Una multitud de manifestantes concentrados en torno a una iglesia icónica de Río de Janeiro el jueves constituye la prueba más reciente del estrepitoso fracaso de otro gobierno populista de la «justicia social». Si en las protestas de la Primavera Árabe la culpa es de los dictadores en el poder y en las protestas de la Unión Europea los malos son los empresarios y los bancos, el culpable para los brasileños es la organización de la Copa 2014.

Lo que el Gobierno brasileño parece no haber entendido con su reciente renuncia a la subida del transporte es que no hay una única exigencia que vaya a tranquilizar a todo el mundo. Los concentrados afirman que el Gobierno no es lo bastante transparente ni participativo, y que ello propicia una corrupción difusa que es la verdadera culpable de la tesitura nacional.

Brasil es un gran desconocido. La imagen externa es la de un país moderno con una democracia relativamente joven y una situación económica saneada. La realidad es que, como en todos los gobiernos de izquierdas, la inflación es un enorme quebradero de cabeza, la delincuencia crece a marchas forzadas y la corrupción ocupa las periódicos. Ahora, ha estallado una revuelta nacional.

Durante la última década Brasil, ha sacado a unos 30 millones de personas de la pobreza, y los brasileños se han dado un festín del que las Olimpiadas son la guinda: el empleo sumergido ha aflorado, se han hecho más inversiones y se ha logrado un mayor crecimiento.

Dos años y medio después de la elección de Rousseff, ésta aún conserva cierta popularidad entre los más pobres, pero las protestas están marcadas por un grupo distinto: la clase media tradicional, personas con formación superior y una posición relativamente acomodada. Algo muy lejos de la lucha de clases y los desheredados de Marx. A menos que las promesas incumplidas sean abordadas, la gente no volverá a sus casas. ¿Y por qué deberían? Tienen la palabra de Rousseff de que todo es gratis.

Rogério João Neto es profesor de Teoría Polçitica en Sao Paulo