Miles de brasileños piden un golpe militar para que Lula no vuelva al poder

Tras ser acusada por la izquierda de pasividad, la policía federal de Brasil cargó con agua a presión y pelotas de goma en varios puntos del país para disolver los bloqueos de carreteras de camioneros afines al presidente saliente de Brasil, Jair Bolsonaro, que a primera hora de la tarde de ayer contiúaban en 156 carreteras en 15 de los 26 Estados brasileños, sobre todo en Santa Catarina y Mato Grosso, donde Bolsonaro mantiene un fuerte apoyo popular. Las autoridades informaron que están avanzando en sus esfuerzos por despejar las rutas. Mientras, en Sao Paulo cientos de manifestantes exigen ante las cuarteles «una intervención militar».

Las autoridades han logrado disolver 600 interrupciones al libre tránsito desde la mañana del lunes, cuando comenzaron los cortes de carreteras por camioneros bolsonaristas tras la victoria de Lula da Silva en las elecciones del domingo con el 50,9% de los votos frente al 49,1% de Bolsonaro. Tras las denuncias sin pruebas de fraude a favor de Lula, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) logró el domingo la victoria con el margen más estrecho de la historia democrática brasileña.

La Policía instaló 1.992 puestos de control para preservar el libre tránsito en Brasil, un país gigantesco en el que las carreteras son fundamentales por su poca conectividad ferroviaria. Brasil teme que ocurra algo similar a 2018, cuando una huelga de camioneras de 10 días provocó importantes trastornos logísticos y económicos.

Aunque los bloqueos de carreteras son menores que en días anteriores, las protestas continúan interrumpiendo la distribución de combustible, la producción de carne, las entregas de alimentos en supermercados y los envíos de granos a los puertos. La Agencia nacional de Salud alerta de que los bloqueos amenazan con provocar escasez de medicamentos.

Tras mantener en vilo a Brasil con su silencio durante dos días, Bolsonaro se comprometió el martes a «a cumplir con la Constitución», pero no reconoció la victoria de Lula. En una breve intervención de dos minutos, el presidente se mostró comprensivo con los cortes de carreteras afirmando que son fruto de la «indignación» y «el sentimiento de injusticia» por su derrota en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. El vicepresidente brasileño, Hamilton Mourao, aseguró que no hubo fraude en las elecciones brasileñas, pero alertó de que compitieron con «un jugador que no debería haber jugado» en referencia a Lula y su encarcelamiento de 19 meses por sus condenas por corrupción anuladas más tarde por la Justicia. «Nosotros estuvimos de acuerdo en participar en un juego con otro jugador que no debería haber jugado. Si estuvimos de acuerdo no hay nada que reclamar. A partir de ahí no tiene sentido llorar más, perdimos el juego», reconocía.

Pese a que los bloqueos disminuyeron ligeramente la tarde del martes tras las palabras de Bolsonaro, cientos de personas se manifestaron hoy frente a un cuartel militar en Sao Paulo para pedir «una intervención militar». Al grito de «yo autorizo», los bolsonaristas reclamaban la actuación de las Fuerzas Armadas para frenar el traspaso de poderes a Lula, que debería concluir con la toma de posesión del líder progresista de 77 años el próximo 1 de enero. «Queremos una intervención federal porque exigimos nuestra libertad. No admitimos que nos gobierne un ladrón», aseguraba a la agencia de noticias France Presse Ángela Cosas, de 70 años, en Sao Paulo junto a una cartel que rezaba «SOS Fuerzas Armadas».

En Bahía, el juez federal Felipo Livio autorizó a la Policía Federal y la Policía de Carreteras desalojar a todos los que insistan en quedarse bloqueando las carreteras brasileñas incluso «con el uso de dispositivos y con refuerzo policial». El juez Livio ordenó que «todos y cada uno de los conductores de camiones, de cualquier otro vehículo, o incluso peatones, se abstengan de cerrar total o parcialmente la carretera (incluido el arcén) o de actuar (mediante amenaza, coacción o violencia física) contra una persona o contra el vehículo de una persona que no quiera unirse al movimiento».

La Policía brasileña está autorizada a recoger datos personales de los manifestantes e imponerles una multa de 5.000 reales (988 euros) por cada hora de desobediencia. La coalición de Lula, que incluye formaciones desde la extrema izquierda al centro derecha, exige una traspaso de poderes democrático. Ante la demanda de los bolsonaristas de un golpe de Estado, el catedrático de la Universidad Estatal de Campinas André Kaysel consdiera que «Bolsonaro no tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas para un golpe». «Bolsonaro puede dificultar la transición de poderes, pero no va a poder mantenerse en la Presidencia con métodos antidemocráticos».