Crisis política en Ecuador: la suerte de Lasso y de su posible relevo depende del Parlamento

El Tribunal Constitucional de Ecuador ha dado luz verde este miércoles al juicio político contra el presidente del país, Guillermo Lasso, por presunta corrupción. La decisión se ha tomado con seis votos a favor, de un total de nueve magistrados que componen este organismo, según ha informado el propio tribunal en un comunicado.

El dictamen determina que corresponde a este tribunal efectuar el análisis del procedimiento y del contenido de la solicitud, con el fin de "garantizar el equilibrio de poderes entre la función ejecutiva y legislativa", y asegurar así "que la institución del juicio político al presidente no sea utilizada de forma arbitraria".

Asimismo, los magistrados han señalado que tanto la solicitud como el trámite seguido desde la Asamblea Nacional "han respetado los principios de legitimidad política y del debido proceso", a pesar de que ha llamado la atención por la "falta de prolijidad en la activación de dicha figura constitucional".

Los jueces han aceptado únicamente una de las tres causas planteadas, la relativa a supuesto malversación en un contrato de una empresa pública. Mientras, las otras dos acusaciones -por delito de pacto ilícito- no han sido admitidas porque "no cumplen con las exigencias" legales y constitucionales.

Tras la admisión por parte de la Justicia ecuatoriana, el dictamen será remitido a la Asamblea Nacional. Deberá pasar por la Comisión de Fiscalización para recabar pruebas y que Lasso ejerza su derecho a la defensa. Por último, los parlamentarios votarán en el pleno, donde se necesitarán 92 votos -dos terceras partes de la cámara- para que el mandatario fuera destituido.

El analista político y exlegislador Ramiro Aguilar dijo no tener dudas de que la oposición sumará fácilmente los 92 votos que requiere para la censura, pues opinó que Lasso, con su estilo muy neoliberal y ligado casi exclusivamente al capital financiero, ha puesto a casi todos en su contra.

Incluso ciertos sectores empresariales y de la derecha política que en principio le apoyaban estarían conformes con un cambio de timón en el Ejecutivo, comentó a EFE Aguilar.

A Lasso la oposición lo acusa de ser responsable político de una presunta trama de corrupción en empresas públicas donde aparece su cuñado, el empresario Danilo Carrera, al supuestamente tener conocimiento de ella y, también supuestamente, proteger a otro integrante de una investigación policial por nexos con el narcotráfico.

Posible relevo presidencial

Para Aguilar, el juicio debe derivar en un relevo constitucional, lo que permitiría al vicepresidente Alfredo Borrero convertirse en el nuevo mandatario del país, aunque con el objetivo de dirigir una transición ordenada en el tiempo que le quedaría a su eventual administración.

Aguilar señaló que si se da el relevo, el nuevo mandatario debería llevar adelante un "Gobierno de transición" que dé un "giro de timón" hacia las causas sociales, deje de lado el neoliberalismo y, además, busque el apoyo de los sectores progresistas. Incluso se debería pensar en un gabinete que incluya a personajes de la oposición, sugirió.

Y es que para este analista, la suerte de Lasso estuvo echada desde el pasado 5 de febrero cuando el pueblo le dijo mayoritariamente "No" a un referéndum sobre una diversidad de temas que se realizó de forma paralela a las elecciones locales, en las que fue también derrotado ampliamente por el correísmo y otras fuerzas de oposición.

"El mandato de Lasso fue revocado" en la práctica y desde entonces ha ido acumulando reveses políticos importantes, abonados con las denuncias sobre corrupción en empresas públicas que han salpicado a personas de círculos muy cercanos al mandatario.

La carta de la "muerte cruzada"

El jurista también descartó que a Lasso le queden cartas que jugar, pues le sería difícil echar mano de la llamada "muerte cruzada", con la que podría disolver el Parlamento, anticipar las elecciones y gobernar un año por decretos. Según Aguilar, Lasso sí podría firmar el decreto para disolver la Asamblea Nacional, pero necesitaría la aprobación de la Corte Constitucional que acaba de aceptar el juicio político de censura en su contra.

Aguilar incluso observó que el Constitucional aceptó el juicio contra Lasso bajo la acusación de malversación, por lo que seguramente advirtió de que habría elementos para aceptar esa como causa del proceso. El Gobierno, por su parte, aceptó ya el fallo de la Corte Constitucional, pero rechazó el juicio político contra el presidente Lasso por considerar que no tiene asidero legal.

El fallo "de alguna manera valida los argumentos planteados por la legislatura en contra del Presidente", aceptó el Gobierno pero remarcó que "el planteamiento de la Asamblea nunca tuvo ni tendrá sustento jurídico ni político alguno".