Nuevo varapalo del Supremo a Trump: declara ilegal la expulsión de los “dreamers”

El Supremo ha sentenciado contra la Administración Trump y su intento de liquidar el programa DACA, las protecciones temporales que estableció Barack Obama para salvaguardar a millones de niños y jóvenes sin papeles nacidos fuera del país, pero que han crecido y estudiado en EE UU, el único país que conocen. Los 700.000 hijos de inmigrantes ilegales amenazados desde hace años con ser expulsados a unos países que no conocen, en los que a veces no tienen ni familia.

Obama, muy criticado por el supuesto abuso de las órdenes ejecutivas, trataba así de parchear una de las grandes fallas de la política migratoria estadounidense, tambaleante desde la última vez que un presidente, Ronald Reagan, fue capaz de alcanzar consensos y dejar una impronta profunda, benéfica y duradera.

Ahora, por cinco votos a cuatro los jueces del Supremo le dicen a Trump que no entran en el fondo de la cuestión, pero que si su Gobierno aspira a tumbar el DACA va a tener que esforzarse más, va a tener que argumentar mejor. En su sentencia los magistrados de la mayoría explican que su papel no pasa por analizar el fondo del asunto, pero que se trata de un asunto demasiado crucial como para resolverlo con unos argumentos mejorables.

«No decidimos si el DACA o su rescisión son políticas acertadas», escriben. «La bondad de esas decisiones no es de nuestra incumbencia. Solo abordamos si el Gobierno cumplió con el requisito de procedimiento de proporcionar una explicación razonada de su acción», dice el Supremo.

Sus palabras caen como auténtica metralla en plena precampaña electoral. Sobre todo para una Administración cuyo presidente acostumbra a jactarse de estar logrando un cambio duradero en el rumbo de la nación gracias a sus nombramientos de jueces. Y es cierto, pero no hasta el punto de laminar la separación de poderes ni tampoco de garantizar que el Supremo haya perdido su capacidad para sentenciar con arreglo a sus propios y bien fundamentados criterios.

Normal que Trump reaccione prometiendo nuevas nominaciones de jueces al Supremo. «La decisión sobre DACA», sostiene, «si bien es altamente política, y aparentemente no está basada en la ley, concede al presidente de Estados Unidos mucho más poder del que nunca había previsto. Sin embargo, ¡solo actuaré en el mejor interés de EE UU!». Promete una «solución legal para DACA, no política, consistente con el Estado de derecho» y sostiene que el «Tribunal Supremo no está dispuesto a darnos uno, por lo que ahora tenemos que comenzar nuevamente».

Desde luego que la guerra por la inmigración dista de haber terminado. La Casa Blanca y el Departamento de Justicia tienen todas las vías abiertas para volver a intentarlo. Lo más probable es que sus servicios jurídicos trabajen sin pausa para presentar un documento solvente en tiempo récord. Pero hasta lograrlo pueden transcurrir meses. Incluso años. No es posible contraatacar con la mera reproducción de los defectos previos.

De no alcanzar un segundo mandato, es muy probable que ya sea tarde para Trump. Se trata, por cierto, del segundo gran revés propinado por el Supremo. Esta misma semana la corte ya sentenció que los trabajadores homosexuales y transgénero están protegidos por la Ley Federal de Derechos Civiles de 1964, que prohíbe la discriminación por motivos de sexo. Tal y como explicaron los magistrados, «hoy, debemos decidir si un empleador puede despedir a alguien simplemente por ser homosexual o transgénero. La respuesta es clara. Un empleador que despide a un individuo por ser homosexual o transgénero despide a esa persona por rasgos o acciones que no habría cuestionado en miembros de un sexo diferente. El sexo juega un papel necesario e indiscutible en la decisión, exactamente lo que prohíbe el Título VII».

Con ese lenguaje presidencial que tanto estila en las redes sociales Trump ha escrito que «las recientes decisiones del Tribunal Supremo solo nos dicen una cosa, necesitamos nuevo jueces del Supremo”. ¡Si los demócratas de la izquierda radical asumen el poder, la Segunda Enmienda, el derecho a la Vida, las fronteras seguras y la libertad religiosa desaparecerán”, sentencia.