No se asumirán las competencias de Justicia si arrastran más déficit

Un «pacto social» en el que se quiere contar con toda la opinión del colectivo de la Comunidad para tratar este asunto y con el fin de establecer una cantidad real, ya que «por debajo de ese coste no queremos saber nada».

Es por eso, que el consejero iniciará una ronda de contactos en las próximas semanas que se iniciará con el encuentro que mantendrá con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, José Luis Concepción.

«Nos faltan bastante datos», aclaró De Santiago-Juárez, entre los que citó las inversiones de reposición (en qué estado se encuentran los edificios y cuánto es el coste total para renovarlos); la dispersión de sedes por toda Castilla y León y si se van a financiar; cuántas van a ser y cómo se van a financiar las oficinas judiciales y, por último, cómo va a ser el turno de oficio.

Lo que se tiene claro desde el Gobierno regional es que no están dispuestos a aceptar unas transferencias con déficit, por el objetivo de la cercanía. «Al final quiénes lo van a pagar son los ciudadanos y no queremos que nos suceda lo que a otras autonomías, que ya están pesando en de volver las tranferencias al Gobierno central», dijo.

La última cifra ofrecida por el Gobierno era de 132 millones de euros, una cantidad que para la Junta es insuficiente, aunque más que los 119 millones propuestos por la entonces exvicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega en 2010.

Lo que sí tiene claro el Gobierno es que esta propuesta será efectiva antes de que acabe el año y espera poner sobre la mesa esta problemática en la próxima comisión bilateral entre Junta y Gobierno, que de momento no tiene fecha, pero que el consejero confía en que se haga antes de las elecciones generales del 20N. «Tienen que ser responsables hasta entonces», dijo.

En este sentido, indicó que de la carta enviada al ministro de Justicia el pasado mes de julio para tratar este problema, «no ha habido contestación».