Los mandatarios de una quincena de países de Asia-Pacífico firmaron este domingo la creación de la Asociación Económica Integral Regional (RCEP), el mayor tratado de libre comercio del mundo, con China a la cabeza.
El acuerdo, firmado virtualmente debido a la pandemia de la covid-19, incluye también a Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda, así como a los diez países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).
El tratado, que no incluye a Estados Unidos, supone un tercio de la economía global y un mercado de unos 2.300 millones de personas. Fue rubricado virtualmente en el marco de la cumbre de líderes de la ASEAN, formada por Birmania (Myanmar), Brunéi, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Tailandia y Vietnam, celebrada entre el pasado jueves y hoy.
La RCEP comenzó a negociarse en 2012 como una iniciativa de la ASEAN con aquellos países con los que ya tenía tratados de libre comercio (TLC): Australia, China, Corea del Sur, Japón, India y Nueva Zelanda. Sin embargo, India decidió desmarcarse del acuerdo el año pasado ante el temor de verse inundada de productos más baratos, principalmente de China.
El megacuerdo rebajará los aranceles hasta el 90 por ciento y aborda asuntos como la economía digital, las inversiones y la propiedad intelectual, aunque no contiene regulaciones sobre los derechos laborales y el medio ambiente. Algunos expertos opinan que el tratado permitirá activar la economía y acelerar la recuperación tras el impacto de la pandemia de la covid-19 en los países de la región.
Sin embargo, algunas organizaciones no gubernamentales han criticado la RCEP por dar prioridad a los intereses de las multinacionales y desproteger a los pequeños productores, principalmente en el sector agrícola. “Todo el proceso de negociación de la RCEP es un insulto a la democracia”, dijo en un comunicado Sara Elago, parlamentaria filipina y miembro de Parlamentarios de la ASEAN para los derechos humanos (APHR, siglas en inglés).
Elago precisó que los gobiernos han privilegiado a las grandes empresas y han negociado el tratado de forma poco transparente, sin consultas a la ciudadanía y sin la supervisión de los parlamentos.