Las claves del decreto de Milei que pretende desmontar las estructuras económicas del Estado

«No hay lugar para el gradualismo», pronunció un contenido Javier Milei desde el lujoso Hotel Libertador de Buenos Aires, búnker improvisado de campaña, minutos después de conocer su abultada victoria electoral frente a Sergio Massa. El líder de La Libertad Avanza (LLA) insistió en la necesidad de acometer su terapia de choque advirtiendo que, si no se avanzaba «rápido» con los cambios estructurales, el país se dirigía hacia «la peor crisis de nuestra historia». No separó la mirada de su discurso ante el fervor desatado de sus votantes. Los nervios eran incontenibles.

Un mes después, tras haberse instalado definitivamente en la Casa Rosada, formado un Gobierno no exento de polémica con figuras procedentes del macrismo –«la casta»– y sorteado en redes sociales por última vez su sueldo como diputado –ingresará el de presidente–, Milei apareció en televisión nacional para anunciar las medidas más importantes del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU, por sus siglas), un paquete legislativo que incluye más de 300 reformas que pretenden cambiar la faz del país. El presidente, escoltado por sus ministros en una puesta en escena idéntica a la del exmandatario Carlos Menem en 1989, esbozó una treintena de proyectos cuyo preámbulo establece oficialmente «la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025». La hoja de ruta busca desmontar las estructuras del Estado.

¿Cuáles son las medidas principales del decreto de Milei?

El decreto recoge un total de 366 artículos que afectan a las estructuras económicas del Estado. Merman la capacidad de las instituciones públicas, reforman el mercado laboral y liberalizan el comercio exterior. Transforman también el sistema sanitario. Pese a su enorme calado, a Milei le bastaron 15 minutos para esbozar en directo el grueso de un decreto que contempla, entre otras cuestiones, la derogación de la ley de alquileres, que regula los aumentos para los inquilinos y prohíbe el cobro en dólares; la ley de abastecimiento, que permite al Estado evitar las especulaciones en la compraventa de productos básicos; la ley de compra nacional, que otorga prioridad a los proveedores nacionales en las compras públicas; o la normativa que impide la privatización de las empresas públicas.

Concretó Milei en este sentido la transformación de todas las empresas estatales en sociedades anónimas para su posterior privatización, así como la desregulación de los servicios de internet satelital «para permitir el ingreso de empresas como Starlink», propiedad del magnate Elon Musk, a quien invitó a su toma de posesión.

El Gobierno argentino controla en la actualidad un total de 33 empresas estatales, la mayoría pertenecientes a sectores estratégicos como el de las telecomunicaciones, la construcción o el transporte. El Estado tiene además una participación del 51% en la petrolera YPF. Milei, sin embargo, ha dejado claro que persigue la privatización total. Una de las políticas que marcaron la presidencia del peronista liberal Carlos Menem (1989-1999).

Pero Milei no es Menem, señala el analista político argentino Hugo Haime. «Cuando Menem asumió tenía un partido político fuerte detrás, hizo alianza con la Unión de Centro Democrático (UCD) y le entregó el ministerio de Economía al grupo Bunge & Borne, la corporación más importante de la Argentina. Además, Menem castigó a las clases medias, pero no a los sectores más vulnerables. Era otra época en la cual la empresa de telefonía era estatal pero no había teléfonos. La de gas y electricidad también, pero no funcionaban», recuerda en conversación con LA RAZÓN. «Milei es un outsider, un hombre rodeado de un grupo de dirigentes que ha decidido desafiar a los partidos políticos, echarles la culpa de todo. Tiene impronta propia».

¿Cuándo entrarán en vigor?

Los decretos presidenciales entran en vigor ocho días después de su publicación en el Boletín Oficial en caso de que no fijen una fecha concreta. El decreto se publicó el miércoles 20 de diciembre. Por lo tanto, dado que en principio el proyecto no concretaba los tiempos para su entrada en vigor, empezaría a regir a partir del próximo 28 de diciembre. Milei, sin embargo, aclaró que las medidas «ya están vigentes» y «rigen desde hoy», informa Sonia Suyón.

Según la Constitución, el siguiente paso es someter la medida en un plazo de diez días «a consideración» de la Comisión Bicameral Permanente, integrada por ocho diputados y ocho senadores «a propuesta de los bloques parlamentarios respetando la proporción de las representaciones políticas». Posteriormente, será este órgano el que eleve «su despacho en un plazo de diez días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento».

En caso de que Milei opte por no enviar el decreto al Congreso en el plazo establecido, recaerá sobre la Comisión Bicameral Permanente la capacidad de realizar los trámites. Tendrá en ese escenario un plazo de diez días hábiles para pronunciarse. «Obviamente Milei prefiere que el decreto no pase por el Congreso», indica Haime en este sentido. El consultor Daniel Ivoskus, por su parte, señala a este periódico que el Gobierno del ultraliberal prepara ya un segundo decreto para la «implementación inmediata» del primero.

En la mañana del jueves, aún con resaca tras el anuncio del decreto, Milei avisó de que vendrían más propuestas. «Pronto se van a enterar. Vamos a llamar a extraordinarias y enviar un proyecto de ley para la modificación del Estado», amenazó el presidente, que quiso lanzar un aviso a diputados y senadores: «Quedarán en evidencia frente a los argentinos quienes están en contra del progreso y quienes son casta. Acá es ganar libertades, competitividad y bienestar en términos de mejores bienes a mejor precio».

Un detalle a tener en cuenta es que la citada Comisión Bicameral todavía no está conformada. La plataforma de Milei, La Libertad Avanza (LLA), no cuenta con los números suficientes para hacerse con una mayoría en esta comisión pese a su alianza con la coalición Juntos por el Cambio (JxC). Algunas voces de este espacio se han pronunciado en contra de la aprobación del decreto. La oposición acusa directamente a Milei de dar la espalda al legislativo.

Si el órgano se muestra incapaz de emitir un dictamen, el decreto seguirá adelante y la Cámara de Diputados y el Senado se pronunciarán al término de esos diez días hábiles. El Poder Legislativo no podrá en ningún caso introducir enmiendas ni aprobaciones parciales. De acuerdo con la Carta Magna, deben «circunscribirse a la aceptación o rechazo de la norma mediante el voto de la mayoría absoluta de los miembros presentes». Solo el rechazo de ambas Cámaras podría tumbar el decreto. Este escenario revertiría por completo el paquete legislativo. Hasta que esto se produzca, sin embargo, tendrá validez. «Ahí está la trampa legislativa», subraya Ivoskus. «Porque uno no puede votar determinadas cosas a favor y otras en contra. Se aprueba o se rechaza en su totalidad». «Ya se ha llamado a sesiones extraordinarias, y veremos qué resuelven o si verdaderamente se puede llegar a algún consenso cuando hay una ley ómnibus, que tiene más de 30 leyes que se quieren votar o todas juntas por el “sí” o todas juntas por el “no”», traslada el consultor a este periódico.

¿Qué amenazas enfrenta el decreto?

Hay otra vía para tumbar el decreto que no pasa por el Poder Legislativo: el Poder Judicial. Aquellos ciudadanos que consideren que las reformas vulneran sus derechos individuales o colectivos tienen la capacidad de presentar una petición a los tribunales para revisar la validez de las leyes. De hecho, ya ha sucedido. En la tarde del jueves, el Observatorio del Derecho a la Ciudad, una asociación civil, presentó el primer amparo ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal para decretar la inconstitucionalidad de la norma.

La Corte Suprema, la más alta magistratura del país, podrá intervenir únicamente al final del proceso judicial a través de un recurso extraordinario o per saltum, que sortearía las instancias intermedias.

Héctor Daer, secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), el sindicato más grande e influyente del país, ha confirmado que llevarán ante la Justicia un decreto que catalogó como «antidemocrático» y «antirrepublicano». Varios expertos constitucionalistas consideran que Milei se ha extralimitado en el ejercicio de sus funciones, entre ellos Daniel Sabsay, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires, quien definió el decreto como «una locura» y anticipó que su tramitación se judicializaría. «No existen las circunstancias excepcionales que exige la Constitución para el dictado de un DNU. No recuerdo una cosa así, ni en la época de Menem, ni en el Gobierno militar», trasladó a La Nación.

¿Cómo han reaccionado los principales actores sociales y políticos?

«Cuando la democracia está cumpliendo 40 años de continuidad, nuestro país asiste a un hecho de extrema gravedad institucional jamás visto. El Poder Ejecutivo, en un acto de claro abuso de poder, ha avanzado sobre las atribuciones exclusivas del Poder Legislativo», escribió el expresidente Alberto Fernández en la red social X.

El anuncio de Milei espoleó la primera movilización en contra del Gobierno. Unas 3.000 personas se congregaron en Buenos Aires en una marcha organizada por el Polo Obrero (PO) y otras organizaciones sociales y de izquierda. Sin embargo, la manifestación no cumplió con las expectativas iniciales de los convocantes, que esperaban reunir a 50.000 personas. «Hoy no se cortó la avenida 9 de Julio, hoy no se cortó el Puente Pueyrredón, hoy no se cortó el Metrobús, hoy no se cortaron accesos ni rutas y la gente pudo ir y venir a su trabajo sin ningún tipo de problemas», presumió la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Aunque el decreto, que limita el derecho de huelga, elimina las multas por contrataciones irregulares, autoriza jornadas de hasta 12 horas diarias, aumenta el período de prueba y habilita cambios en las indemnizaciones, no solo ha generado malestar en las clases populares; también lo ha hecho en las clases medias urbanas, que protagonizaron una cacerolada en señal del protesta. Un gesto con reminiscencias a la crisis de 2001. «Las manifestaciones de anoche aún no han cambiado el clima de opinión, de expectativas favorables», matiza Haime. «Veremos con el paso del tiempo cómo repercuten las medidas en el bolsillo de la población y cuánta efervescencia hay». El consultor reconoce que las movilizaciones son «una alerta para el Gobierno y también para los dirigentes de la oposición, porque estamos ante un capítulo que se está escribiendo».