La UE da luz verde a las sanciones contra Lukashenko

El particular oasis en las relaciones entre el club comunitario y el régimen de Alexander Lukashensko ha llegado a su fin, en lo que parecen los prolegómenos de una nueva travesía en el desierto. Los ministros de Asuntos Exteriores de los Veintisiete se reunieron ayer de manera extraordinaria para analizar los últimos acontecimientos sucedidos en Bielorrusia y demostrar que la paciencia comunitaria comienza a agotarse.

Las cancillerías europeas amenazaron ayer con la posibilidad de nuevas sanciones tras las graves sospechas de fraude en las últimas elecciones en el país y la posterior represión perpetrada por el régimen de Lukashensko. Según fuentes diplomáticas, ningún Estado miembros cierra la puerta a imponer represalias a Minsk.

«La UE no acepta el resultado electoral. Comienzan los trabajos para sancionar a los responsables de la violencia y del fraude», aseguró el Alto Representante de la UE para Política Exterior y Seguridad Común, Josep Borrell.

Antes del encuentro, la propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, mostró el camino. «Necesitamos nuevas sanciones contra aquellos que han violado los valores democráticos y los derechos humanos en Bielorussia», tuiteó en su perfil la política alemana.

Resulta difícil mirar hacía otro lado en esta ocasión. En los últimos días se ha producido una cascada de detenciones arbitrarias, con incluso una víctima mortal y la principal líder de la oposición, Svetlana Tikhanovskaya, se ha visto obligada a huir del país y refugiarse en la vecina Lituania.

A todo esto se han unido ataques contra la libertad de expresión, lo que ha incluido un apagón en internet, así como la detención de decenas de periodistas.

El que ha sido definido como el último dictador de Europa, se proclamó este pasado domingo como vencedor aplastante de las últimas elecciones presidencialescon un 80% de los sufragios. Lukashensko ostenta el poder desde el año 1994, poco después del desmembramiento de la URSS.

El pasado martes, el alto representante de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, tachó estos pasados comicios como «ni libres ni justos», ante la ausencia de observadores internacionales y advirtió sobre la posibilidad de una «revisión en profundidad» de las relaciones con el país.

En el año 2016, las cancillerías europeas apostaron por el diálogo y decidieron suspender gran parte de las sanciones vigentes hasta ese momento después de que Luhashensko anunciara la liberación de todos los presos políticos.

A pesar de que esto podría ser interpretado como un mero gesto de carácter cosmético, Bruselas veía con buenos ojos las negativa de Bielorrusia a apoyar a Moscú tras la anexión ilegal por parte de Vladimir Putin de la península ucraniana de Crimea.

En consonancia con este giro, el club comunitario duplicó su ayuda económica e incluso este año culminó la liberalización de visados para los ciudadanos bielorrusos que quieran acceder a territorio comunitario.

Además, la Unión Europea también ha intentado que el país del este participe en otros foros internacionales, como la inclusión dentro del la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Por su situación geográfica, Bielorussia es también una pieza imprescindible dentro de la política de vecindad europea debido a sus límites fronterizos con Polonia, Lituania y Letonia, todos ellos Estados miembros de la UE desde la ampliación de 2004.

Precisamente, los intentos de alejar a Bielorrusia de la órbita de Moscú y el consiguiente acercamiento a la UE eran una de las principales razones esgrimidas para abandonar la política de mano dura. Pero en los últimos días la situación parece insostenible y han ganado terreno aquellos que defienden la necesidad de no cerrar los ojos ante lo que está sucediendo en el país.

A pesar de que para adoptar sanciones es necesaria la unanimidad de las cancillerías europeas, ha emergido un consenso a favor de volver a la senda trazada antes de 2016, cuando las sanciones llegaron a incluir hasta a 170 personas afectas al régimen.

Hasta los más reticentes, como la Hungría del ultranacionalista Viktor Orban, han cambiado de opinión. Actualmente, tan solo permanecen castigadas cuatro autoridades del régimen de Minsk, aunque se mantiene el embargo en la venta de armas y de cualquier tipo de material susceptible de ser utilizado para la represión contra los opositores.

Pero es evidente que esta estrategia de vuelta a las hostilidades también entraña riesgos. A pesar de que Bielorrusia teme las veleidades imperialistas de Putin y las crecientes tensiones en los últimos meses entre Moscú y Minsk, el mandatario ruso fue uno de los primeros mandatarios en felicitad con entusiasmo a Lukashenko tras las elecciones presidenciales del pasado domingo.

«Hemos percibido una presión sin precedentes por parte de algunos socios extranjeros sobre las autoridades bielorrusas», declaró el juves la portavoz del Ministerio ruso de Asunstos Exteriores María Zajárova. Según Moscú, esta presión internacional constituye «claros intentos de injerencia extranjera en los asuntos de un país soberano» que tienen como objetivo «dividir a la sociedad y desestabilizar la situación».

Unas declaraciones que contrastan con las sospechas en el propio régimen de Lukashenko, ya que a finales de julio los servicios secretos del país acusaron a la compañía militar rusa Wagner de enviar mercenarios para desestabilizar el país a pocos días de las elecciones.