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Levantar las alfombras

Tiempo de lectura 4 min.

04 de junio de 2011. 21:10h

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5/6/2011

El cambio político en Cataluña, que tras dos legislaturas gobernadas por socialistas e independentistas permitió aflorar irregularidades contables y financieras, tal vez sea el antecedente de lo que puede ocurrir en el resto de las comunidades autónomas y en los ayuntamientos. CiU descubrió un agujero oculto del tripartito; en concreto, heredó un déficit real de unos 7.000 millones de euros, casi el doble de lo que había reconocido el anterior Gobierno. Las sospechas sobre una astronómica deuda oculta en las administraciones después de tres años de crisis se han acrecentado en los últimos meses. Esa situación de opacidad financiera ha sido una de las principales preocupaciones del Partido Popular tras el vuelco del 22-M. De hecho, Mariano Rajoy estableció como un compromiso principal tras la victoria el de incrementar la transparencia de las cuentas públicas con un procedimiento de auditoría incluido. La verificación de la situación real de la tesorería en un proceso de traspaso de poderes es un acto de responsabilidad, pero, sobre todo, de prudencia. Como era de temer, comprobado el precedente catalán, han comenzado a aflorar los primeros indicios inquietantes. Los populares han denunciado que la Junta de Castilla-La Mancha acumula 7.000 millones de euros en deudas y que no hay fondos para sufragar la nómina de 70.000 empleados públicos. Se habla de una situación de «quiebra total» de la Administración regional, que no paga ni la luz ni el teléfono ni a los proveedores, a los que debe 2.000 millones de euros. Aunque generalizar sería notoriamente injusto, no hay motivos para creer que Castilla-La Mancha sea la excepción, sino más bien que otras comunidades se encuentren en circunstancias muy poco nada saneadas. Según los datos de distintas consultoras, las administraciones regionales y locales de España tienen una deuda no incluida en las cuentas oficiales de 26.400 millones de euros, que suele estar relacionada con sociedades o unidades institucionales que no se consideran públicas, porque no tienen una mayoría de capital público aunque son controladas por las administraciones. Otro método utilizado para camuflar los números rojos durante estos años ha sido directamente no pagar las facturas. La situación es una bomba de relojería que puede estallar en cualquier momento. El Gobierno ha censurado la actitud exigente de Mariano Rajoy porque supuestamente siembra dudas en los mercados sobre la salud financiera del país. Pero no es así, sino justamente lo contrario. Lo que perjudica más a España no es la verdad, sino el engaño; no es lo diáfano, sino lo borroso; no son los números reales, sino los rojos guardados en un cajón. Ese mismo discurso del secretario de Estado Gaspar Zarrías fue utilizado por las autoridades griegas con el desenlace bien conocido. Salvo para estrategias políticas cortoplacistas, la transparencia nunca es un problema. Genera credibilidad y confianza, que es lo que más necesita la economía española. Por el contrario, la opacidad es una práctica indeseable en la gestión de los fondos públicos y Rajoy ha acertado con su decisión de levantar las alfombras y ventilar las estancias.

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