La polémica “consulta nacional” de Macron

Lo que Emmanuel Macron ha definido como una útil herramienta de “renovación democrática”, para la oposición no es más que un órgano de propaganda al servicio del presidente. Será el tiempo quien vaya poniendo el cursor más cerca de una u otra definición de lo que en realidad es el Consejo Nacional de la Refundación que el propio jefe de Estado francés ha inaugurado este jueves en la localidad de Marcoussis, en la periferia de París. Se trata de una instancia política de nuevo cuño con la que el presidente francés pretende relanzar el debate público sobre las grandes decisiones y desafíos que tiene por delante en este segundo quinquenio. Una especie de órgano revitalizador en momentos en los que el país vive una circunstancia inédita: un Ejecutivo que no cuenta con mayoría parlamentaria y que necesita articular sus políticas con pactos. En este sentido, Macron pretende que la ciudadanía acompañe al futuro político del país y evitar así la parálisis legislativa apoyándose en la participación popular. El CNR es un guiño al Consejo Nacional de la Resistencia (CNR) de 1943, que unió a la resistencia y creó una lista de reformas a aplicar tras la Segunda Guerra Mundial. El lugar del lanzamiento del Consejo Nacional de la Refundación tampoco ha sido elegido al azar ya que se ha hecho en el Centro Nacional de Rugby (otro CNR), donde entrena la selección de Francia.

Criticado desde su llegada al poder en 2017 por su ejercicio vertical del poder, Macron prometió tras su reelección en abril pasado un “nuevo método” y en junio anunció la creación de este Consejo Nacional de Refundación (CNR) porque “los franceses están hartos de las reformas que vienen de arriba”. “Quiero situar a nuestros compatriotas en el corazón de las grandes decisiones de la nación”, aseguró el mandatario en rueda de prensa antes de la reunión, sin descartar que los debates puedan traducirse en “referendos”. Cosa que ahora, en su puesta en marcha, ha vuelto a subrayar: algunas de las cuestiones clave podrán acabar transformadas en consulta a la ciudadanía.

El trabajo de esta instancia, que contará con unos 40 representantes políticos, asociativos, sindicales y patronales, abordará cinco temas: pleno empleo, escuela, salud, “envejecer bien” y transición ecológica. En este sentido, Macron ha anunciado que también se abrirá una gran consulta ciudadana y paralela, a partir de la próxima semana, para acompañar las reflexiones de estos grupos de trabajo. Se pretende así sumar a las conversaciones territoriales y de representantes, el debate que se vaya creando en internet para enriquecerlo o mejorarlo.

El gobierno invitó a todas las formaciones políticas a participar en este órgano de consultas pero los partidos de la oposición, de la izquierda radical a la extrema derecha, rechazaron participar, así como la mayoría de sindicatos y el presidente del Senado, Gérard Larcher, segunda autoridad de Francia. “Se invitó a 52 representantes de fuerzas políticas, sindicatos y cargos públicos, 40 están aquí. Los 12 ausentes están equivocados”, ha dicho Macron este jueves en la presentación, para quien estos no pueden decir después que es “demasiado vertical”. El presidente galo intenta así desactivar algunas de las críticas que más se repitieron durante su primer mandato.

La oposición considera que el presidente busca eludir la Asamblea Nacional, donde los partidos gubernamentales perdieron en junio la mayoría absoluta y deben negociar cada ley, para retomar el control del debate público. Jordan Bardella, presidente interno de Reagrupación Nacional (ex Frente Nacional) calificó al CNR de “enésimo artefacto de comunicación que no logrará mejorar en nada la situación de nuestros compatriotas, que se agrava día a día bajo la presidencia de Macron”. “El futuro de Francia se decide y se debate en la Asamblea Nacional” ha sentenciado Bardella, mano derecha de Marine Le Pen.

No es la primera vez que Macron opta por una herramienta política parecida. Los precedentes directos del CNR se sitúan en el Gran Debate, lanzado en 2019 para resolver la crisis de los “chalecos amarillos”, y la Convención Ciudadana por el Clima, concluida en 2020 y cuyos resultados no se aplicaron en su totalidad. La primera ministra, Élisabeth Borne, deberá fijar ahora el calendario y organización del nuevo organismo, tras los debates y discursos del gobernador del Banco de Francia, del presidente del Tribunal de Cuentas y de la presidenta del Alto Consejo sobre Clima.