicio oral contra Sancho en el Tribunal de Samui se celebró entre el 9 de abril y el 2 de mayo a puerta cerrada por decisión del juez, que impidió la entrada de periodistas a la sala y prohibió que el reducido número de asistentes desvelara el contenido de lo que ocurría dentro.

Las claves del recurso

El abogado Marcos García-Montes, que encabeza el equipo de defensa de Sancho, explica a LA RAZÓN los detalles del recurso que han interpuesto con la intención de que se reduzca lo máximo posible la condena del reo. Se apoyan a lo largo de su apelación en “las declaraciones universales de los derechos humanos que encontramos que se han violado en la sentencia y que están contempladas en la propia Constitución tailandesa, que establece los derechos y libertades del pueblo tailandés; así como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, al que también está adherido en Reino de Tailandia”.

El abogado y su equipo consideran que, desde que se inició el proceso, se han violado numerosos derechos de Daniel Sancho, entre los que cita su “derecho a la aplicación de los derechos humanos por los tribunales tailandeses, a la presunción de inocencia, a un juicio justo y con todas las garantías, derecho a que las pruebas se obtengan sin violación de derechos fundamentales -por lo que se convertiría en prueba ilícita- y a la asistencia de intérprete imparcial y objetivo y de un abogado que realmente asista en derechos al cliente en la detención”.

En el documento presentado se señala, además, que el propio tribunal “ha examinado las pruebas y ha llevado a cabo su valoración de forma errática y errónea, sin que lo que contiene la sentencia sea lo que realmente se probó en el juicio”. Para probar esto, García-Montes y el resto de abogados de Sancho se basan en “la declaración del mismo fiscal, que cuando terminó sus sesiones de prueba del juicio, manifestó a la prensa que se había quedado sin contenido para probar la premeditación del crimen”, matiz clave por el que fue condenado a la cadena perpetua.

Como se ha comentado anteriormente, el objetivo del recurso es que la condena a cadena perpetua de Sancho se vea considerablemente rebajada, una petición que solicitan en base a la Convención contra la Tortura y Tratos o Penas Crueles y Degradantes, de 1984, a la que Tailandia también se sumó con la firma el 1 de noviembre de 2007 y posterior ratificación el 2 de octubre de 2007.