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Pacto por la confianza

Tiempo de lectura 4 min.

31 de agosto de 2011. 00:04h

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31/8/2011

El Congreso de los Diputados aprobó ayer tramitar la reforma constitucional que garantiza la disciplina presupuestaria por una amplísima mayoría de 318 votos a favor, 16 en contra y 2 abstenciones, y con un gesto inédito de protesta en la Cámara por parte de los diez parlamentarios de CiU, que se negaron a participar en la votación. El pacto entre socialistas y populares funcionó a la perfección y los portavoces de ambos grupos desgranaron un argumentario convincente y contundente sobre las razones y la urgencia de una medida de ese calado. El socialista José Antonio Alonso, en un tono frío, eso sí, hizo hincapié en que era la mejor manera de «despejar incertidumbres» en un contexto internacional tan adverso.

Especialmente acertada fue la intervención de la popular Soraya Sáenz de Santamaría en defensa del equilibrio financiero y de una reforma que permite que «a partir de ahora, la estabilidad presupuestaria ya no sea una opción; sea una obligación». Ésta es una clave fundamental para comprender y asumir de dónde venimos y hacia dónde debemos ir en la gestión de lo público. Pero además la portavoz popular incidió en otro propósito prioritario de esta modificación como es el de «restituir la confianza» en la economía española, imprescindible para asomarse al menos a un escenario de recuperación.

En ese aspecto, es importante destacar que la Comisión Europea reiteró ayer que limitar el déficit en la Constitución tendrá efectos inmediatos para reforzar la credibilidad española. Más aún si se tiene en cuenta que este gran acuerdo nacional está avalado por el Banco Central Europeo, que lo estableció como condición para comprar bonos españoles y tranquilizar a los mercados, lo que fue negado en su momento por el Gobierno, como ayer adelantó LA RAZÓN.

Aunque el respaldo a limitar el déficit en la Carta Magna concita a una inmensa mayoría de los representantes de la soberanía nacional, es bueno que socialistas y populares hayan manifestado su voluntad de ampliar ese consenso abrumador. En este punto, llamó la atención la actitud de los nacionalistas alineados con la izquierda en una directriz central de política económica, y con argumentos tan sonoros como que PP y PSOE habían hecho «añicos» el consenso constitucional. Sólo cabe encuadrar esa sobreactuación en una estrategia electoral. En cuanto a la previsible intención del PNV de forzar un debate sobre el derecho a decidir, es un despropósito por parte de un partido que parece competir en radicalidad con Bildu.

Para España, el consenso entre los dos principales partidos en política económica es un valor añadido. Rajoy, con sentido de Estado y responsabilidad, está dispuesto a acuerdos con el Gobierno en estos tres meses hasta las elecciones. Sería óptimo para la confianza y la imagen del país, lastradas por los parches, las improvisaciones y las ocurrencias del Ejecutivo. Veremos si el candidato socialista piensa en el interés general o en el suyo propio.

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