IRPF

El coste de la rebaja fiscal a las pymes será de 230 millones

El paquete de medidas aprobado ayer por el Consjeo de Ministros incluye la rebaja del Impuesto sobre Sociedades para las empresas de reducida dimensión (concepto que pasa de 8 a 10 millones de euros de facturación), que disfrutarán del tipo reducido del 25% hasta los 300.000 euros de beneficio, frente a los 120.000 euros actuales, a partir del próximo 1 de enero de 2011.

 
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Este límite también será de aplicación para las denominadas microempresas, que por tener una cuantía neta de cifra de negocios inferior a los cinco millones de euros y una plantilla media inferior a 25 empleados, pueden acogerse a un tipo de gravamen del 20%.

Además, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, adelantó que para que la tributación no sea un impedimento al crecimiento de las empresas, el beneficio fiscal perdurará durante los tres ejercicios inmediatos siguientes a aquel en que se supere el nuevo umbral de 10 millones de euros, incluso en el supuesto de que dicho límite se sobrepase a resultas de una reestructuración empresarial, con la única restricción de que todas las entidades intervinientes en la misma estén dentro de dicho umbral.

La vicepresidenta económica indicó que el coste de esta rebaja fiscal rondará los 230 millones de euros, cantidad «asumible» para las arcas del Estado, pero importante para las empresas que se beneficiarán de la misma.

El decreto-ley incluye también la eliminación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados (AJD) para todas las operaciones societarias dirigidas a la creación, capitalización y mantenimiento de las empresas, y se generaliza la libertad de amortización hasta el año 2015.

Igualmente, Salgado anunció que los activos que se adquieran en diciembre, en concreto a partir de mañana, cuando previsiblemente se publicará el decreto-ley, podrán beneficiarse de esta amortización.

También se suprime la obligatoriedad a todas las empresas (dos millones y medio aproximadamente) del pago de la cuota cameral. En concreto y para que las Cámaras puedan adaptar su actividad a este recorte, se elimina la obligatoriedad con carácter inmediato para las empresas de reducida dimensión y, para el resto, se establece un periodo transitorio a lo largo de todo el año 2011.

De forma aproximada, Economía estima que las aportaciones obligadas de las empresas pueden situarse en torno a 250 millones de euros, con datos de 2008.