‘Vacunagate’, el escándalo que le costó el puesto a dos ministras y a más de 100 funcionarios en Perú

Tres países de América Latina se han visto salpicados por irregularidades en los procesos de vacunación, unos escándalos que han implicado a un amplio abanico de ciudadanos, muchos de los cuales son políticos, personalidades públicas y funcionarios que recibieron la vacuna fuera de los procesos reglamentados para toda la ciudadanía. Se tratan de Perú, con el ya conocido escándalo del ‘Vacunagate’; Argentina, con la denominada ‘vacunación VIP’ y Chile, líder en las campañas de vacunación. Los tres países han destapado escándalos de corrupción en sus procesos de inmunización.

La tormenta política estalló el pasado 15 de febrero cuando Perú se convirtió en el primer país latinoamericano en destapar un escándalo relacionado con las vacunas. Al menos 467 personas accedieron a la vacuna china de Sinopharm cuando esta permanecía aún en ensayos clínicos.

El descubrimiento de irregularidades con el fármaco tomó el nombre de ‘Vacunagate’ y salpicó a una multitud de políticos y funcionarios tanto del Ejecutivo anterior como del actual Gobierno de transición. Al menos el 25% de las personas que se vacunaron de forma ilícita eran trabajadores del Estado.

El del expresidente Martín Vizcarra, quien en un primer momento sostuvo que fue “voluntario” durante los ensayos, y el de su familia, son algunos de los nombres más sonados. También accedieron en secreto las exministras de Salud, Pilar Mazzetti, y de Exteriores, Elizabeth Astete.

Sin embargo, en el ‘Vacunagate’ no solo se vieron implicados altos funcionarios y sus familiares, también están implicados integrantes de la Iglesia católica y reconocidos empresarios. Antes de que iniciara el proceso de vacunación a la población del país y antes de haberse concluido los ensayos clínicos del fármaco, el laboratorio chino Sinopharm acordó, con la mediación del entonces presidente Vizcarra, llevar a cabo los ensayos masivos de su vacuna en Perú, un proceso que inició el pasado mes de septiembre, con la participación de 12.000 voluntarios.

Las irregularidades se produjeron con un lote exclusivo del suero del laboratorio chino Sinopharm, que estaba dedicado a la inoculación del personal encargado del ensayo clínico de esta vacuna. El laboratorio envió la cantidad extra de 3.200 dosis “para ser administradas voluntariamente al equipo de investigación y personal relacionado al estudio”.

Ese cupo fue dividido: 1.200 quedaron supuestamente en manos de la Embajada de China en el país y 2.000 en manejo del equipo encargado, que las facilitó a petición de las autoridades peruanas y sus contactos cercanos. Todo ello bajo el auspicio del Ministerio de Salud y del Gobierno.

El escándalo y la crisis institucional fueron de tal magnitud que el pasado 19 de febrero la titular del Gabinete Ministerial, Violeta Bermúdez, anunció que 16 funcionarios, todos ellos vacunados, ya no forman parte del equipo de Gobierno. Todos pertenecían a los actuales Ministerios de Salud y Relaciones Exteriores.

Ese mismo día, el presidente interino, Franciso Sagasti, tomó juramento al nuevo ministro de Salud, Allan Wagner. Es el sexto ministro de Salud que tiene Perú en el último año, en medio de una crisis sanitaria sin precedentes por la pandemia. “Realmente me siento indignado y furioso por esta situación que pone en peligro el enorme esfuerzo de muchísimos peruanos que trabajan en la primera línea de defensa contra el Covid-19”, dijo Sagasti en una entrevista hace unos días.