Piñera busca un pacto contra la violencia tras los disturbios en Viña del Mar

La primera noche del festival Viña del Mar se salda con una quincena de detenidos y más de 20 agentes heridos

Protesta Anti Festival de Viña del Mar
Un vehículo quemado durante la jornada de disturbios contra del Festival de la Canción de Viña del Mar (Chile)/EFELeandro TorchioEFE

El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar se ha utilizado durante sus seis décadas de historia como un escaparate de la prosperidad y la estabilidad de Chile. Desde el Gobierno de Allende, hasta la dictadura de Pinochet trataron de hacer de este certamen anual una pantalla que mostrase una buena imagen del país hacia el exterior. Pero la edición de este año -que comenzó el pasado domingo- tampoco consiguió distraer la atención de la crisis social y política que vive el país suramericano los últimos meses.

Arropados bajo las consignas “Calles con sangre, Villa sin festival” y “el país no está para celebraciones”, cientos de manifestantes protagonizaron disturbios y enfrentamientos con los Carabineros. Un cuerpo muy cuestionado desde que fueron objeto de multitud de denuncias por violaciones de los derechos humanos en las protestas que comenzaron el pasado mes de octubre.

Tanto en la noche del domingo como la del lunes hubo altercados y decenas de detenidos, así como más de 20 agentes heridos, varios coches incendiados, comercios saqueados y el hall del emblemático Hotel O’Higgins completamente destrozado: “Llegó un grupo de encapuchados de no más de 30 años, empezaron a tirar piedras y rompieron todos los vidrios del hotel. Es lamentable lo que está pasando, esto es un festival de todos los chilenos”, lamentaba el gerente del Hotel O’Higgins, donde se alojan artistas, periodistas y trabajadores del festival.

“Estos vándalos, como no pudieron impedir el festival, se dedicaron a destrozar parte de nuestra querida ciudad de Viña del Mar”, ha denunciado el gobernador de la región de Valparaíso, Jorge Martínez, en una entrevista concedida este lunes al medio local “BioBioChile”. El líder regional también informó que “se redoblarán las medidas de protección y seguridad, no solo para que el festival continúe, sino para que la ciudad no siga sufriendo a manos de estos desgraciados”.

La alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, ha anunciado -por su parte- que emprenderán “las acciones legales que corresponde”: “Las manifestaciones pueden hacerse, corresponde y las respetamos, pero esto es delincuencia y hay que tratarlo como tal”, avisaba Reginato.

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, respondió este lunes con un llamamiento a “condenar la violencia” durante su primer Consejo de Ministros tras el descanso estival. También animó a todos los chilenos a mantener una convivencia pacífica de cara al plebiscito del 26 de abril, en el que los chilenos decidirán si reforman la Constitución y cómo hacerlo: "lo que el país necesita con urgencia es un gran acuerdo nacional contra la violencia y en defensa de la democracia” (...) “porque la violencia es un atentado contra la democracia”, manifestaba el mandatario.

Varios dirigentes opositores, entre ellos el presidente del Partido Por la Democracia (PPD), Heraldo Muñoz, la responsabilidad que tiene su gabinete en esta materia: “el Gobierno hasta ahora ha sido incapaz de prevenir los hechos violentos o de identificar a las personas responsables y llevarlas a la justicia”, sentenciaba Muñoz.

El presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizande, dio -por su parte- una contestación menos pragmática y más electoralista: “Un acuerdo con la oposición no va a resolver el problema si no existen propuestas sociales que respondan a las demandas ciudadanas”, manifestó.

La protesta llevaba días anunciándose en las redes sociales bajo el lema “Calles con sangre, Viña sin festival” y voces de diferentes espacios del espectro político y líderes sociales pidieron al Gobierno cancelar el certamen para evitar situaciones de violencia. Pero el Ejecutivo decidió seguir adelante con el festival incluyendo un amplio dispositivo de seguridad para mostrar cierta normalidad ante la crisis política que vive el país. Que ya obligó al Gobierno a cancelar importantes citas como el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP25) o la Copa Liberadores.