Orban exige la dimisión de una vicepresidenta de la CE por criticar la democracia en Hungría

Bruselas anuncia un nuevo mecanismo anual de vigilancia contra las derivas autoritarias, mientras Berlín propone suspender las ayudas a los países que cometan fraude con los fondos europeos

La deriva autoritaria en los países del Este vuelve a envenenar sus relaciones con la Comisión Europea y poner en serios aprietos a la UE en su conjunto. Este miércoles el Ejecutivo europeo presenta un nuevo mecanismo anual en el que examinará el posible incumplimiento del Estado de derecho por parte de todos los socios.

En vísperas a esta iniciativa, el primer ministro húngaro, Viktor Orban, ha pedido la dimisión de la vicepresidenta de la Comisión Europea Vera Jourova. En una entrevista con el semanario alemán «Der Spiegel», la representante checa encargada de Justicia, acusó a Orban de estar construyendo «una democracia enferma» y criticó duramente la falta de pluralidad informativa del país, una situación que para la comisaria es «alarmante».

Tras estas palabras, Orban ha optado por enviar una misiva a la presidenta del ejecutivo comunitario, Ursula von de Leyen, en la que asegura que con estas declaraciones Jourova «ha insultado a Hungría y a los húngaros». Budapest incluso amenaza con romper sus relaciones con la vicepresidenta, aunque ayer los portavoces comunitarios informaron de que Von der Leyen apoya sin fisuras a Jourova. Ironías del destino, la elección de la representante checa como comisaria de Justicia fue interpretada precisamente como un intento por parte de Von der Leyen de tender puentes con los países del Este.

República Checa es uno de los miembros del Grupo de Visegrado con Polonia, Hungría y Eslovaquia. Los cuatro países han cerrado filas en los últimos años y se han opuesto de manera contumaz a las cuotas obligatorias de reparto de refugiados defendidas por Bruselas bajo la Comisión de Jean Claude Juncker.

Polonia y posteriormente Hungría son los dos únicos países del club comunitario que han sufrido la apertura del artículo 7, conocido en los pasillos comunitarios como el «botón nuclear», ya que puede desembocar, en última instancia, en la suspensión del derecho de voto en el Consejo, foro donde están representadas las capitales. Para llegar a esta última fase del proceso sancionador, se necesita la unanimidad, lo que ha conllevado que los dos expedientes lleven años en punto muerto y que se haya acrecentado la brecha entre el Este y el Oeste del club comunitario. Ante este laberinto sin salida, el Ejecutivo comunitario se ha visto obligado a explorar otras opciones.

Otras alternativas al “botón nuclear”

Con la puesta en marcha de este mecanismo anual que examinará a todos los Estados miembros, Bruselas puede vigilar de manera más pormenorizada cualquier deriva autoritaria, sin tener que recurrir a la apertura de procedimientos de infracción. A su vez, al incluir a todas las capitales se intenta difuminar el estigma que pesa sobre los países del Este, aunque el artículo 7 continúe en vigor y las declaraciones de Jourova no inviten a engaño.

Las alternativas al «botón nuclear» no terminan aquí. Además, la Comisión Europea ha propuesto vincular la recepción de los fondos europeos al cumplimento del Estado de derecho, lo que también apunta sin disimulos al bolsillo de los países del Este. En la agónica cumbre del mes de julio de más de 90 horas de duración, Orban amenazó con vetar el acuerdo sobre el próximo marco presupuestario 2021-2027 y el fondo de reconstrucción para hacer frente al coronavirus por valor de 750.000 millones de euros si este punto no sufría modificaciones. La amenaza surtió efecto y los líderes europeos pactaron un texto lo suficientemente ambiguo para no incomodar a nadie y que todas las delegaciones pudieran cantar victoria.

Pero el Parlamento Europeo, que debe dar luz verde para que los fondos puedan comenzar a fluir a partir del mes de enero de 2021, está batallando para que Orban no se salga con la suya. Para desatascar la situación y no poner en peligro la recuperación económica, la Presidencia alemana ha propuesto esta semana un nuevo texto que hoy será examinado por primera vez por los embajadores de los Veintisiete.

De momento, esta nueva propuesta elaborada por Berlín sigue sin gustar a la Eurocámara que prefería el texto original de la Comisión. Según la iniciativa alemana, para poder congelar los fondos a un país se necesita la mayoría cualificada de las capitales (15 Estados que representen el 65% de la población), lo que permite a los países del Este ganar aliados con facilidad y evitar cualquier castigo.

Además, al igual que en el texto acordado por los Veintisiete en la cumbre, se incide sobre todo en las violaciones del Estado de derecho que dañen los intereses financieros de la Unión y la gestión del presupuesto comunitario, por lo que otro tipo de acciones como el nombramiento de los jueces en Polonia pueden queda impunes. La Presidencia alemana ya ha reconocido que este mecanismo no trata de crear un nuevo artículo 7, sino que intenta tan solo proteger el presupuesto comunitario. Para poner en marcha el fondo de recuperación europeo se necesita la ratificación parlamentaria de todos los Estados del club, por lo que los países del Este siguen contando con una importante baza a su favor.

La llegada de Von der Leyen a la Presidencia del Ejecutivo comunitario tras el veto de los países del Este a la candidatura del socialista Frans Timmermans (responsable de la apertura del artículo 7 contra Polonia) fue vista como una oportunidad de olvidar viejos resquemores. Pero todo indica que la política alemana vuelve a tropezar en la misma piedra que su predecesor.