Macron gira a la derecha y fija cuotas para la inmigración

Hace más de una década, el expresidente Nicolas Sarkozy intentó sin éxito establecer un sistema de cuotas que regulara la inmigración legal en Francia. Ahora, es Macron quien se ha inspirado en aquella receta que defendió en varias ocasiones la derecha tradicional para presentar un plan con cuotas a la inmigración económica en función de las necesidades de cada sector. Una medida que tiene un doble trasfondo, ya que pretende responder a un problema real y también tiene una lectura táctica: impedir que Le Pen se apropie de la cuestión migratoria como principal baluarte de cara a las presidenciales de 2022.

Según las grandes líneas del proyecto concebido por el mandatario galo, la Asamblea Nacional fijará anualmente las cuotas de trabajadores extranjeros que podrán instalarse legalmente en Francia. Esas cuotas serán negociadas previamente por el Gobierno, las distintas patronales y sindicatos representativos en los sectores de producción donde pudiera ser o no ser deseable la inmigración regulada. Fijadas las cuotas, tras un debate parlamentario anual, el Ejecutivo adoptará medidas administrativas especiales para facilitar la instalación oficial de los trabajadores extranjeros legalmente aceptados. En 2018, de los 260.000 permisos de residencia que Francia emitió, apenas 33.000 correspondieron a motivos profesionales.

Esta minirreforma presentada este miércoles por el primer ministro, Edouard Philippe, pretende arreglar algunas de las incoherencias que subsisten desde hace años en Francia. Según datos de «Le Parisien», en Francia hay actualmente 150.000 puestos de empleo disponibles sin candidatos para ser ocupados. Entre los oficios más demandados están los de asistente para tareas del hogar, mecánicos y carpinteros. Y paralelamente, hay otro tipo de puestos de profesionales altamente cualificados como ingenieros informáticos o veterinarios. A día de hoy, para atraer a profesionales extranjeros no comunitarios, las empresas deben seguir un trámite complejo durante el cual han de justificar que no pueden contratar a un residente francés.

Para resolver este desajuste, el Ejecutivo se ha inspirado en sistemas de países como Canadá o Australia, y pretende establecer objetivos, revisables cada año, de inmigrantes con oficios determinados para sectores con necesidades específicas. Las cuotas se definirían en función de un proceso conjunto entre autoridades regionales y actores sociales. Además, la reforma pretende solventar la falla del llamado «turismo médico»: establece que un demandante de asilo deberá esperar tres meses para acceder al derecho de los cuidados médicos. Actualmente, mientras las autoridades estudian los casos, los demandantes ya pueden disfrutar de ese derecho.

Francia intenta rebajar así la enorme afluencia de demandantes de países considerados como «seguros» como Albania o Georgia al considerar que muchos de estos demandantes no lo son en realidad. Este punto no afectará sin embargo a los menores de edad. Según Edouard Philippe, con esta iniciativa el Gobierno pretende «retomar el control de la política migratoria y asumir decisiones claras en materia de acogida y de integración». Para el primer ministro, retomar ese control significa «luchar contra los abusos al derecho al asilo y contra la inmigración ilegal».

Las críticas a esta reforma llegan tanto por la derecha como por la izquierda. Varias organizaciones humanitarias alertan del peligro de aplazar la cobertura sanitaria para los demandantes, que ahora sólo podrán acceder a cuidados urgentes y vitales en ese periodo de tres meses. La izquierda acusa al presidente de hacer el juego a la extrema derecha, pero al mismo tiempo, la propia reforma toma distancia de las posiciones de Le Pen, ya que el establecimiento de cuotas reguladas implica el reconocimiento de la necesidad de la inmigración, una posición muy alejada del cierre de fronteras que preconizan los socios del Reagrupación Nacional en varios rincones de Europa.

Dentro del paquete de medidas que contiene esta reforma también se encuentra un endurecimiento a la hora de obtener la nacionalidad francesa. El nivel de conocimiento de la lengua exigido será superior al actual y el examen de valores republicanos presentará nuevas exigencias. Además, el Gobierno continuará con su política de desmantelamiento de campos de migrantes ilegales –como ya hizo en Calais– en varios puntos de la periferia norte de París.

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Si hay algo nítido que muestre esta iniciativa política es el deseo de Macron de ocupar un terreno que hasta ahora había dejado libre a la extrema derecha, y lo pretende ocupar con una reforma que atienda a ciertas preocupaciones sociales pero, al mismo tiempo, tomando distancias de los posicionamientos de Le Pen. El mensaje que intenta hacer calar Macron en la opinión pública es de nuevo el basado en esa filosofía macroniana dicotómica de firmeza y flexibilidad al mismo tiempo, esa cuadratura del círculo que proyecta a cada paso. Sí a la migración económica siempre y cuando se ajuste a las necesidades; sí a los refugiados siempre y cuando superen el reglamento establecido y no lleguen a Francia a hacer turismo sanitario. Sí, pero con condiciones endurecidas.

Una filosofía con la que hasta ahora, salvo en contadas excepciones, ha conseguido mantener unida a su mayoría parlamentaria. Aunque no será este el caso, pues ya son varios los diputados del ala izquierda de La República en Marcha que han mostrado su rechazo a la reforma. No son muchos, y el movimiento de contestación a Macron es limitado dentro de sus filas, pero el grupo parlamentario comienza a mostrar malestar por algunas fisuras, especialmente entre sus miembros con sensibilidades más próximas al Partido Socialista y al ecologismo.