El Senado declara constitucional juzgar a Trump a pesar de que haya dejado el poder

En Washington comenzó ayer el segundo juicio político a Donald Trump, el cuarto intento de «impeachment» en la historia de EE UU, el primero a un ex presidente. En 1868 fue juzgado Andrew Johnson, que chocó con las atribuciones del Poder Legislativo. 130 años más tarde llegó el turno de Bill Clinton, acusado de mentir y de obstrucción a la justicia, mientras el escándalo de Monica Lewinsky amenazaba con hacer saltar los fusibles del sistema.

Hace apenas un año, en 2020, el propio Trump tuvo que responder por abuso de poder y obstrucción al Congreso, luego de que trascendiera que había llamado al presidente de Ucrania para pedirle investigar a Hunter Biden, el hijo de su principal rival político a cambio de no bloquear la ayuda económica y militar a su país.

Entre medias estuvo el caso de Richard Nixon, que dimitió antes de que el Legislativo formalizara un «impeachment» que tenía perdido, consciente de que una parte sustancial de los senadores republicanos habían resuelto alinearse y votar con sus opositores.

Según los demócratas, Trump incitó a la insurrección y traicionó a la nación que había jurado proteger en el asalto al Capitolio el 6 de enero. Para el senador encargado de dirigir la acusación, Jamie Raskin, reputado constitucionalista, resulta obvio que el país vivió sus horas más difíciles durante el siempre peliagudo momento en que un Gobierno deja su sitio al siguiente, y que el responsable del incendio fue el hombre a los mandos de la Casa Blanca.

En el pliego presentado al Senado, los legisladores consideran que el ex presidente intenta esconderse detrás de sus seguidores e «invoca una serie de fallos legales y teorías que permitirían a los presidentes incitar a la violencia y revertir el proceso democrático sin temor a las consecuencias». También creen que «busca evadir la responsabilidad de incitar a la insurrección argumentando que el Senado carece de jurisdicción para condenar a los funcionarios después de que dejan el cargo».

Pero antes de arrancar con el juicio había que acordar las reglas. Un proceso siempre proceloso, que implica que dos facciones a menudo irreconciliables se pongan de acuerdo en cuestiones tan decisivas como la admisión o no de testigos. Estaba también el asunto de la hipotética inconstitucionalidad, zanjada por la mayoría demócrata con la ayuda de seis senadores republicanos.

Los republicanos, por cierto, esperan que el vía crucis termine antes del domingo, posiblemente el sábado. Un deseo que comparten tanto con Trump como con la Casa Blanca. Unos y otros dan por hecho que no hay una mayoría suficiente para condenar al ex presidente y que cuanto antes se cierre esta página, mejor para todos. En principio los abogados de Trump consideran más eficaz condensar el debate en las cuestiones procedimentales y en aludir a la libertad de expresión. Los demócratas responden que la Primera Enmienda «protege nuestro sistema democrático, pero no protege a un presidente que incita a sus seguidores a poner en peligro ese sistema mediante la violencia».

En el caso del «impeachment» de 2021 los republicanos presentan un frente bastante más homogéneo y favorable que el del viejo Nixon. Pero también bastante más agrietado, menos robusto, que el de enero de 2020, cuando todo apuntaba a un año triunfal del presidente y un triunfo electoral incontestable. El equipo de defensa de ex presidente ha invocado la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Saben que resulta casi imposible demostrar la naturaleza performativa del discurso de Trump el 6 de enero.

Consideran que «no ordenó a nadie que cometiera acciones ilícitas», que los argumentos legales son de todo punto inconsistentes, cuando no directamente inconstitucionales, que el Senado no tiene puede juzgar a un ex presidente.