La Justicia argentina pone en la calle a 156 abusadores sexuales

Tras los indultos por la pandemia del coronavirus, el Supremo solicita que se revise el hábeas corpus colectivo

Seguimiento a la pandemia por coronavirus en Argentina
Policías custodian al interior del barrio Villa 31 FOTO: Juan Ignacio Roncoroni EFE

Los familiares de las víctimas abusadas pero en general la sociedad permanece conmocionada, con miedo en sus casas. Y en esta ocasión no es “la peste” la que produce el pánico. La resolución del juez Víctor Violini de la Cámara de Casación Penal –convertido en enemigo número uno por las masas-, señalaba que los protagonistas de delitos violentos no podían ser alcanzados por el beneficio de arresto domiciliario dispuesto frente a la pandemia del coronavirus. El propio magistrado dejó en claro esa posición, que fue tomada por las autoridades bonaerenses y nacionales para asegurar que solo se trataba de una medida de prevención sanitaria por el hacinamiento de las cárceles. Sin embargo, la aparición de casos específicos, como el de los imputados por abusos sexuales Antonio Armando Di Palma y Pedro Olmos, expusieron la salida de las cárceles de toda clase de reclusos. Finalmente 156 violadores lograron la prisión domiciliaria en Buenos Aires por ser considerados dentro de los grupos de riesgo a potenciales contagios de Covid-19.

Si bien la jueza de ejecución penal de Quilmes-Buenos Aires- señaló que desde el comienzo de la etapa de aislamiento social obligatorio fueron excarcelados o, al menos, obtuvieron prisiones domiciliarias 176 abusadores sexuales, las fuentes judiciales consultadas establecieron en 156 beneficios otorgados a violadores directamente por sus condiciones físicas, estimándose que en el resto de -algunas adelantadas-.

Esa situación confirmada en los casos bonaerenses se replica en otras provincias. En Córdoba, una jueza de San Francisco le concedió prisión domiciliaria a un hombre que abusó de su hija, que tenía 14 años en el momento del ataque. La magistrada de Ejecución Penal María Teresa Garay le dio prisión domiciliaria a Antonio Puntonet, de 61 años, condenado a 8 años y tres meses de prisión por abuso; le faltaban 7 años para cumplir la pena.

En Mendoza –norte del país- también aumentó la polémica alrededor de los beneficios judiciales al conocerse que volvió a su casa con prisión domiciliaria Mauro Aguirre, un ex profesor de la Universidad Nacional de Cuyo que está acusado de abusar sexualmente de sus alumnas. El hombre, de 67 años, había sido detenido en mayo de 2019.

En la localidad misionera de Eldorado –frontera con Paraguay-, mientras tanto, hay indignación por la liberación del empresario Carlos Dalmasso, que había sido condenado en 2013 a cumplir 12 años y medio de prisión por la violación de sus dos hijos adoptivos. El Tribunal Penal de Eldorado le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria “mientras dure la emergencia epidemiológica y sanitaria” por la pandemia de coronavirus. Dalmasso había sido condenado en 2013 a cumplir 12 años y medio de prisión por la violación de sus dos hijos adoptivos.

Una situación similar se vivió en la ciudad de Junín de los Andes –Patagonia, Sur-, donde otro violador recibió beneficios judiciales para evitar su presunto contagio en caso de que el coronavirus Covid-19 llegue al penal donde estaba alojado. Se trata de Eugenio Llul, de 67 años, que en 2016 había sido condenado a 12 años de prisión por abusar sexualmente, durante cuatro años, de su pequeña nieta. Richard Trincheri, uno de los tres jueces que resolvieron enviar a la casa al violador, aseguró en declaraciones periodísticas que esa decisión “se tomó mirando el estado del sistema de salud de Junín de los Andes y a toda la población. Esto es algo excepcional y tengo la conciencia tranquila”. Pero la lista no es solo de abusadores, incluye secuestradores y altos cargos de narcotráfico lo que hace sospechar, que algunos delincuentes consiguieron “engancharse a lo indultos” utilizando triquiñuelas y argucias fraudulentas

Tras la conmoción social la Suprema Corte de Justicia bonaerense aceptó ayer revisar el hábeas corpus colectivo que impulsó los pedidos de libertad y arrestos domiciliarios de cientos de presos en la provincia y que había sido concedido por la Casación bonaerense. Por lo pronto, el tribunal ordenó que se suspendan los “efectos de la decisión cuestionada” mientras estudia el caso en detalle, de los “liberados”.

Esto significa a efectos prácticos que si el tribunal de análisis del caso revoca el hábeas corpus, los detenidos que fueron beneficiados por esta decisión deberían volver a prisión. Si mantiene el fallo de Casación, todo queda como hasta ahora. Pero en el mientras tanto, la Corte suspendió los “efectos” de la decisión de la Casación, por lo que no pueden otorgarse más libertades o domiciliarias en base al fallo firmado por el juez Violini. Una esperanza en mitad de la indignación.