Los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa: “Necesitamos pruebas”

Casi ocho años después de la desaparición de los 43 estudiantes de magisterio de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Hilda Legideño, madre de Jorge Antonio Tizapa, ponía voz al posicionamiento de las familias sobre el informe de la Comisión de la Verdad, creada en 2018 por el presidente mexicanoAndrés Manuel López Obrador (AMLO), publicado la semana pasada: “Las madres y padres necesitamos prueba científica indubitable del destino de nuestros hijos. No podemos irnos a casa con indicios preliminares que no aclaran a cabalidad dónde están y qué pasó con ellos”, leyó Legideño bajo una intensa lluvia la tarde del viernes acompañada por los alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa y varias organizaciones sociales después de una marcha que congregó a unas 1.000 personas en el centro de Ciudad de México.

Tras esperar la valoración del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, las madres y padres de los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa en el estado de Guerrero, en el oeste de México, han criticado los pocos avances en la investigación durante los gobiernos de Enrique Peña Nieto y López Obrador: “Es una vergüenza que haya tardado casi 8 años desde el crimen y casi cuatro años del gobierno del supuesto ‘cambio’ para finalmente reconocer hechos que se conocieron y se documentaron ya desde hace mucho tiempo”. Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos del gobierno de López Obrador, aseguró que la desaparición de los 43 alumnos de magisterio de la Escuela la Norma Rural de Iguala que organizaban movilizaciones contra el gobierno de Enrique Peña Nieto fue un “crimen de Estado”.

Las madres y padres reconocieron que es “un avance” que el reciente informe de la Comisión de la Verdad reconozca que se trata de un crimen de Estado al señalar que “autoridades federales y estatales del más alto nivel fueron omisas y negligentes”. Tras el informe de la Comisión de la Verdad, el gobierno mexicano dio por muertos a los 43 estudiantes desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014 por primera vez: “No hay indicios de que sigan con vida”. Clemente Rodríguez, padre de Cristián Alfonso Rodríguez, uno de los 43 que desapareció cuando tenía 18 años, mantiene “la esperanza” de ver a su hijo con vida. “No han mostrado evidencias claras. Necesitamos pruebas”, cuenta a LA RAZÓN al terminar la marcha que los familiares organizan el día 26 de cada mes en Ciudad de México. El informe acusa a las autoridades mexicanas de “alterar hechos para establecer una conclusión ajena a la verdad”.

Pese a que a en las investigaciones científicas concluyeron que “un fragmento del pie derecho” encontrado pertenece a su hijo Cristian, este hombre de 54 años y sonrisa amable repite la consigna de las familias de los 43 de Ayotzinapa: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos de vuelta”. Las pesquisas solo han podido identificar restos de tres de los 43 estudiantes. El hijo de Clemente es uno de ellos. Clemente exige al gobierno de AMLO “informar más del paradero de los jóvenes”: “¿Dónde están? Si los asesinaron, no nos queda más que aceptar. A mi dieron un cachito nada más. Se puede vivir sin pie derecho”.

El subsecretario de Derechos Humanos mexicano ha asegurado este viernes que seis de los 43 estudiantes “fueron ultimados y desaparecidos por el coronel José Rodríguez”, siendo la primera vez que se señala la participación activa de los militares en el crimen. “Se presume que seis de los estudiantes estuvieron con vida hasta cuatro días después de los hechos”, aseguraba Encinas. El gobierno mexicano no ha dado por cerrada la investigación del caso Ayotzinapa. El padre de Cristian lo celebra: “No han dado el carpetazo. Nos da esperanzas para seguir adelante”.

El fiscal general de México durante la desaparición, Jesús Murillo Karam, arquitecto de la “verdad histórica” del gobierno de Peña Nieto, fue detenido el pasado 19 de agosto un día después de publicarse las conclusiones de la Comisión de la Verdad. Karam se encuentra en prisión preventiva procesado por desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justica. “Hoy el juez que tramita el caso nos da la razón. Murillo Karam condujo una investigación turbia, irregular, plagada de torturas de manipulación y siembra de pruebas, construyendo así una mentira que impidió saber el paradero de nuestros hijos”, leía Legideño en el centro de Ciudad de México bajo una intensa lluvia. Poco antes, varias decenas de alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa coreaban con fuerza una de sus consignas: “¡Ni la lluvia ni el viento frenarán el movimiento!”.

El padre de este estudiante que soñaba con ser “ingeniero agrónomo” o “veterinario” pide al gobierno mexicano “una respuesta”. Un día después de la publicación del informe el pasado 18 de agosto, la Fiscalía anunció 83 órdenes de detención, una de ellas contra el ex fiscal Karam. La Fiscalía ha emitido 20 órdenes de captura contra militares, incluyendo mandos y personal de los batallones de Iguala, la ciudad donde desaparecieron los 43 alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa donde estaban internos. Las autoridades buscan a otros 62 funcionarios, criminales y policías. El gobierno mexicano trata de agilizar la extradición desde Israel de Tomás Zerón, ex director de la Agencia de Investigación Criminal involucrado en el caso Ayotzinapa.

Por el momento, la Fiscalía no contempla la detención del expresidente Enrique Peña Nieto ni del ex ministro de Defensa, el general Salvador Cienfuegos. Antes de la comparecencia de Karam ante el juez desde prisión, el presidente López Obrador pidió al ex fiscal general revelar quién le dio la orden de configurar la “verdad histórica” entorno a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa: “Los jueces van a escuchar la opinión de todos. Ojalá hablen. Que Murillo Karam diga quién le dio la orden”, planteó en la conferencia de prensa de este miércoles.

La “verdad histórica” defendida por el gobierno de Peña Nieto, desmontada por múltiples pruebas, sostiene que los 43 estudiantes de magisterio fueron secuestrados por el grupo criminal Guerreros Unidos ayudados por policías corruptos. Después, según el gobierno de Peña Nieto, fueron asesinados y sus restos fueron arrojados al río de San Juan. Pese a que las pruebas desmienten la “verdad histórica”, las autoridades mexicanas no han podido averiguar lo ocurrido con los 43 jóvenes. Desde la noche del 26 de septiembre de 2014, la vida de Clemente está centrada en encontrar a su hijo: “Dejé mi trabajo. Tenía gallinas y me dedicaba a la compra y venta de garrafones de agua. Nuestra salud ha ido empeorando. Muchas madres y padres tienen diabetes y otras enfermedades”.

Dos días antes de regresar a Guerrero, Clemente lamenta que “la voluntad de esclarecer el caso que tenía este gobierno parece que se acabó”. AMLO defendió el lunes la inocencia de su predecesor Peña Nieto: “El informe no solicita que se abra investigación contra Peña, pero sí contra otros”. El subsecretario de Derechos Humanos reveló que el Ejército mexicano tenía infiltrado al soldado Julio César López para conocer las acciones que realizaban los normalistas de Ayotzinapa de cara a las marchas que organizaban cada 2 de octubre. Encinas ha señalado que el militar infiltrado también desapareció. Sin embargo, sus mandos no hicieron nada para encontrarlo, lo que podía haber evitado “la desaparición y el asesinato de los 43 estudiantes”.

Ante las estrecheces económicas de la familia, Clemente recuerda que su hijo Cristian tenía pensado hacer un año de magisterio en la Escuela Normal de Ayotzinapa antes de empezar sus estudios de ingeniero agrónomo: “Si no encontraba trabajo, pensaba montar una escuelita de danza. El vestuario lo tenemos en la casa. Allí tiene sus botines”. Tras las conclusiones de la Comisión de la Verdad casi ocho años después de la desaparición de los 43 estudiantes, Clemente no se plantea dejar de buscar a su hijo: “Ojalá los funcionarios detenidos den más información. Voy a seguir hasta saber qué pasó con mi hijo, qué pasó con los jóvenes”.