La imagen de político honesto y transparente que ha cultivado Justin Trudeau durante su gobierno se ha desvanecido. El primer ministro interfirió en un caso judicial para evitar un juicio por corrupción contra la mayor constructora del país para proteger empleos locales.

Canadá vive una crisis gubernamental sin precedentes. La imagen de político íntegro, sincero e intachable de Trudeau se desvanece ante los escándalos que sacuden su gobierno. Nunca antes en la historia moderna canadiense dos miembros tan relevantes de un Gobierno habían dimitido por una supuesta injerencia en un proceso judicial para favorecer a una empresa.

La empresa SNC-Lavalin, la constructora e ingeniera más grande del país que emplea a casi 9.000 personas en Canadá, está acusada de haber pagado 48 millones de dólares (casi 32 millones de euros) en sobornos a mandatarios libios para ganar contratos de construcción en el país en la época de Gadafi, entre 2001 y 2011, y ahora se enfrenta a 10 años sin poder participar en proyectos federales. El Gobierno de Trudeau está en el punto de mira por supuestamente presionar al Poder Judicial para llegar a un acuerdo (Acuerdo de Prosecución Diferida) que evite llevar a la compañía a juicio por cargos de corrupción y fraude. El pacto ha sido imposible y finalmente el caso llegará a los tribunales.

Se trata de un caso insólito en Canadá, una de las naciones más transparentes del mundo que no está acostumbrada a este tipo de escándalos y que se caracteriza por ser un estado de derecho con altos estándares de confianza, notable independencia de poderes, buena distribución del poder político y abiertas prácticas empresariales y gubernamentales. Los acontecimientos de las últimas semanas y la manera en la que el primer ministro está gestionando el asunto, ponen todo en entredicho. En la comparecencia que hacía Trudeau el jueves, repitió que tanto él como su personal han actuado siempre de manera correcta y dentro de la ley y que la situación a la que se ha llegado es consecuencia del «desgaste de confianza» entre la ex ministra de Justicia y fiscal general, Jody Wilson-Raybould (que renunció a su cartera de Asuntos Veteranos el 12 de febrero) y el que fuera su principal asesor, Gerald Butts (que dimitió el 18 de febrero).

Lejos de pedir disculpas, volvió a decir que «no ha habido presión inapropiada» a la que fuera fiscal general y solo reconoció que «hemos aprendido muchas lecciones». Esta actitud está causando problemas de imagen, no solo a Trudeau y su Gobierno, sino también al país. «Tendría que haber intentado pasar página pidiendo perdón», afirma Shachi Kurl, analista político y directora ejecutiva del Instituto Angus Reid, que realiza encuestas de opinión. «Su declaración de arrepentimiento no ha sido tal, sino solo un intento de reajustar o replantear la conversación que todos están manteniendo ahora sobre lo ocurrido».

Trudeau ganó las elecciones de 2015 tras una campaña basada en la promesa de que sería un dirigente distinto y su Gobierno transparente y honesto, algo que ha seguido reiterando durante todo su mandato. «Es un político que ha perfilado con mucho cuidado su imagen de persona preocupada por los canadienses, empático, sincero, que iba a hacer la cosas de manera diferente», explica Kurl. Pero ahora está demostrando ser «un primer ministro como a los que estamos acostumbrados» y su gestión sobre el caso SNC-Lavalin está poniendo en peligro a su partido de cara a las próximas elecciones generales de octubre.

Los sondeos demuestran que los Liberales están perdiendo posiciones. Los últimos datos de la encuesta Ipsos, publicados el 5 de marzo, revelan que si mañana se llevaran a cabo elecciones generales, los Liberales recabarían solo el 31% de los votos, frente al 40% de los Conservadores y el 20% de los Demócratas, que suben 4 puntos. Es más, el 62% considera que el primer ministro ha perdido «autoridad moral» para gobernar.

«El caso SNC-Lavalin ha tenido un impacto importante en la imagen del Gobierno liberal de Trudeau de cara a los votantes. Les ha situado un 9% por detrás de los Conservadores, lo que significa que podrían perder las próximas elecciones», explica Darrell Bricker, comentarista político y director general de Asuntos Públicos de Ipsos. «A los canadienses les preocupa el asunto de SNC-Lavalin y el hecho de que el Gobierno pueda interferir en un proceso judicial. De momento, Trudeau no ha encontrado la manera de recuperar la confianza de los votantes».

La encuesta también muestra que el 84% opina que la Policía Montada de Canadá (que vela por el cumplimiento de las leyes a nivel federal) debería «abrir una investigación oficial». Algo que también defiende el líder de la oposición, el conservador Andrew Scheer, quien el jueves expresó que claramente «hay evidencias suficientes» para que se abra dicha investigación.

El líder de los demócratas, Jagmeet Singh, lamenta la actitud de Trudeau y el que no haya ido más lejos. «No hemos visto una disculpa ni una rendición de cuentas. Solo hemos visto al primer ministro culpando a todos menos a sí mismo», sentenció.