HRW denuncia que Venezuela maltrata a los migrantes retornados

La ONG Human Rights Watch (HRW) y la Universidad Johns Hopkins han señalado en un comunicado el trato abusivo y las condiciones a las que las autoridades venezolanas someten a alrededor de130.000 ciudadanos que han vuelto de otros países, lo que probablemente incrementará la transmisión del Covid-19.

La ONG insta a los ministros de Relaciones Exteriores de países latinoamericanos, que se reunirán en el Proceso de Quito, previsto para la semana del 19 de octubre, a abordar con urgencia la situación de los retornados. Decenas de miles de venezolanos, que en su mayoría vivían en otros países latinoamericanos, están regresando a Venezuela por la pandemia de Covid-19 y su impacto económico.

Human Rights Watch y los Centros de Johns Hopkins hallaron condiciones insalubres y de hacinamiento en los centros donde se obliga a los retornados a cumplir cuarentena, con escaso acceso a alimentos, agua o atención médica. Algunos retornados que protestaron por dichas condiciones fueron amenazados con ser detenidos. Además, a muchos se les ha exigido permanecer en centros de cuarentena durante varias semanas adicionales a los 14 días recomendados por la Organización Mundial de la Salud, debido a demoras en las pruebas de diagnóstico de Covid-19 y a un protocolo de testeo innecesariamente complejo.

"Enviar a los retornados a centros de cuarentena insalubres y sobrepoblados, donde es imposible cumplir con las medidas de distanciamiento social, es una fórmula perfecta para propagar el Covid-19″, dijo la doctora Kathleen Page, médica y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins y los Centros de Johns Hopkins. “Exigirles quedarse allí por más del plazo establecido de 14 días no hace más que agravar el riesgo de que se contagien y no contribuye a ningún propósito razonable de salud pública”.

Desde 2014, más de 5 millones de venezolanos se han ido del país huyendo de la crisis política, económica, humanitaria y de derechos humanos. Sin embargo, debido a las medidas de confinamiento por Covid-19 dispuestas en otros países de América Latina, muchos venezolanos que habían estado trabajando en sectores de la economía informal no han podido pagar sus alquileres ni alimentos.

Desde que empezó la pandemia, alrededor de 130.000 venezolanos han regresado a su país, en muchos casos atravesando difíciles circunstancias, según autoridades venezolanas y actores humanitarios. Los gobiernos latinoamericanos crearon el Proceso de Quito en 2018 con el propósito de plantear una respuesta común al éxodo venezolano.

En la reunión programada para octubre, los países miembros deben expresar su compromiso con proteger los derechos de los venezolanos en sus territorios y considerar la adopción de un régimen de protección temporal de alcance regional, que les otorgue a todos los venezolanos estatus legal por un período determinado de tiempo en sus territorios.

Dado que muchos venezolanos no tienen estatus legal regular en los países donde viven, a menudo carecen de acceso a atención médica y otros servicios, como pruebas de detección de Covid-19 o tratamiento para esa enfermedad. Algunos países, como Perú, Ecuador y Colombia, indican haber incluido en los servicios de salud a refugiados y migrantes cuyas pruebas dan positivo o quienes se sospecha que tienen Covid-19.

Sin embargo, esos servicios frecuentemente no alcanzan a quienes tienen un estatus migratorio irregular, ya sea porque no saben que pueden acceder a ellos o porque temen que la atención que se brinda a quienes se encuentran indocumentados sea inadecuada.