La Justicia brasileña apunta a Bolsonaro por la intentona golpista

La Fiscalía de Brasil comenzó el cerco tras el intento de golpe de Estado del domingo. La institución ha solicitado bloquear los bienes del expresidente Jair Bolsonaro, así como los del gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, y de Anderson Torres, exjefe de la Policía federal de Brasilia y antiguo ministro de Justicia de Bolsonaro. A Torres también se le ha dictado una orden de arresto por permitir una insurrección y actuar en supuesta connivencia con los manifestantes que marcharon sin obstáculos y hasta escoltados por algunos policías. Torres, como Bolsonaro, está en Florida (Estados Unidos). El martes dijo que regresaría a Brasil, al terminar sus vacaciones, para ponerse a la orden de la Justicia.

Bolsonaro, por su parte, continúa en Orlando, a donde viajó dos días antes de terminar su mandato. Fue dado de alta hospitalaria la noche del martes, y compartió varios mensajes en su cuenta de Facebook en los que cuestionaba de nuevo el resultado electoral que le dio la victoria a Lula da Silva y atribuyó la victoria del izquierdista al Tribunal Supremo y al Tribunal Superior Electoral (TSE). Horas más tarde, el expresidente borró las publicaciones de sus redes sociales.

Entretanto, el Gobierno de Lula da Silva se mantiene en alerta. Hoy fueron convocadas nuevas protestas en las calles por parte de partidarios del expresidente Bolsonaro. En la capital, Brasilia, se mantenía la tensión y la presencia de Fuerzas de Seguridad, mientras aparecían panfletos en redes sociales llamando a retomar las manifestaciones en distintas ciudades brasileñas contra la presidencia de Lula.

Como medida de prevención, el Gobierno brasileñó cerró la Explanada de los Ministerios ante el riesgo de nuevas protestas violentas. El ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), prohibió la interrupción de la libertad de tránsito en todo el territorio nacional, una medida para evitar que manifestantes puedan cortar vías. También está prohibida la ocupación de edificios públicos. La medida responde a una petición presentada por la Abogacía General de la Unión (AGU), que señaló el riesgo de nuevos actos golpistas. De Moraes advirtió de que quienes incumplan su decisión podrán enfrentarse a multas de hasta 20.000 reales (3.500 euros) para personas físicas y de 100.000 reales (17.800) para las jurídicas.

En su escrito, Moraes ordenó a las autoridades de seguridad pública de todas las ciudades brasileñas tomar medidas efectivas «para garantizar la libertad de circulación y evitar la concentración de personas» allí donde se convoquen manifestaciones. El incumplimiento de la prohibición acarrea arresto inmediato, y multas tanto para individuos como para personas jurídicas que brinden apoyo logístico o financiero.

La decisión judicial también incluye el bloqueo de canales y cuentas de Telegram, que han sido identificadas porque fueron usadas para publicitar protestas. La AGU, en su petición, demandó que las restricciones se mantengan hasta que se restablezca «la normalidad».

Pero no es la única decisión que ha tomado el Supremo Tribunal Federal (STF). Este miércoles, y por mayoría, decidió mantener la suspensión del gobernador del Distrito Federal, Ibaneis Rocha, por 90 días. De esta manera, se ratifica la medida que había sido anunciada por Moraes el domingo al considerar que tuvo una «conducta engañosamente omitida» por su presunta inacción ante los actos golpistas.

Las investigaciones continúan. Un vídeo con el testimonio de uno de los presos en Brasilia por haber participado en los disturbios del domingo llegó a la Prensa y muestra a Gilvã Estrela da Silva, de 29 años, natural de Salvador (Bahía), afirmando que recibió unos 70 euros para viajar de su ciudad para protestar en la capital. El vídeo fue tomado por la Policía Civil del Distrito Federal. También dijo desconocer quién pagó el viaje y no pudo informar sobre quién depositó el monto recibido. Asimismo, afirmó que el plan era quedarse en los campamentos frente a la sede de los poderes hasta el 14 de enero, al menos, porque había comida y bebidas garantizados.