Una corte de apelaciones de EE UU suspende el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago

Una corte de apelaciones de Estados Unidos ha dictaminado que los efectivos de la Guardia Nacional enviados a Chicago por orden del presidente Donald Trump no podrán ser desplegados en la ciudad, aunque se les permitirá permanecer dentro del estado de Illinois bajo control federal. Esta decisión confirma la suspensión previa emitida por la jueza federal April Perry, quien había frenado la movilización en respuesta a una demanda presentada por las autoridades estatales y municipales.

El fallo representa un punto de inflexión en la disputa legal entre el gobierno federal y los líderes de Illinois, encabezados por el gobernador JB Pritzker. La corte concedió un “suspenso administrativo” que permite la federalización de las tropas —es decir, su paso del mando estatal al federal—, pero mantiene bloqueado su uso operativo en territorio urbano. La resolución subraya que la situación jurídica sigue abierta y que se celebrarán nuevas audiencias antes de emitir un fallo definitivo.

La administración Trump había justificado el despliegue como una medida necesaria para proteger a los agentes de inmigración y las instalaciones federales, en medio de protestas frente a oficinas del ICE en barrios como Broadview y Pilsen. Un total de 500 efectivos —200 provenientes de Texas y 300 de la Guardia Nacional de Illinois— fueron movilizados con un mandato inicial de 60 días. Sin embargo, la decisión judicial impide que estos soldados patrullen las calles o participen en operativos, lo que limita significativamente la capacidad de acción del Ejecutivo federal.

El caso ha reavivado el debate sobre los límites del poder presidencial y el derecho de los estados a resistir intervenciones militares en su territorio. La jueza Perry argumentó que no existía evidencia creíble de una “insurrección” en Illinois que justificara la activación de la Guardia Nacional bajo el Título 10. En su fallo, citó incluso a los Padres Fundadores para subrayar que “ni siquiera el más ferviente defensor de un gobierno federal fuerte habría aprobado el uso de milicias estatales para represalias políticas”.

Mientras tanto, la tensión política sigue escalando. Trump ha amenazado con extender su campaña de deportaciones a otras ciudades gobernadas por demócratas, como Portland, Baltimore y San Francisco. Líderes estatales y locales han denunciado lo que consideran una “militarización injustificada” de la política migratoria. El fallo de la corte de apelaciones mantiene en suspenso el futuro inmediato del despliegue, pero ya ha dejado claro que el conflicto entre el gobierno federal y los estados por el control de la Guardia Nacional está lejos de resolverse.