Biden planta cara a Putin e impone duras sanciones por los ciberataques y la injerencia en las elecciones

Estados Unidos anunció ayer una batería de sanciones contra Rusia, acompañadas por la expulsión de diez diplomáticos. El Gobierno de Joe Biden, acuciado por quienes interpretan que sus acciones no estaban a la altura de sus duras promesas, colgado entre las soflamas electorales, las urgencias estratégicas, las esperanzas de sus aliados y los órdagos de sus enemigos, pasa finalmente a la acción.

Castiga a Rusia en un momento especialmente delicado para las relaciones entre los dos países y con asuntos pendientes tan cruciales como las conversaciones para el control de las armas estratégicas. Washington entiende que las nuevas interferencias de los servicios secretos rusos merecían una respuesta muchísimo más contundente que las exhibidas hasta ahora. Las acciones diplomáticas sirven también con línea roja mientras El Kremlin continúa amagando con la posibilidad de una guerra en Ucrania.

En un documento que deja poco espacio para las dudas, el departamento de Estado explica que Rusia debe pagar por «la intrusión de SolarWinds, los informes de recompensas por soldados estadounidenses en Afganistán y por intentos de interferir en las elecciones estadounidenses de 2020». En virtud de esta nueva Orden Ejecutiva, añade, «el departamento del Tesoro de los EE. UU. emite una directiva que prohíbe a las instituciones financieras de los EE. UU. realizar transacciones en el mercado primario de nuevos bonos en rublos o no rublos emitidos después del 14 de junio de 2021. También otorga autoridad al gobierno de los Estados Unidos para ampliar las sanciones de la deuda soberana contra Rusia». Junto con la expulsión de los diez diplomáticos rusos Estados Unidos sancionará a las entidades y los individuos que «apoyan las actividades malignas de los servicios de inteligencia rusos responsables de la intrusión de SolarWinds y otros incidentes cibernéticos recientes». La Casa Blanca aspira a que las sanciones estrangulen la capacidad rusa para llevar a cabo «actividades malignas similares». De paso recuerda que el pasado 2 de marzo, de común acuerdo con sus socios, Estados Unidos ya respondió al intento de Rusia de envenenamiento y el ulterior arresto y encarcelamiento del opositor Aleksey Navalny, cuyo juicio fue calificado de farsa. Como contrapartida el gobierno de Biden se declara abierto a buscar todas las oportunidades cooperación posibles con Rusia, «con el objetivo de construir una relación más estable y predecible consistente con los intereses estadounidenses». Las medidas, que coinciden con el intento del departamento de Estado de «reforzar las asociaciones de seguridad cibernética a nivel internacional», llegan en la misma semana en que se anunciaba la retirada de Estados unidos de Afganistán antes del 11-S y pocos días después de que el ejército haya despachado varios buques de guerra a Taiwan.

Apenas un día antes, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, reunido con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que «Rusia tiene que entender que Ucrania pertenece al mundo de las democracias, al mundo occidental; este es el mensaje muy claro que la OTAN puede enviar a Rusia. Ucrania no es parte del mundo ruso y nunca será considerada como tal». Por su parte el secretario de Estado, Antony Blinken, comentó que Rusia «representa una de las amenazas de inteligencia más graves para Estados Unidos». al mismo tiempo Estados Unidos espera que las sanciones y amenazas no interfieran en la posibilidad de mantener abiertas las conversaciones. Las malas relaciones, los desencuentros, no tiene porque taponar un deshielo que resultaría en un beneficio mutuo. El problema es que en opinión de Rusia ni Estados Unidos ni sus socios atlantistas han respetado los acuerdos tácitos de los años noventa, cuando parecía sobreentenderse que Occidente no extendería su perímetro de influencia hacia el Este.

Por otro lado, siguen escociendo las palabras vertidas por Joe Biden hace dos semanas, cuando entrevistado para la ABC por George Stephanopoulos, llamó a «asesino» a Vladimir Putin y Dmitry Peskov, portavoz del Gobierno ruso, le respondió afirmando que sus palabras no tienen precedentes en la historia reciente.

Suma y sigue después de que el Consejo Nacional de Inteligencia de Estados Unidos considerase probado que Rusia había orquestado una sofisticada campaña de erosión y propaganda para influir en las elecciones de 2020, autorizando «operaciones de influencia destinadas a denigrar la candidatura del presidente Biden y al Partido Demócrata, apoyar a Trump, socavar la confianza pública en el proceso electoral y exacerbar las divisiones sociopolíticas en Estados Unidos».

A resultas de aquello, Moscú llamó a consultas a su embajador en Estados Unidos, Anatoly Antonov. No sentó bien que el espionaje estadunidense considere que durante las elecciones presidenciales actuaron varias «agencias relacionadas con el Gobierno ruso, apoyando al presidente Trump, erosionando la confianza del público en el proceso electoral y exacerbando las divisiones sociopolíticas en Estados Unidos». Rusia «pagará un precio», le dijo Biden a Biden a Stephanopoulos. Las sanciones bien puede ser ese precio, mientras la Casa Blanca asegura que

«Estados Unidos desea una relación con Rusia que sea estable y predecible». «No creemos que debamos continuar en una trayectoria negativa», sostiene, «sin embargo, también hemos dejado claro, en público y en privado, que defenderemos nuestros intereses nacionales e impondremos costes por las acciones del Gobierno ruso que busquen dañarnos».