Esperpento en el Senado

Nada ilustra mejor la política de despilfarro y la frivolidad en el gasto público que la estampa ofrecida ayer por el Pleno del Senado, en el que sus señorías recurrieron a los servicios de traducción simultánea pese que todos ellos hablan y entienden perfectamente el castellano, que es la lengua oficial del Estado. En medio del vivo debate político y social que se ha planteado estos días sobre la racionalización del gasto de las autonomías, resulta esperpéntico que el Senado despilfarre, debido a la anuencia del PSOE con los nacionalistas, 350.000 euros al año para satisfacer un capricho político. No sólo es una burla a los millones de trabajadores en paro y a los cientos de miles de familias que no tienen ingreso alguno, sino también al sentido común. El despliegue de 25 nuevos traductores y 400 «pinganillos» para que un senador andaluz del PSOE «entienda» lo que dice otro senador andaluz del PSC sería sencillamente hilarante si no fuera porque implica un desembolso obsceno que ningún político responsable puede avalar, y menos aún en una época de crisis económica tan profunda. Argumentar, como han hecho los nacionalistas, que «los derechos no tienen precio» es, además de un alegato estúpido, una demagógica tomadura de pelo, pues el primer derecho lingüístico en una institución del Estado es el de emplear la lengua común y oficial para comunicarse sin necesidad de recurrir a artificios. Que el catalán, el gallego o el vascuence se hablen en Las Cortes ni les añade derechos ni se los quita, pues es una decisión que responde a meras maniobras partidistas que en nada los afectan como idiomas. De hecho, si fuera una cuestión «de derechos», ¿por qué se limita el uso a los plenos y no alcanza también a la sesión de control del Gobierno? ¿Acaso para no dar la nota de ver a un presidente del Gobierno de España con pinganillo para escuchar la interpelación de un compañero de partido catalán? No es extraño que ante espectáculos como el de ayer en el Senado o ante situaciones de privilegio como el régimen de pensiones de los parlamentarios vayan en aumento el desprestigio de la clase política y la desafección de los ciudadanos. Se echa en falta ese plus de ejemplaridad y probidad que debe exhibir todo servidor público, que otorga la necesaria autoridad moral a la hora de adoptar medidas difíciles. Quien pide sacrificios a los ciudadanos para que arrimen el hombro frente a la crisis no puede luego frivolizar con el dinero del contribuyente. Y haría bien el presidente del Senado, Javier Rojo, en no añadir más impostura al escándalo diciendo que no hay aumento de gasto sino «redistribución»: tal simpleza no es digna de la alta magistratura que ocupa. Al bailarle el agua a los nacionalistas, los dirigentes del PSOE han antepuesto el interés general a los de partido. Las lenguas cooficiales no sólo gozan ya de primacía casi total en las administraciones públicas respectivas, que en el caso catalán incluso ha marginado al castellano, sino que tiene su ámbito natural de desarrollo político en sus propios parlamentos. Por todo ello, la Cámara Alta debería replantearse recuperar cuanto antes la sensatez y el respeto de todos los españoles.