López Obrador militariza México

“Te invito a que no normalices la militarización de tu país. Te invito a que te opongas a la entrega de tantas actividades y negocios a las Fuerzas Armadas. Te invito a que exijas transparencia, rendición de cuentas y mando civil. Te invito a que defiendas la democracia”.

Las palabras de la profesora del Instituto Tecnológico Autónomo de México, Denise Dresser, reflejan la lluvia de críticas que partidos de la oposición, académicos y organizaciones humanitarias han lanzado contra el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), debido a la “ineficacia” de su estrategia de seguridad basada en el despliegue de militares para labores policiales.

A pesar de haber prometido en su campaña de 2018 “el regreso de los soldados a los cuarteles”, López Obrador ha hecho todo lo contrario: México tiene desplegados 80.210 militares apoyando a policías locales en tareas de seguridad pública, un 45% más que al inicio de su mandato y la cifra más alta de los últimos 15 años, cuando el expresidente Felipe Calderón inició la “guerra contra el narcotráfico”.

El ejército no es utilizado exclusivamente para labores de seguridad pública. AMLO ha encargado a las Fuerzas Armadas (FFAA) la construcción de infraestructuras que considera claves para su ‘Cuarta Transformación’ como el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y sucursales del Banco del Bienestar. AMLO comenzó su mandato enviando militares a custodiar varios oleoductos ante el incremento del robo de combustible mediante la técnica conocida como ‘huachicolera’.

Tras un ligero descenso en su primer año de mandato al pasar de 54.980 militares desplegados, la cifra más alta hasta ese momento desde 2006, a 52.070 soldados; AMLO ha incrementado drásticamente la presencia militar en las calles: 76.198 en 2020 y 80.210 en 2021. Pese a ello, la cifra de homicidios no ha variado prácticamente durante tres años consecutivos: 36.685 en 2018, 36.661 en 2019 y 36.579 en 2020. México registra una media de 100 homicidios diarios, en base a los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Un inesperado decreto el lunes por la noche blinda proyectos como el Tren Maya al considerarlos “de interés para la seguridad nacional”. La norma obliga a conceder permisos en menos de cinco días: “Transcurrido dicho plazo sin que se emita una autorización provisional expresa, se considerará resuelta en sentido positivo”. La diputada del Partido de Acción Nacional (PAN), Margarita Zavala, considera que se trata de “un asalto a la Constitución” porque “obliga a dar todos los permisos sin importar impactos, estudios y derechos”.

Pocos días antes del decreto, una información del medio Latinus revelaba que la Secretaría de Defensa Nacional, equivalente al Ministerio de Defensa, usó empresas fantasmas en los contratos con las constructoras del Aeropuerto Felipe Ángeles en Ciudad de México. AMLO defiende que solo busca “agilizar las obras”.

La oposición denuncia falta de transparencia. La Suprema Corte ha recibido este jueves el recurso de inconstitucionalidad presentado por legisladores del PAN y los otros tres principales partidos de la oposición. En los próximos días, la Suprema Corte dará a conocer si la demanda es admitida para su valoración.

Expansión de la militarización

El estudio “Inventario Nacional de lo Militarizado”, realizado por expertos del Centro de Investigación de Docencias Económicas y México Unido Contra la Delincuencia, evidencia el uso de militares para la construcción de infraestructura pública y privada, la distribución de gasolina, fertilizantes, reparto de vacunas y control de la frontera sur mexicana, puertos y aduanas.

El análisis registra 26 instituciones federales que han delegado tareas a las FFAA. Gracias a la expansión del ejército en distintas tareas, los militares han absorbido 182 millones de euros originalmente destinados para instituciones civiles desde 2012: “Es claro que la militarización se ha expandido a esferas de la administración pública diversas a la seguridad”.

El informe concluye: “Los procesos de militarización de la vida pública van más allá de facultades y funciones. En algunos casos, la militarización se observa con la adopción de reglas o prácticas castrenses en instituciones civiles”.

Los asesinatos de tres agentes de la Fiscalía en Puebla el pasado fin de semana, presuntamente a manos de policías municipales ligados a las mafias de robo de combustible, evidencian la mala gestión de las fuerzas policiales y militares. La Fiscalía de Puebla, a unos 130 km de Ciudad de México, ha informado de la detención del Secretario de Seguridad Pública, Alejandro N., su escolta, Hipólito N., y la policía municipal Jaqueline N.

El juez les ha impuesto prisión preventiva. El teniente coronel retirado Ramón Celaya, catedrático en Ciencias Penales en la Universidad Nacional Autónoma México, ha sido especialista en inteligencia durante 28 años en las FFAA: “El lema de AMLO de ‘abrazos y no balazos’ es un eslogan publicitario. El ejército se enfrenta a diario a los carteles en Tamaulipas, Michoacán y Veracruz”, remarca a LA RAZÓN.

AMLO presenta al ejército como “aliado del pueblo” que “nunca estará con la oligarquía”. Las organizaciones humanitarias denuncian que en las zonas de gran presencia militar aumentan las desapariciones forzosas y no se garantizan los derechos de los ciudadanos.

La socióloga Dresser advierte que se está concediendo un poder desmedido a las cúpulas militares: “El ejército es tan corrupto como cualquier institución a la que se le otorga poder, recursos y proyectos sin rendición de cuentas. López Obrador está creando un monstruo que después será difícil controlar, limpiar y regresar a los cuarteles como prometió”.