La Fiscalía austriaca investiga a Kurz por mentir ante el Parlamento

El canciller austriaco, Sebastian Kurz, anunció el miércoles que la Fiscalía para Asuntos Económicos y Corrupción (WKStA) había comenzado a investigarlo después de que la oposición lo acusara de hacer declaraciones falsas ante una comisión parlamentaria sobre corrupción.

“Deseo informarles que los fiscales han abierto una investigación contra el jefe de mi oficina”, Bernhard Bonelli, “y contra mí”, aseguró Kurz a los periodistas antes de comenzara la reunión semanal del Consejo de Ministros.

Kurz negó haber actuado mal y aseguró que “siempre respondí todas las preguntas [del comité] con sinceridad”. “Me esforcé siempre, y durante horas, en contestar todas las preguntas lo mejor posible, dentro de lo que podía recordar, y de acuerdo a la verdad, pese a que se tata de temas de hace años y que no tienen que ver con los temas principales de mi actividad como jefe de Gobierno”, explicó el líder del Partido Popular Austriaco (ÖVP).

“Sabía que es un requisito legal decir la verdad en la comisión y, por lo tanto, por supuesto, siempre respondí con sinceridad”. Casualmente, los conservadores promueven una reforma legislativa para permitir que los comparecientes pueden no decir la verdad en las comisiones de investigación para lograr que los interrogados no recurran a su derecho de no declarar.

El canciller insistió en que la investigación no tendría ningún impacto en su trabajo y que no renunciaría aunque sea finalmente acusado. “Honestamente no puedo imaginarlo”, zanjó. En concreto, la Fiscalía investiga a Kurz por ocultar a la comisión tres cuentas de correo electrónico que utiliza.

La investigación se produce después de que los partidos de las oposición, los socialdemócratas del SPÖ y los liberales de NEOS acusaran al canciller de no decir la verdad ante el comité de diputados, que investiga las secuelas del escándalo denominado “Ibizagate”, que provocó la caída del Gobierno de coalición entre Kurz y la derecha populista del FPÖ en mayo de 2019.

A pocos días de las elecciones europeas, medios alemanes difundieron en vídeo con cámara oculta grabado en el verano de 2017 en una villa de la isla balear en el que el líder del FPÖ y posterior vicecanciller, Hans Christian Strache, ofrecía a la supuesta sobrina de un oligarca ruso contratos públicos en Austria a cambio de dinero. A consecuencia del escándalo, Strache tuvo que dimitir y Kurz fue derrotado en una moción de censura que puso fin precipitadamente el primer mandato del considerado “niño prodigio de la derecha austriaca”.

Desde que estalló el “Ibizagate”, el comité parlamentario que investiga el escándalo ha ampliado su enfoque para incluir otras acusaciones de irregularidades, incluidas las de políticos del ÖVP.

La última investigación se produce cuando la financiación de los conservadores austriacos y otras prácticas centran la atención de la opinión pública. En febrero, la casa del ministro de Finanzas, Gernot Blümel, fue allanada como parte de una investigación separada sobre posibles delitos de financiación irregular de partidos. Concretamente, Bluemel habría aceptado dinero de una empresa para el partido a cambio de mediación.

Los escándalos parecen estar haciendo mella en la ÖVP, que pese a seguir encabezando los sondeos de intención de voto, cae en un año del 44% al 35%. Los Verdes, con los que Kurz volvió al poder en una inédita coalición en enero de 2020, también sufre el desgaste de la coalición con los conservadores y bajan al 12% frente al 17 de hace doce meses, cuando el Gobierno fue premiado por su exitosa gestión de la pandemia de coronavirus.