Solo el 7% de los mexicanos vota en la consulta de López Obrador para juzgar a ex presidentes

Nuevo fracaso para el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al registrar una muy baja participación en la consulta para pedir a los ciudadanos que expresaran su opinión sobre si los ex presidentes mexicanos Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto debían ser investigados y enjuiciados por varios delitos.

Los resultados preliminares no son nada positivos para el dirigente de Morena, el partido con el que ganó las elecciones. No son buenos porque solo ha votado entre el 7,07% y el 7,75% entre los 93,6 millones de mexicanos con derecho a voto. Lo cierto es que para que este referéndum sea vinculante y se pueda llevar a la práctica se requiere la participación del 40% del padrón electoral (conformado por unos 37 millones de personas).

La parte buena del resultado es que entre los votantes una mayoría sí que quiere que los ex presidentes puedan ser juzgados por delitos cometidos durante sus mandatos. La iniciativa tuvo unrespaldo de entre 89,36% y 96,28% de acuerdo con la estimación presentada por el titular del INE, Lorenzo Córdova. Sin embargo, los resultados definitivos se conocerán más tarde y serán “remitidos a la Suprema Corte de Justicia para que determine los efectos legales”, dijo Córdova. Pese a que no se alcanzó el umbral, la posibilidad de que la fiscalía actúe sigue adelante ya que en México los exgobernantes pueden ser juzgados como cualquier ciudadano al perder la inmunidad cuando dejan el poder.

La consulta ha estado marcada por la polémica y las acusaciones de inconstitucionalidad debido al riesgo que puede suponer para la reparación a las víctimas y la presunción de inocencia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, equivalente al Tribunal Constitucional español, cambió la pregunta propuesta por el presidente ya que prohibió citar con nombres y apellidos a sus cinco predecesores. El referéndum es inédito. El apoyo o rechazo a los juicios contra expresidentes es la primera consulta formal que se organiza en todo el territorio mexicano siguiendo los cauces establecidos por la Constitución desde que la figura de consultas populares se incluyera en la Carta Magna por una ley federal en 2014. López Obrador ha mantenido en este proceso su misma postura que se resume en pocas palabras: “Perdón sí, olvido no”.

Las asociaciones de víctimas de asesinados y desaparecidos han exigido “detener la farsa” de la consulta popular. “La consulta del 1 de agosto es un show, solo le sirve al presidente para mantenerse en campaña y para argumentar que él sí quiere combatir la corrupción”, denunció Leonardo García, coordinador de la Misión Rescate México, en una protesta frente al Palacio Nacional hace 10 días.