El gobierno de coalición alemán ha dado luz verde a una nueva legislación concebida para simplificar los procesos de adquisición en el ámbito de la defensa. Esta iniciativa surge en un momento en que las autoridades se enfrentan al reto de traducir los importantes incrementos presupuestarios previstos para los próximos años en capacidades militares concretas para la Bundeswehr.

La normativa, denominada oficialmente Ley de Aceleración de Adquisiciones de la Bundeswehr (Bundeswehrbeschaffungsbeschleunigungsgesetz, en alemán), fue consensuada por la coalición gobernante el pasado 23 de julio. Representa una de las reformas de mayor envergadura en el sistema de compras militares alemán desde la Guerra Fría. La ley tendrá vigencia hasta el año 2035, superando las medidas temporales implantadas en 2022 tras la invasión de Ucrania.

Boris Pistorius, ministro de Defensa alemán, calificó el borrador de esta ley como un "salto cualitativo" para el país. A diferencia del paquete de medidas de 2022, que tenía un carácter transitorio y se centraba exclusivamente en el equipamiento militar, esta nueva normativa abarca todas las necesidades de la Bundeswehr, incluyendo bienes y servicios de uso civil. Este movimiento continúa la línea fijada por Pistorius, que el pasado mes de junio apuntó que Alemania necesitará entre 50.000 y 60.000 soldados adicionales para cumplir con las nuevas exigencias de la OTAN.

Desbloqueando la maquinaria de adquisición

Una de las disposiciones más importantes de la nueva ley es la eliminación del periodo de paralización que suele seguir a las impugnaciones legales de los contratos adjudicados. En la actualidad, los licitadores no seleccionados tienen la capacidad de demorar las adquisiciones durante años mediante recursos judiciales, un mecanismo al que los responsables de Defensa atribuyen los crónicos déficits de capacidades, según apuntan desde Defense News.

La reforma también da la capacidad a las autoridades de contratación para iniciar procesos de adjudicación de contratos incluso sin financiación asegurada, siempre que consideren que redunda en interés de la defensa nacional. De acuerdo con el borrador de la ley, esta circunstancia deberá especificarse en la documentación de licitación dirigida a la industria.

Asimismo, ciertos contratos catalogados como urgentes podrán eludir completamente los requisitos de licitación de la Unión Europea. Esta excepción limitará la competencia a proveedores nacionales o europeos, garantizando una mayor celeridad en la obtención del material crítico para la seguridad.

Hace tres años, la legislación previa en la que se basa esta nueva normativa fue objeto de críticas por el presunto debilitamiento de las salvaguardas institucionales. En aquel entonces, un informe de Transparencia Internacional alertaba de que la ley, "en su forma actual, aumentaba principalmente el riesgo de corrupción en las adquisiciones militares, que ya son particularmente propensas a la corrupción".

La nueva legislación permite a las autoridades restringir las licitaciones a los oferentes de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo, además de exigir que las adquisiciones provengan de fuentes europeas. Annette Lehnigk-Emden, directora general de la agencia de adquisiciones de la Bundeswehr, ha declarado que la elección del país proveedor "depende de quién pueda ofrecer rápidamente el material requerido", priorizando la eficiencia en la cadena de suministro con oferentes de Europa.

Implicaciones y desafíos pendientes

Algunos observadores han argumentado que las nuevas reglas favorecerán previsiblemente a las grandes empresas de defensa, muchas de ellas con sede en Europa, en detrimento de las pequeñas empresas emergentes que buscan entrar en el mercado militar. Holger Hofmann, de la consultora jurídica Oppenhoff de Colonia, ha señalado que "la suspensión temporal de la división de lotes y el trato privilegiado en caso de interoperabilidad favorecen a los proveedores que ya están firmemente anclados en las estructuras de la OTAN y la UE". Añadió que "los riesgos de financiación afectan mucho más a los pequeños licitadores".

Un aspecto notablemente ausente de las reformas es cualquier cambio en el requisito de aprobación parlamentaria para las compras de defensa que superen los 25 millones de euros. Este umbral continúa exigiendo el visto bueno del comité de presupuesto, lo que puede suponer un freno a la agilización de procesos en ciertas operaciones.

La legislación se presenta en un contexto en el que Alemania se prepara para casi duplicar el gasto en defensa, con el objetivo de cumplir los nuevos compromisos de gasto de la OTAN y las ambiciones nacionales. El presupuesto militar de Berlín, que fue de 90.000 millones de euros en 2024, se elevará a 162.000 millones de euros para 2029.

A pesar de que el Gabinete ha refrendado el borrador de la ley, esta aún debe superar el trámite parlamentario en Alemania antes de entrar en vigor. No obstante, la coalición de gobierno cuenta con la mayoría suficiente en el Parlamento para asegurar su aprobación definitiva.