Bolivia colocará tobilleras electrónicas a sospechosos de esta infectados de Covid-19

El Gobierno interino de Bolivia decidió afrontar la pandemia de coronavirus con dos medidas polémicas y paradójicas: indultará a miles de presos para aliviar las hacinadas cárceles y autorizará tobilleras eléctricas para controlar que sospechosos de portar el SARS-Cov-2 cumplan con la cuarentena.

Por un lado, la presidenta Jeanine Áñez y su Gabinete están diseñando un decreto que otorgue la libertad inmediata a reos a partir de 58 años, al ser uno de los grupos de mayor riesgo para contraer coronavirus, y a partir de 55 en el caso de reclusas con hijos. La medida incluye a enfermos terminales y personas con discapacidad, entre otros casos, pero excluye a presos por una serie de delitos como terrorismo, homicidio, violencia doméstica, trata de personas, robo agravado, contra la libertad sexual o cuando la víctima es un menor.

Un informe parlamentario reveló el año pasado que las cárceles bolivianas tenían unos 19.000 reos, un 330% por encima de su capacidad para unos 5.800 reclusos, la mayoría presos preventivos en espera de condena. En ese sentido, el ministro interino de Presidencia, Yerko Núñez, apeló a que la Asamblea Legislativa tramite “lo más pronto posible” esta ley, con un llamamiento a la “unidad y solidaridad” ante la emergencia en el país por el Covid-19.

Por otra parte, el Comité de Emergencia por el coronavirus en Bolivia aprobó el uso de 500 tobilleras eléctricas que cuentan con un chip para rastrear a los posibles contagiados de Covid-19 y frenar la propagación del virus en el vecino país. Dichas tobilleras cuentan con localización por satélite GPS que registrarán los desplazamientos de personas sospechosas para controlar su ubicación.

Además el Ejecutivo interino planea implementar el uso de pulseras electrónicas, que estaban destinadas inicialmente para monitorear a reos con medidas sustitutivas de la cárcel, que serían utilizadas para el seguimiento a casos sospechosos como también a los confirmados de coronavirus que deben cumplir con su aislamiento en sus casas o en un hotel.

Según el ministro interino de Justicia, Álvaro Coimbra, la finalidad de esta propuesta es “tener un mapa” a nivel nacional de las personas que están “siendo tratadas”, como también para controlar que no salgan de sus casas. “Hemos visto que hay personas que la verdad no tienen la capacidad ni la madurez para entender que cuando estamos como sospechosos en cuarentena o ya estamos con la enfermedad y estamos aislados, debemos tener la responsabilidad de quedarnos en casa”, sostuvo.