Asfixiados por las deudas y por el Gobierno

MADRID- Los municipios de España casi han dejado de respirar. La asfixia económica en la que están inmersos, agravada por la ausencia de un modelo de financiación local, hará que muchos de ellos se vean obligados a congelar sueldos, suprimir fiestas locales o, incluso, no pagar las nóminas de sus funcionarios. Sucesos como los protagonizados por constructores subidos a una grúa, empresarios quemándose a lo bonzo para reclamar lo que se les debe o regidores como Pedro García, de Polopo la Mamola, (Granada), en huelga de hambre porque su consistorio no puede pagar «ni tan siquiera el gasto corriente» han sacado a la luz una triste realidad. Las arcas municipales están al borde de la banca rota y realizan verdaderos «sudokus» para lograr algo de oxígeno. La sombra de las deudas de los Ayuntamientos se extiende por toda la geografía española. Un mal que, como siempre, tiene las mismas causas.Aurelio Abreu, ex vicepresidente de Federación Canaria de Municipios, alertaba de que, en las Islas Canarias, 15 ó 20 ayuntamientos están en números rojos. En Barlovento (Tenerife) han tenido que recortar la plantilla en 17 trabajadores fijos mediante una regulación de empleo (ERE). Fuentecaliente, gobernada por Coalición Canaria y el PP, se plantó, y decidió no realizar más obras para evitar el despido masivo. En una situación parecida se encuentran algunos ayuntamientos andaluces. Es el caso de Palomares (Sevilla), donde su alcalde, el socialista Juan Bautista, no podrá pagar la luz, ni a sus funcionarios. Había 40 afectados por el ERE, pero ahora, baraja un plan de saneamiento alternativo. Aún así, adeuda 2,5 millones a contratistas y es uno de los primeros en quiebra.En Valencina de la Concepción (Sevilla), según fuentes de la Unión Geográfica Internacional (UGI), el ERE afecta ya a 32 trabajadores por falta de liquidez en las arcas municipales. Son pocos los consistorios que se libran de este contagio de deudas y estrecheces económicas. En Galicia, los ayuntamientos de la costa son los más castigados. Del total de 315 que existen, al menos, en un 50 por ciento, peligra el pago de los sueldos de su funcionariado. En esta situación de ruina económica, los proveedores particulares y pymes se están llevando, tal vez, la peor parte. El Ministerio de Economía calcula que la deuda con las pymes está cerca de los 3.000 millones de euros. Lo confirman casos como el del Ayuntamiento de Granada, con 44,5 millones de débito; o el de Lorca, que adeuda 65 millones a los bancos y 40,2 a los proveedores. A escala nacional y referido sólo a la deuda con los bancos, el de Madrid es el más endeudado, con 6.683,9 millones de euros. Le siguen el de Valencia, con 801,4 millones; Barcelona, con 770; Zaragoza, con 609,2; Málaga, con 618,6; Sevilla, con 421,6 y Córdoba, con 244,8 millones de euros.Pero ¿qué ha llevado a la bancarrota a los municipios?La crisis económica mundial es la referencia obligada, pero también la situación estructural de los municipios. «Nadie quiere coger el toro por los cuernos», afirmó el alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch. La financiación local debería haber ido en paralelo con la autonómica, según la promesa del vicepresidente tercero, Manuel Chaves, y del propio Gobierno. Sin embargo, la han arrastrado hasta el 2011. De «estafa política» y «tomadura de pelo» lo calificó la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. Por otra parte, se acusa a los ayuntamientos de manirrotos y de haber creado plantillas sobredimensionadas y clientelares. Ellos se defienden y dicen que han adquirido competencias impropias por lo que, en consecuencia, tienen que financiar funciones que no les corresponden. Según Pedro Castro, presidente del FEMP, estos gastos superan los 7.000 millones de euros anuales. Pero tal vez supere a todos la denominada «crisis del ladrillo». Las arcas municipales se nutrían sustancialmente de las tasas por la construcción, las recalificaciones y las cesiones de terrenos de los promotores a los ayuntamientos para dotaciones públicas. Por eso, muchos consistorios están en «números rojos». Ante esta realidad insoslayable, los ayuntamientos reclaman un modelo nuevo de financiación local que no llega. El coordinador local del PP, Juan Manuel Moreno, critica al Gobierno por haber mentido y dejado en la estacada a 8.111 municipios. «La única solución que han tomado es darles unas migajas de 5.000 millones de euros y taponar así el debate estructural». Por eso, el Partido Popular anuncia que defenderá en sede parlamentaria la reforma del modelo de financiación y no descarta llevar a cabo una manifestación de concejales y alcaldes en septiembre. El presidente de la diputación de Zamora, Fernando Martínez Maillo, teme por la calidad de los servicios públicos y reclama participar en los tributos cedidos de las comunidades.