El Gobierno francés ofrece una reunión a los sindicatos tras la última protesta

Un ambiente cargado de tensión que se mantiene en medio de una movilización que presenta cifras a la baja. La décima jornada de huelga general en Francia contra la reforma de las pensiones mostró cierto desgaste si atendemos a las cifras que han aportado tanto sindicatos como autoridades. Según Interior, 740.000 han salido este martes a las calles de Francia, una caída notable respecto a la cifra de la novena jornada (1.100.000). Tomando las cifras sindicales, el descenso pasaba de los 3,5 millones de la última jornada a los dos millones de esta vez.

Al término de la jornada, voces sindicales afirmaban no temer que se desinflara el movimiento, aunque esta pregunta circulase por la tarde noche en todos los medios franceses. ¿Puede favorecer la erosión de tantas jornadas seguidas a la postura inflexible del presidente Emmanuel Macron? Los analistas no tienen clara la respuesta.

El desafío de esta nueva jornada era evitar los desbordamientos y la violencia del pasado jueves, que se saldó con un balance de 450 detenidos y 441 gendarmes heridos. Los servicios de inteligencia habían avisado en las horas previas de la posible presencia de hasta 1.000 miembros de grupos radicales, especialmente de la extrema izquierda, infiltrados en la manifestación de París que arrancaba a las dos de la tarde en la Plaza de la República.

Entrada la tarde, comenzaban los primeros enfrentamientos con las fuerzas del orden y la quema de mobiliario urbano, aunque en mucha menor medida que el jueves pasado porque, en la víspera, el Ayuntamiento de París había despejado cualquier tipo de objeto o mobiliario, incluidas papeleras, susceptibles de ser usado para lanzamientos u hogueras. Aún con todo, anoche se contaban por decenas los detenidos al cierre de esta edición.

El ambiente festivo del inicio de la Plaza de la República, donde se iniciaba la manifestación principal de esta décima jornada de huelga, no escondía su carácter reivindicativo ni el enfado contra Macron. Lucille llevaba en sus manos una pancarta en la que jugaba con dos rostros superpuestos: el de la ex «premier» Margaret Thatcher y el presidente francés. Una forma de equiparar sus políticas, según esta joven de 22 años. «Está demostrando que tiene mucho de ella», explica a LA RAZON. Pocos metros más abajo, el bulevar Beaumarchais comenzaba a llenarse de gente, muchos jóvenes esta vez. Ya los sindicatos venían vaticinando un aumento considerable del público universitario en esta décima edición de su movilización contra la reforma. El decretazo de hace diez días acabó por movilizarlos del todo. Vicent, de 25 años, acaba de terminar una ingeniería y ha venido con su grupo de amigos desde Issy, al sur de París.

Hoy el metro funcionaba en mínimos y han recorrido más de seis kilómetros andando. Lleva viniendo a todas las convocatorias, una a una. Dice que el año pasado votó por Macron con la pinza en la nariz, para plantar cara a la ultraderechista Marine Le Pen en la segunda ronda de las presidenciales, pero que ahora está profundamente decepcionado. «Esto es la tumba política de Macron. Su arrogancia le ha podido y no quiere escuchar», asegura quien votó por el presidente convencido en 2017 y por descarte en 2022, dos veces seguidas aunque con motivaciones distintas.

En el campo político, la eventual figura de un mediador para calmar los ánimos y dar un respiro a la crisis ha ganado protagonismo. Es la solución a corto plazo que este martes, en la décima jornada de huelga general y movilización, ha puesto sobre la mesa la intersindical. Si bien el Gobierno no ha recogido el guante, sí lo han hecho algunos de sus socios parlamentarios, como el grupo centrista MoDem, que forma parte de la mayoría simple de Macron en la Asamblea Nacional. No es la voz de Macron, pero ya es algo en esta crisis plasmada en un diálogo de sordos en el que nadie parece ceder.

Por la noche, la primera ministra francesa ofreció una reunión a los sindicatos para reanudar el diálogo ante las protestas contra la reforma de las pensiones, según Laurent Berger, líder de la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT), el mayor sindicato de Francia.

En una entrevista televisiva, Berger se mostró al menos satisfecho de la posibilidad de un diálogo cara a cara. Desde que se presentó la reforma en enero "no nos han recibido ni una sola vez a pesar de nuestras demandas, ni el presidente ni la primera ministra ni el ministro de Trabajo" a pesar de las ofertas de diálogo, afirmó el líder sindical.

La encrucijada de Macron es todo un desafío: calmar la cólera ciudadana en su momento álgido sin la voluntad de retirar la reforma, que es el origen de la crisis. Y evitar el caos en la calle, cada vez más enfurecida y en medio de críticas a la actuación de las fuerzas del orden.

El viernes, desde Bruselas, Macron dijo estar dispuesto a hablar con la intersindical de algunos puntos concretos y delimitados de la reforma, pero siempre dejando al margen el polémico punto del retraso de dos años de la edad de jubilación, de los 62 actuales hasta los 64.

La jornada también ha dejado perturbaciones importantes en sectores clave para la economía como la energía o los transportes. Un 40% de los trenes de media y larga distancia ha sido anulados y un 15% de las gasolineras presentaba ayer problemas de abastecimiento. La buena noticia llegó de la recogida de basuras que hoy se reinicia en los departamentos parisinos, donde aún se amontonaban los desechos.

Macron reunió el lunes a su primera ministra, Élisabeth Borne, a algunos miembros de su Gobierno y a los líderes de los grupos que le apoyan en el Parlamento (además de Renaissance, su partido, Horizons y Modem), para trazar la estrategia a partir de ahora ante la constatación de un Gobierno que cada vez está más sólo en la Asamblea y teme no poder aprobar las siguientes leyes que tiene en cartera, como la de inmigración.

Francia entra ya al tercer mes de la movilización nacional contra la reforma de las pensiones. Comenzó a finales de enero, cuando se aprobó la ley, con manifestaciones pacíficas y paros. La mecha de la calle se encendió definitivamente hace semana y media, cuando Macron decidió aprobar la ley por decreto, saltándose el voto parlamentario. A la reforma se opone el 70% de los franceses, según los últimos sondeos. La ley está ahora mismo en manos del Consejo Constitucional, que debe valorar si, como denuncian oposición y sindicatos, el procedimiento que se ha usado para aprobarla es inconstitucional. Su veredicto debe ver la luz antes del 21 de abril, aunque es complicado que censure la reforma al completo. Muchos juristas se inclinan por una censura parcial de algún punto concreto.

La popularidad de Macron ha caído por debajo del 30%, según varios sondeos. Hay proyecciones que indican que, de celebrarse elecciones legislativas en este momento, su partido podría pasar de ser la primera a la tercera fuerza parlamentaria, y la ultraderecha del Reagrupamiento Nacional se convertiría en el primer grupo.