Valencia

Las clínicas se niegan a dar informes a las víctimas de las PIP

A los problemas para financiar la retirada de las prótesis se suma la falta de información

Las clínicas se niegan a dar informes a las víctimas de las PIP
Las clínicas se niegan a dar informes a las víctimas de las PIPlarazon

MADRID- Ya son más de 600 las mujeres afectadas por las prótesis mamarias Poly Implant Prothèse (PIP) que han decidido unir fuerzas para buscar soluciones a un problema que afecta a más de 18.000 españolas y a 300.000 en todo el mundo. En Venezuela, uno de los países más afectados –33.000 mujeres llevan implantes PIP–, su asociación cuenta con más de 1.800 integrantes y su fuerza les ha permitido transmitir su caso a la Asamblea Nacional del país. En España aún su fuerza es reducida.

Eva Giménez es la portavoz de la asociación que se constituyó oficialmente a mediados de enero. Después de superar los primeros escollos organizativos, ahora se reúnen cada día en dos reuniones informativas –mañana y tarde– para «intentar tranquilizar a las afectadas», explica. Estos encuentros no sólo han puesto de manifiesto los problemas de algunas chicas para financiarse las operaciones, también están saliendo a relucir nuevos problemas. El principal: varias clínicas se niegan o retrasan indefinidamente la entrega del informe clínico completo al que, por ley, las pacientes tienen derecho. «Es un problema que llevamos denunciando desde el comienzo y del que cada día nos llegan más casos», afirma Giménez. La asociación que encabeza Eva no es la única que está recibiendo estas reclamaciones. A la Asociación Defensor del Paciente también se le acumulan estas quejas: «Nos llegan denuncias de varias clínicas, y muchas de ellas se repiten», afirma Carmen Flores, su portavoz.

La zona del Levante es la que más críticas registra y es que en Valencia y Alicante, la empresa del detenido Jean-Claude Mas –dueño de PIP– se hizo de oro. Allí es donde más se vendieron. Desde la Federación de Clínicas Privadas niegan haber recibido «ninguna reclamación» por parte de las pacientes y de las clínicas denunciadas, aseguran que «no forman parte de nuestra asociación». Tan sólo una aparece en su listado un centro de Elche (Alicante). Pero, «desde noviembre está cerrada», confirman. Éste es otro de los problemas que están encontrando algunas de las afectadas: no sólo no saben a quién acudir, sino que la clínica en la que se operaron no coge el teléfono. Éste es el caso de Manuela. Se operó en esta clínica en 2004 y «cuando vi la avalancha de noticias sobre implantes mamarios, revisé mi tarjeta identificativa y he tenido la mala suerte de llevar PIP», comenta.

El caso de Patricia, otra de las afectadas por la implantación de prótesis PIP, lo respaldan otras 20 jóvenes que se operaron en uno de los centros estéticos más conocidos de Valencia. Todas han acudido a hablar con el médico que las operó y «que nos da cita para un mes más tarde».

Semana decisiva
Esta semana Patricia ha conseguido el ansiado encuentro al que «acudiré con todas las chicas para plantarle cara al médico que nos operó y que ahora se niega a darnos nuestros informes médicos», explica la joven. Desde la clínica, con la que LA RAZÓN se ha intentado poner en contacto en numerosas ocasiones sin éxito, «nos dicen que nos los darán pero que están hasta arriba y que les demos tiempo. Pero llevamos más de un mes esperando por una fotocopia». El documento que reclaman las pacientes es imprescindible a la hora de tomar acciones legales, de ahí el interés de las afectadas y la desidia de los centros de estética.

En esta línea, otros países europeos están sufriendo los estragos de las PIP. La banca rota en la que se encuentra su fabricante obliga a todos los implicados a echar balones fuera, y algunos, si vislumbran la oportunidad, se aprovechan de las circunstancias. Éste es el caso de numerosos cirujanos plásticos de Gran Bretaña. «Esto se ha convertido en un problema masivo y en un gran negocio», asegura rotundo a LA RAZÓN, Nigel Mercer, portavoz y ex presidente de la Asociación Británica de Cirugía Estética y Plástica (Baaps, en sus siglas en inglés). Las más de 40.000 afectadas del país no sólo tienen que lidiar con una nueva operación, sino que en muchos casos los médicos se aprovechan de sus circunstancias. «Hemos denunciado que se están realizando operaciones extra que las mujeres no han solicitado, como la recolocación del pecho y la corrección de ciertas imperfecciones», afirma. De esta forma, «el especialista cobra mucho más». Y allí el problema no sólo surge con los médicos que, «en muchos casos, piden más de 100 euros a sus pacientes por el informe al que tienen derecho», añade, sino que las clínicas también se niegan a hacerse cargo del problema. Aseguran que «no tenemos las herramientas» adecuadas para realizar la intervención y remiten a las afectadas a la Sanidad pública inglesa (NHS).

Un negocio próspero
En Gran Bretaña, los cirujanos plásticos son los primeros en observar cómo la medicina plástica y estética se está convirtiendo en uno de los negocios más prósperos del país. «Ponen en peligro a muchas pacientes», asegura Mercer. De ahí que hayan abierto su propia guerra contra los anuncios de cirugía estética, «queremos que sea mucho más restrictiva». Con respecto al registro de implantes mamarios, tan reclamado por los países europeos afectados y que, según el ministerio de Sanidad español, «está en proceso», los ingleses van por delante. Ellos abrieron su propia base de datos de implantes mamarios en 1993, pero «las mujeres se quejaron de falta de confidencialidad», explica el portavoz de la Baaps, y en 2005 se cerró. «Deberíamos crear un registro a nivel europeo», concluye.



Pasteleros y soldadores en la fábrica

Son pocos los datos que se han revelado sobre el funcionamiento de la fábrica del «doctor PIP». El diario «Le Figaro» ha podido acceder a las declaraciones de algunos de los empleados de Jean-Claude Mas. Ninguno de ellos comenzó a trabajar para él por sus conocimientos técnicos o científicos. Todo era amiguismo. Entre los altos directivos de la compañía, el jefe de operaciones era un antiguo pastelero, mientras que otro de los técnicos pasó a formar parte de la compañía «porque cuidaba a la madre del dueño en una residencia de ancianos y nos hicimos muy amigos. Me ofreció un trabajo», explicó a los gendarmes. Un conocido de la mujer de Mas que era soldador también entro en plantilla, al igual que un cocinero. Ninguno tenía la cualificación necesaria.