Contienda judicial

Una comunidad indígena en Ecuador ha ganado una batalla legal por sus tierras ancestrales tras más de 80 años

El pueblo, compuesto por más de 800 miembros, presentó una demanda contra el Estado ecuatoriano, argumentando la violación de sus derechos a la propiedad ancestral

Amazonia ecuatoriana
Amazonia ecuatoriana Canva

La comunidad indígena Siekopai ha ganado una batalla judicial para recuperar su tierra ancestral en la Amazonia ecuatoriana, conocida como Pë'këya, después de más de 80 años de desplazamiento durante la guerra entre Perú y Ecuador en la década de 1940.

Durante el conflicto bélico, los Siekopai fueron forzados a abandonar su hogar ancestral, marcando el inicio de una larga lucha por la recuperación de su territorio. La guerra Perú-Ecuador en la década de 1940 dejó a muchas comunidades indígenas desplazadas, pero la comunidad Siekopai ha logrado un avance histórico.

El punto culminante de esta larga lucha se produjo el pasado septiembre, cuando la comunidad, compuesta por alrededor de 800 miembros, presentó una demanda contra el Estado ecuatoriano, argumentando la violación de sus derechos a la propiedad ancestral. Este acto marcó el comienzo de un proceso legal que finalmente ha favorecido a los Siekopai.

Un tribunal de apelaciones ecuatoriano respaldó de manera contundente el reclamo de los Siekopai sobre Pë'këya. La Corte Provincial de Sucumbíos otorgó al Ministerio de Medio Ambiente de Ecuador un plazo de 45 días para entregar un título de propiedad a la comunidad por más de 42.000 hectáreas (104,000 acres) de tierra, marcando así la primera vez que el gobierno ecuatoriano concede un título de propiedad a una comunidad indígena cuyo territorio ancestral se encuentra en un área protegida.

Este fallo no solo tiene implicaciones legales y territoriales para los Siekopai, sino que también establece un precedente significativo para otras comunidades indígenasque enfrentan desafíos similares en América Latina y en todo el mundo. La decisión judicial refuerza la importancia de proteger los derechos de propiedad ancestral y destaca la necesidad de considerar los aspectos culturales y existenciales de estas comunidades en la toma de decisiones gubernamentales.