Fin del calvario para Antonia Turbay, detenida por ser vecina de un enemigo del chavismo

Esta abogada de 65 años pasó más de un año encerrada en la prisión de El Helicoide acusada sin pruebas. Es una de las 110 personas liberadas por el régimen de Maduro

En Venezuela hay presos políticos que son víctimas, más que activistas de una acción antichavista. El mejor ejemplo es Antonia Turbay, una abogada de 65 años que recobró su libertad el lunes 31 de agosto. Pasó más de un año encerrada en El Helicoide, la sede de la policía política Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), en la única celda dispuesta para mujeres del recinto ubicado en Caracas.

El 26 de junio de 2019 agentes uniformados tocaron la puerta de su casa y se la llevaron detenida sin explicación. Su delito: ser vecina del comisario Iván Simonóvis, emblemático preso de Hugo Chávez desde 2004, condenado a 30 años de cárcel, y que finalmente se fugó de su arresto domiciliario días antes. A Turbay la señalaron de “facilitar” la evasión, sin pruebas.

La legislación venezolana indica que cualquier detenido debe ser presentado a tribunales 48 horas después de su arresto. Antonia tardó cuatro días en ver a una jueza.

Un mes más tarde, se ordenó su excarcelación. Un papel firmado el 26 de julio de 2019 indicaba que Turbay debía salir de la prisión. El 12 de agosto de ese año, la medida fue ratificada. Pero ella siguió encerrada. Los funcionarios del Sebin decidieron ignorar la orden.

Dentro del calabozo, la abogada llegó a tener una copia del documento judicial. Y desde la celda lo mostraba al comisario encargado de su custodia. “Esto no tiene ningún valor para nosotros”, escuchó varias veces por parte del uniformado, según relataba su defensora Rachel González.

Su caso fue denunciado ante la Dirección de Derechos Fundamentales de la Fiscalía, las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA). Durante más de un año, Turbay estuvo secuestrada por el Estado venezolano, obligada a permanecer en una celda oscura junto a presas políticas y presas comunes. Ni siquiera las diligencias de la embajada española en Caracas ante la Cancillería de Maduro hicieron mella en el abuso de poder.

“Estuve un año sin audiencia judicial, con una boleta y sin derecho a ir a un tribunal, porque nadie me acusó. El verdadero perdón político es para el que tiene una causa abierta y no para mi. Me liberaron hoy pero debieron haberme sacado porque tengo esa boleta”, dijo la mujer en sus primeras declaraciones.

Ante las cámaras lloró, agotada. “Me habían dicho que estaba en una lista para salir en octubre, después en noviembre, después en enero, marzo y después en mayo. Total que yo me resigné a que el día que tenía que salir iba a salir y ya, así que esto me agarró resignada”.

Ella no sabe si hubo un acuerdo político que la devolviera a su casa, pero agradece si así fue. También envió un mensaje a sus vecinos que durante un año se turnaron para llevarle alimentos, cuidar su casa, hacerle breve compañía una vez a la semana y por minutos nada más, pues la ciudadana de nacionalidad española no tiene ya familia en Venezuela. Su única hija emigró a Bogotá luego de haber sido secuestrada por delincuentes comunes.