Bukele ordena el aislamiento de todos los presos de El Salvador

El presidente vuelve a saltarse la ley para implantar su plan de seguridad tras el asesinato de dos militares

FILE PHOTO: Supporters of Salvadoran President Nayib Bukele protest outside the national congress in San Salvador
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, hace un gesto mientras se dirige a sus partidarios que protestan en las puertas de la Asamblea Legislativa/REUTERSJose CabezasReuters

El plan “Control Territorial” que el presidente Nayib Bukele puso en marcha cuando llegó a la Presidencia de El Salvador ha supuesto un duro golpe a la delincuencia de las pandillas: al asumir el poder en junio de 2019, la tasa de homicidios era de 8.8; y en enero de 2020, esta cifra había disminuido hasta los 3.8. Una victoria sin precedentes para uno de los países más violentos del mundo. Pero, ¿a qué precio?

El apego a la legalidad de Bukele ya fue muy cuestionado cuando se presentó en la Asamblea Legislativa rodeado de varios militares armados para exigir a los parlamentarios (opositores en su mayoría) la aprobación de un préstamo de 109 millones de dólares para equipar a las fuerzas de seguridad.

Ahora, las críticas vuelven a dirigirse hacia la figura del presidente que, en respuesta al asesinato de dos militares, ordenó decretar el estado de emergencia en las cárceles del país. Pero lo hizo sin obedecer al debido proceso.

El estado de emergencia supone el encierro de todos los presidiarios del país en sus celdas, así como la prohibición de las visitas del exterior. De esta forma -defiende- se evitará que los cabecillas de las pandillas ordenen delitos en el exterior: "Todos a encierro total, ni un rayo de sol para nadie, cero visitas, actividades, tiendas, todos a sus celdas, incomunicados. 24/7 hasta nueva orden”, ordenaba el presidente salvadoreño al director general de Centros Penales, Osiris Luna Meza, a través de su cuenta de Twitter.

Pero la legislación es clara. Es la Dirección General de Centros Penales (DGCP), y no la Presidencia, quien decide poner en marcha el estado de emergencia en las prisiones. Y debe hacerlo con el aval de un juez. De acuerdo con el artículo 24 de la Ley Penitenciaria, existe la posibilidad de decretarlo sin la aprobación previa de un juzgado, pero debe ser por un asunto urgente y de fuerza mayor que ponga en riesgo la seguridad penitenciaria. A continuación, el director general de Centros Penales también estaría obligado a enviar un escrito argumentando el porqué de la declaración, entonces el juzgado decidiría si confirma, revoca o modifica la emergencia. Pero varias horas después, los jueces no se pronunciaban sobre la emergencia declarada en las cárceles, porque la DGCP todavía no les había enviado la solicitud.

Esta es la segunda vez que el Gobierno de Bukele declara emergencia total en las cárceles. Lo hizo entre junio y septiembre de 2019 como parte de su hoja de ruta para reducir la delincuencia. En esa ocasión, la medida ya fue muy cuestionada y algunos jueces terminaron por revocar la medida.

El ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, explicó que la iniciativa del Gobierno se debía a unos manuscritos incautados, que evidenciaban que los presos “se estaban tratando de comunicar entre ellos dentro de las mismas cárceles, para generar algunas medidas de desestabilización” explicó el encargado de la cartera de Seguridad.

El director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, ha tachado de “medida abusiva” lo ordenado por Bukele: “No es admisible castigar a todos los presos del país por el delito que pueden haber cometido algunas personas en particular”, sostenía Vivanco en su Twitter.