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Nueva etapa en Cataluña

Tiempo de lectura 4 min.

24 de diciembre de 2010. 00:37h

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24/12/2010

Artur Mas fue investido ayer nuevo presidente de la Generalitat gracias al respaldo de los 62 diputados de su grupo, pero también a la abstención de los 28 del PSC, que facilitó la designación en este segundo pleno de investidura en virtud de un acuerdo público, en el que se asegura que CiU deberá contar con su consenso en los grandes asuntos. El PP votó en contra de Artur Mas, al que reprochó que el compromiso entre convergentes y socialistas traiciona a los ciudadanos que apostaron por dejar atrás el tripartito. La alianza entre CiU y PSC plantea un escenario de colaboración que suscita incertidumbres sobre su alcance real. Que ambos grupos garanticen la gobernabilidad de Mas y Zapatero es una hipótesis real y preocupante, en cuanto que supondría el sostén de un Gobierno ineficaz y responsable de la desconfianza internacional de España.

La realidad es que Artur Mas dispone de una representación lo suficientemente holgada como para gobernar  sin ataduras. El nuevo president está llamado a abrir una nueva etapa después de la equivocada y negativa experiencia del tripartito y no a experimentar con extrañas fórmulas socioconvergentes. Una muy importante mayoría de los ciudadanos depositó su confianza en el proyecto centrado y moderado defendido por Mas y Duran Lleida y castigó al PSC con la oposición. El mensaje del electorado fue meridiano: los problemas reales de una sociedad maltratada por la crisis, el paro y la inseguridad deberían centrar la gestión del nuevo Gobierno sin espacio para el radicalismo en las formas y el fondo del tripartito.

Sin embargo, los primeros pasos de la nueva administración catalana han sido poco tranquilizadores. La respuesta de Artur Mas y CiU, su acuerdo con el PSC, para desoír las recientes sentencias del Tribunal Supremo que obligan a que el castellano sea lengua vehicular en la escuela en Cataluña, no es propia de una administración seria. Los gobiernos no están para interpretar y acomodar los mandatos judiciales a su antojo, sino para acatarlos y cumplirlos. Que Artur Mas insista en que mantendrá y preservará la inmersión lingüística y el vigente modelo educativo supone situarse en una actitud de desobediencia y, de facto, fuera de la Constitución.

Y si los gobernantes se saltan las reglas del juego, la seguridad jurídica se agrieta y el Estado de Derecho patina. De la sensatez y la prudencia de Mas y Duran Lleida cabe esperar que recapaciten y cumplan las sentencias del «órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes» del Estado para no alimentar tensiones inconvenientes y, sobre todo, injusticias y agravios flagrantes. Lo relevante, como apuntó la popular Sánchez Camacho en una acertada intervención en catalán y castellano, es, además de aplicar los fallos judiciales, apostar por un «modelo educativo de excelencia y de calidad».

El futuro de Cataluña no puede pasar de nuevo por las estériles y melancólicas discusiones particularistas e identitarias, que tanto han frustrado a esa Comunidad. Los catalanes necesitan respuestas y políticas que pongan en marcha el motor gripado de un territorio con un potencial extraordinario que ya ha perdido demasiados años.
 

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