Chile busca otra salida al embrollo de aprobar una nueva Constitución

«Estoy convencido de que al país le hará bien cerrar este ciclo». Ese fue el nítido mensaje lanzado por el presidente de Chile, Gabriel Boric, en el establecimiento formal del Consejo Constitucional celebrado ayer en el Congreso de su país. Lo que dijo el presidente es lo que, según las encuestas, piensan la mayoría de los chilenos, cansados de un proceso constituyente iniciado con el denominado «estallido social» de 2019, cuando miles de personas se echaron a las calles en demanda de cambios políticos y sociales.

Casi cuatro años después, el país afronta ahora un nuevo intento de aprobar un nuevo texto constitucional tras el rechazo en el plebiscito de septiembre de 2022 al proyecto elaborado por la Convención Constituyente anterior. Y las cosas han cambiado mucho en estos cuatro años. Si el estallido social fue en gran parte resultado del ímpetu de un beligerante movimiento estudiantil que acabó llevando a uno de los suyos, Boric, a la presidencia, el electorado ha girado claramente a la derecha en estos años, desencantado con algunos de los excesos que se contenían en el proyecto anterior, como la designación de Chile como un Estado plurinacional.

El Consejo Constitucional será de hecho dominado por la oposición. El Partido Republicano, considerado de extrema derecha, ganó claramente las elecciones del 7 de mayo y cuenta por tanto con mayoría en el Consejo y tiene entre sus consejeros a Luis Silva, numerario del Opus Dei que se ha declarado contrario a incluir el aborto y a la eutanasia en la nueva Carta Magna. Silva ha manifestado también su admiración por la faceta de «estadista» del general Augusto Pinochet.

La composición del Consejo pone de manifiesto el nuevo panorama político y la erosión de la mayoría que llevó a Boric al Palacio de La Moneda. El Partido Republicano cuenta con 23 miembros, por solo 16 del oficialismo; la derecha tradicional suma 11 representantes, mientras que por los pueblos indígenas hay uno.

No extraña, pues, que el presidente Boric hiciera también un llamamiento al consenso en la ceremonia en el Congreso en Santiago.

«No queremos una Constitución partisana», dijo a los encargados de elaborar el nuevo texto constitucional.

El presidente es consciente de la inferioridad del oficialismo en la composición del Consejo y de la caída de su popularidad en las encuestas, lo que le ha llevado a adoptar en el último año un tono cada vez más moderado y pragmático, y a incluir en su Gobierno a veteranos dirigentes del centro-izquierda, como la ministra del Interior, Carolina Tohá.

El Consejo Constitucional, de 51 miembros y composición paritaria, trabajará dividido en comisiones y tendrá hasta el próximo 7 de octubre para redactar un nuevo proyecto, un procedimiento exprés que busca terminar de una vez con un proceso constituyente que arrancó entre la ilusión de los sectores más a la izquierda y ahora parece haber aburrido a todos por igual. La base de los trabajos será el anteproyecto que ha elaborado en los últimos meses una comisión de expertos designada a tal fin.

A partir de esa fecha, se abre un periodo de unas semanas para que expertos y voces de la sociedad civil puedan hacer sus correcciones, comentarios y sugerencias. El próximo 17 de diciembre, el nuevo texto constitucional será de nuevo sometido a plebiscito entre los chilenos. Un nuevo triunfo del «no» podría suponer el «carpetazo» definitivo al intento de sustituir a la Constitución aprobada en 1980 por el régimen militar de Pinochet, un anhelo largamente perseguido por la izquierda y, según los sondeos, por una mayoría de la sociedad chilena.

Boric ya ha advertido de que si este nuevo intento también fracasa tirará definitivamente la toalla y no volverá a intentarlo mientras esté en el Gobierno. Lo cierto es que el desencanto respecto al proceso constituyente parece haberse apoderado de muchos chilenos. Si la anterior Convención Constituyente dominada por la izquierda estuvo salpicada de escándalos que minaron su crédito, como el del constituyente que fingió estar enfermo de cáncer para denunciar las supuestas carencias sanitarias, tampoco han empezado con buen pie en esta.

Ninoska Pauyana, consejera de ascendencia aymara, era la apuesta de su partido para disputarle la presidencia del órgano a la derecha, pero decidió renunciar tras conocerse que cuando tenía 18 años fue detenida por robar un jersey en una tienda.