“Ortega quiere consolidar en Nicaragua un régimen al estilo de Corea del Norte”

Gerardo Berthin, de la ONG Freedom House, considera que “la falta de una respuesta internacional articulada ha envalentonado al régimen de Ortega”

Daniel Ortega con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo
Daniel Ortega con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo FOTO: Alfredo Zuniga AP

El régimen de Nicaragua celebra este domingo elecciones presidenciales con las que Daniel Ortega aspira a reforzar su poder. La mayoría de los opositores políticos han sido inhabilitados y perseguidos por la justicia lo que ha dejado el camino libre al mandatario para ganar unos comicios que no serán reconocidos por buena parte de la comunidad internacional. Gerardo Berthin, director del Programa de América Latina y el Caribe de Freedom House, con sede en Washington, analiza en LA RAZÓN las clave de la situación política en Nicaragua,

¿Cree que la comunidad internacional (EEUU, UE) no está comprometida al 100% con la presión contra Daniel Ortega?

No es solo compromiso. Creo que la comunidad internacional está jugando a la defensiva cuando se trata de Nicaragua. La respuesta ha sido inconsistente, reactiva y descoordinada. Sin duda, no se trata solo de EE UU o la UE, sino que las presiones también son inconsistentes entre otros actores externos e internacionales, como los países latinoamericanos, el sistema de las Naciones Unidas, el sistema interamericano y las instituciones financieras como el FMI, Banco Mundial y Banco Centroamericano de Integración Económica. Además, están sucediendo muchas cosas a nivel mundial en este momento, con múltiples frentes, donde Nicaragua es uno de los puntos calientes, y los actores internacionales, multilaterales y regionales están diluyendo la respuesta o simplemente no pueden responder.

¿Qué sugiere que deberían hacer países e instituciones internacionales?

La respuesta ha sido inconsistente desde los hechos de 2018 en Nicaragua. Si bien ha habido intentos de presionar más, como la Ley RENACER en Estados Unidos, sanciones a personas específicas y un informe del Relator Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos, no han sido suficientes. La comunidad internacional debe unirse para hacer más: un seguimiento más estrecho y la denuncia de las violaciones de derechos humanos del régimen de Ortega-Murillo; exponiendo más contundente la farsa de las elecciones; establecer plazos para la liberación inmediata de los presos políticos; la invocación del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana, para suspender a Nicaragua de participar en la OEA; condicionar acciones y préstamos de instituciones financieras internacionales al respeto a los derechos humanos. La falta de una respuesta internacional articulada y coherente de la comunidad internacional ha dado oxígeno a Ortega y envalentonado al régimen.

¿La represión y el miedo generados en 2018 acabaron con las protestas de los nicaragüenses?

En cierta medida, la falta de una respuesta internacional articulada y coherente al régimen de Ortega ha proporcionado el espacio y el respiro para consolidar el régimen como dictadura. La elección de Ortega en 2006 inició un período de deterioro democrático marcado por la consolidación de todos los poderes del gobierno bajo el control de su partido, la limitación de las libertades fundamentales y la corrupción desenfrenada en el gobierno. En 2018, el régimen de Ortega, con la ayuda de grupos armados aliados informalmente, respondió con violencia y represión a lo que describieron como un intento de golpe de Estado. El estado de derecho se derrumbó y los observadores de derechos humanos informaron de la muerte de al menos 325 personas, detenciones extrajudiciales, desapariciones y torturas. La relatora especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Mary Lawlor, destacó que “Nicaragua no debe criminalizar prácticas legítimas como la participación en protestas pacíficas”. Los defensores de derechos humanos de Nicaragua todavía están tratando de obtener justicia y reparación para los asesinados durante las protestas de 2018.

¿La pandemia también ha frenado las protestas?

El régimen se negó a implementar medidas de distanciamiento social para manejar la pandemia de la covid; intencionadamente no se reportaron casos y se despidió a trabajadores sanitarios que criticaron la gestión de la pandemia. La falta de vacunas y el miedo a no ser atendidos adecuadamente han contribuido a una especie de pausa de las protestas. Además, en octubre de 2020, el gobierno aprobó dos leyes con el objetivo de aplacar aún más a la oposición: la Ley de Agentes Extranjeros, que requiere que cualquier nicaragüense que reciba fondos del exterior se registre como agente extranjero en el Ministerio del Interior y prohíbe a dichos agentes participar en actividades políticas y ocupar cargos públicos; y la Ley Especial de Delitos Cibernéticos, que tipifica como delito la difusión de información “falsa o distorsionada” utilizando la tecnología de las comunicaciones. En diciembre de 2020, el gobierno aprobó una ley que permite a los funcionarios prohibir a las personas clasificadas como “terroristas” o “traidores” postularse o ocupar cargos públicos.

¿Han abandonado el país muchos nicaragüenses por la crisis política y social?

La migración, el autoexilio y el encarcelamiento de varios líderes sociales han afectado negativamente la respuesta de la oposición a Ortega. La represión está lejos de terminar. Muchos políticos, líderes empresariales y periodistas se esconden o huyen. La Iglesia Católica es el nuevo objetivo. El fin de Ortega parece ser infundir el máximo miedo entre los oponentes y, hasta ahora, en gran parte debido a la falta de una respuesta coherente, articulada y más contundente por parte de la comunidad internacional, el régimen ha tenido cierto éxito. Pero la situación de la covid continúa, las precarias condiciones económicas para muchos y el hecho de que la mayoría de los nicaragüenses saben que Ortega usará los resultados de su absurda elección para autoproclamarse gobernante, son temas que probablemente alimentarán nuevas protestas. Las protestas no se han acabado, pero son latentes por ahora.

¿Cuál es el modelo de país que quiere Ortega?

Puede que esté mirando a Cuba, Rusia o incluso Corea del Norte como modelo para dirigir el país con una sola entidad, el partido FSLN, y controlar todos los aspectos de la vida política, social y económica. Freedom House ha estado rastreando las condiciones de los derechos políticos y libertades civiles en Nicaragua dentro de su informe Freedom in the World. En el último informe de 2021, Nicaragua ocupa el puesto 33 entre 35 países de las Américas, seguida de Venezuela y Cuba. La situación es similar a Irak, Tailandia, Mali y Myanmar, y ocupa el puesto 155 de 210 países y territorios con una puntuación de 30/100. Esta lamentable disminución de los derechos y libertades también se ve afectada por las condiciones y oportunidades socioeconómicas, ya que Nicaragua sigue siendo uno de los países más pobres del hemisferio occidental.

¿Las fuerzas de seguridad, tanto policiales como militares, están comprometidas con Ortega?

No hace mucho tiempo, la policía era muy respetada por los ciudadanos, ya que se la consideraba cercana a la comunidad y se le atribuía enfoques de prevención del delito relativamente exitosos. Después de 2018, este ya no es el caso, ya que la Policía se ha convertido en una herramienta más del régimen de Ortega, y ahora son ejecutores de las leyes represivas del régimen y actúan como guardianes de las políticas y leyes de Ortega. En marzo de 2020, Estados Unidos impuso sanciones a la Policía Nacional de Nicaragua y a tres altos comisionados de policía por graves abusos a los derechos humanos de manifestantes antigubernamentales.

¿Y los militares?

En cuanto a los militares, también han sido absorbidos por el régimen y están siendo utilizados como herramienta del aparato represivo. Como fue ampliamente documentado por informes de Expediente Público, entre otros, los militares juegan un papel clave para alargar la vida del régimen. En mayo de 2020, el gobierno de Estados Unidos sancionó al general Julio César Avilés Castillo, comandante en jefe del ejército nicaragüense. El papel del ejército también tiene implicaciones geopolíticas, ya que los rusos han aumentado constantemente su apoyo al ejército nicaragüense. Nicaragua parece ser un objetivo importante para que Rusia consolide su presencia militar estratégica en América Latina. El ejército es una pieza muy importante de esa dimensión. Además, la policía y el ejército sirven como herramientas para incrementar y preservar los supuestos tratos ilícitos del régimen. La familia Ortega-Murillo y sus asociados y empresas han sido acusados de lavado de activos, narcotráfico y corrupción. El hijo de Ortega ya ha sido sancionado por este tipo de delitos. El uso de la policía y el ejército por parte del régimen de Ortega alimenta la teoría de que, en última instancia, Ortega quiere consolidar un régimen al estilo de Corea del Norte, con su familia controlando todos los aspectos de la vida en Nicaragua. En junio de 2021, Estados Unidos impuso sanciones a una hija de Ortega.