Venezuela

Maduro acentúa la represión de cara a las elecciones con la detención arbitraria de la activista Rocío San Miguel en Venezuela

El régimen chavista le acusa de participar en una conspiración para derrocar al presidente sin aportar ninguna prueba

SJ2001. BOGOTÁ (COLOMBIA), 13/02/2024.- Fotografía de archivo de la exfuncionaria venezolana Rocío San Miguel Sosa en una audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), el14 de febrero de 2017, en San José (Costa Rica). Los tribunales de Venezuela decretaron la privación de libertad contra la activista venezolana Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, detenida desde el pasado viernes por estar "presuntamente vinculada" con una trama conspirativa para a...
Abogado de la activista venezolana Rocío San Miguel confirma su privación de libertadJeffrey ArguedasAgencia EFE

¿Por qué Nicolás Maduro encarceló a Rocío San Miguel? Según la versión oficial, para la cual no se ha aportado ningún elemento de prueba, la abogada y directora de la ONG Control Ciudadano tendría un rol de divulgación de acciones militares rebeldes que buscarían atentar contra autoridades venezolanas.

La acusación del régimen se soporta en un supuesto testimonio de un militar detenido que la habría señalado, uno de los 32 individuos detenidos por estos casos, incluyendo civiles y militares. Sin embargo, el fiscal general Tarek William Saab, tan dado a presentar videos de "confesiones" grabadas a presos -registrados sin presencia de abogados y en condiciones desconocidas- no mostró uno en este caso.

Eso no le ha impedido avanzar contra San Miguel, una activista que ha hecho seguimiento a temas militares desde hace dos décadas. Y allí puede estar la clave: quién habla con los uniformados y, más aún, quién en los cuarteles habla con terceros. Otras dos acusadas por este caso, la periodista Sebastiana Barráez y la abogada Tamara Suju, también cuentan con fuentes en ese sector, aunque desde fuera del país.

Sus abogados no la han visto, no se han podido comunicar con ella. Tampoco les fue permitido que participaran en la primera audiencia judicial ante un tribunal. Saben dónde está presa, en la sede del Sebin conocida como el helicoide -calificado como centro de torturas por la Misión de Verificación de Hechos de la ONU- porque el gobierno lo informó.

Lo propio ha pasado con su expareja, un militar retirado acusado de "vender secretos" y encarcelado en la Dirección General de Contrainteligencia Militar, y otros sus hermanos e hija ahora con prohibición de salida del país, régimen de presentación en tribunales y obligatoriedad de silencio.

El equipo legal sigue intentando defenderla, mientras la delegación diplomática de España en Venezuela ha estado monitoreando el caso de San Miguel, ciudadana española, y abogando porque se respeten sus derechos. Lo hacen con un notorio bajo perfil.

En cambio, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas sí subió el volumen, y hasta dijo que el caso podría ser evaluado como una desaparición forzada, pues la abogada fue detenida la mañana del viernes 9 de febrero y no se supo de su paradero hasta el lunes 12 en la noche cuando fue llevada a un juzgado. Durante más de 72 horas nadie supo quién tenía y dónde estaba Rocío San Miguel, aunque el fiscal Saab haya dicho que estaba detenida (sin precisar esos datos), y haya defendido que todo se hizo respetando los lapsos -que legalmente no deberían superar las 48 horas.

El pronunciamiento causó que Maduro expulsara del país a sus 13 representantes y dejara en vilo el acuerdo de cooperación ratificado el pasado mes de enero con el propio alto comisionado Volker Turk en Caracas.

Según el canciller Yván Gil, la Oficina se ha desviado de su mandato pues su trabajo debería enfocarse en «combatir los efectos» de las sanciones internacionales y denunciar las supuestas conspiraciones contra las autoridades venezolanas en vez de "cuestionar el accionar del Estado". Acusó a la instancia de "convertirse en el bufete particular de grupos golpistas y terroristas".

El miedo como ficha electoral

«Maduro inició su campaña de cara a las elecciones de manera agresiva, con el objetivo de asustar a la población venezolana y a la comunidad internacional», ha dicho la politóloga María Teresa Romero. Una artillería represiva que apenas se asoma por parte de un régimen que tiene que someterse a una elección presidencial en 2024.

El rechazo a Maduro es irremediable. María Corina Machado, la candidata presidencial de la oposición, dijo a LA RAZÓN que espiritualmente el chavismo ya ha sido derrotado. Y el sociólogo Damián Alifa coincide con ello por lo que, a su juicio, apelará a herramientas como las inhabilitaciones para impedir competidores peligrosos y detenciones arbitrarias. "No tiene cómo objetivo sumar un voto, convencer a nadie", sostiene.

En Venezuela el miedo está jugando más fuerte que nunca. Varias ONG, ha confirmado LA RAZÓN, han comenzado a reducir sus operaciones o a activar alertas de seguridad vista la detención de Rocío San Miguel.

En los partidos políticos también hay temor, y algunos equipos prefieren no ser tan públicos en su trabajo a favor de María Corina Machado para evitar castigos. Al día siguiente de que la candidata anunciara los 24 jefes de sus comandos de campaña regionales, cuatro fueron llevados a calabozos, donde continúan presos.

Este jueves incluso una exministra chavista, la periodista Maripili Hernández, dijo que por primera vez en 25 años desde que tiene un programa de radio de entrevistas políticas siente miedo de hablar.

Por ahora el Acuerdo de Barbados, que brinda un marco legal a unas elecciones respetables por la comunidad internacional, está "en terapia intensiva" según el propio Maduro. Actores de la oposición señalan que incluso es peor: está muerto y no pareciera haber intenciones del régimen por cumplir lo que allí firmó.

En el camino, avanza contra la sociedad civil y contra toda forma de articulación ciudadana, incluso aquella que no sea estrictamente en el orden electoral.