Nacho Cano, imputado junto a otras dos personas por supuestos delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros

La titular del Juzgado de Instrucción nº 19 de Madrid ha abierto diligencias contra Nacho Cano y otras dos personas por la presunta comisión de delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y delitos contra los derechos de los trabajadores, a resultas de la denuncia presentada en enero de este año por una bailarina de México seleccionada junto a otros 19 participantes en un casting para formar parte de la compañía del exintegrante de Mecano "La Malinche".

La denuncia de la artista mexicana dio lugar a una investigación que resultó en la detención de Nacho Cano el pasado 9 de julio. Se le acusa, a él y a demás miembros de su equipo, de favorecer la entrada ilegal de extranjeros en España, bailarines mexicanos a quienes habrían guiado para acceder al país en calidad de turistas, a sabiendas de que en realidad formarían parte del reparto de "La Malinche".

Una investigación que Cano cuestionó y por la que incluso señaló al ministro del Interior Grande-Marlaska, a quien acusó directamente de orquestar una operación contra él a raíz de su amistad contra Isabel Díaz Ayuso. "Primero fueron a por su hermano, luego a por su pareja y ahora a por mí", dijo en una rueda de Prensa convocada horas después de su detención.

Un punto de vista muy diferente al de la jueza instructora, que parece ver indicios suficientes en la investigación de la Policía Nacional para imputar a Cano y abrir diligencias, entre los que se encuentran, según el auto al que ha tenido acceso LA RAZÓN, requerimientos a la Tesorería de la Seguridad Social "a fin de que certifique el número e identidad de trabajadores dados de alta entre diciembre de 2023 y junio de 2024 a nombre de la empresa MALINCHE DE MUSICAL SPAIN S.L.", así como la citación a declarar de la bailarina que interpuso la demanda y el resto de sus compañeros. Concluidos estos procedimientos, se llamará a declarar a Cano y al resto de imputados.

El auto de la jueza recoge a lo largo de siete apartados las gestiones practicadas por la Policía Nacional en su investigación contra Cano y su productora para comprobar la existencia de un posible ilícito penal, como el análisis de conversaciones de WhatsApp en las que se demuestra que uno de los imputados señala a los bailarines mexicanos que "les recuerdo que viajan en calidad de turistas, no deben mencionar en migración que van a estudiar", o la inspección de varios perfiles en redes sociales en los que se hace patente que "se encuentran actuando en la obra musical y trabajando en la discoteca tras el espectáculo, por lo que no solo se encontrarían ensayando, sino también actuando y trabajando en la fiesta postshow", todo en situación irregular.

De hecho, en otro de los mensajes de WhatsApp inspeccionados, uno de los asistentes de Cano notifica a los bailarines mexicanos, supuestamente alumnos becados que se encuentra todavía en formación, que "Dirección me acaba de decir que hasta el domingo quiere que salgáis todos en la función, es decir, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo".

Hasta este momento, Cano no se ha pronunciado sobre este nuevo giro en un caso que parece complicársele con cada nuevo avance en el proceso.