Pepino amargo

La crisis del pepino ha puesto de manifiesto la falta de pulso del Gobierno y su insuficiente peso en la UE. Tras la denuncia de las autoridades alemanas contra los pepinos españoles como el origen de la epidemia de la bacteria «E.coli», que ha causado ya 15 muertes, el Gobierno reaccionó cuando el perjuicio al sector estaba hecho. Su prioridad debió de ser abortar la crisis en su origen o al menos minimizar los daños. No hizo ni lo uno ni lo otro. Ni la ministra Rosa Aguilar ni la ministra Leire Pajín, en una desafortunadísima gestión, ni la ministra Trinidad Jiménez interpretaron de forma adecuada la trascendencia del contencioso, tal vez porque los socialistas tenían la mente distraída en los asuntos sucesorios del PSOE el pasado fin de semana. Se calcularon mal los riegos y no se rebatieron con celeridad las acusaciones temerarias e injustificadas de la responsable sanitaria alemana, lo que favoreció que la alarma se extendiera por el continente. La consecuencia fue que la confianza en las hortalizas y las frutas españolas quedó tocada y que seis países restringieron las importaciones de nuestro país. Los primeros cálculos de los productores han estimado las pérdidas en 200 millones de euros a la semana en un sector clave, en el que España es el primer exportador mundial, con una producción de unas 16 millones de toneladas y un valor en origen cercano a los 17.000 millones de euros, y que da trabajo a más de 300.000 personas. Hablamos del tercer sector en importancia en la exportación nacional, sólo por detrás del automóvil y la maquinaria industrial y, por consiguiente, de una gran relevancia para la economía. Por fortuna, ayer el negro panorama empezó a disiparse. La ministra de Salud de Hamburgo, Cornelia Prüfer-Storcks, la misma que provocó la convulsión, confirmó que los pepinos españoles no son el origen del brote. Era un desenlace esperado, no sólo porque los productos españoles cumplen con exigentes protocolos de calidad y seguridad, como reafirmó Europa, sino también por el mero hecho de que no había habido problemas con los pepinos consumidos en España ni en otros países. La rectificación de Alemania es un paso imprescindible, pero no puede suponer un borrón y cuenta nueva. Primero, porque el pánico es un estado de ánimo muy complicado de revertir, y segundo porque el perjuicio a los productores y a la imagen del país ha sido demasiado importante y es obligado resarcirlo con justicia. Alemania se ha equivocado gratuitamente y debe un desagravio a los afectados. Una campaña nacional de las autoridades germanas a favor de las hortalizas y frutas de nuestro país y la compensación económica correspondiente son actuaciones obligadas. Además, las autoridades comunitarias harían bien en recordar a todos los socios, especialmente a Berlín, la existencia de unos protocolos de actuación y de unos canales oficiales para abordar estas situaciones. El Gobierno llegó tarde. El desánimo socialista merma su capacidad de respuesta, porque sus preocupaciones no están en la gestión pública. El país no atraviesa precisamente por un buen momento y necesita unos gestores atentos y eficientes.