El Gobierno de Sunak reconoce sus dudas sobre la legalidad de la nueva política de inmigración

El Gobierno británico ha anunciado este martes en Westminster su polémico plan para reducir la inmigración ilegal. El objetivo es prohibir a todos aquellos que lleguen por rutas irregulares poder reclamar asilo, mandándoles de nuevo a sus países de origen, Ruanda u otro “destino seguro” y vetándoles de por vida la entrada a Reino Unido o la posibilidad de reclamar la ciudadanía británica. Los únicos que estarán exentos serán los menores de 18 años y las personas enfermas.

La crisis migratoria en el Canal de la Mancha se ha convertido en un auténtico problema para el Ejecutivo. El año pasado, más de 45.000 personas llegaron a las costas británicas por esta vía frente a los 280 que lo hicieron en 2018, fecha en la que comenzaron los registros. El 87% del electorado considera que el Gobierno no está gestionando bien la situación. De ahí que Rishi Sunak quiera aplicar ahora mano dura.

Pero su nueva estrategia cuestiona el compromiso de Londres con la Convención Europea de Derechos Humanos y la Convención de Refugiados de la ONU, que actualmente otorgan derechos a los solicitantes de asilo que llegan a Reino Unido. Tanto la oposición laborista como las organizaciones humanitarias consideran que la normativa es “impracticable”.

La ministra de Interior, Suella Braverman, encargada de anunciar este martes la ley en la Cámara de los Comunes ha recalcado a los parlamentarios que está “segura” de que el proyecto de ley es compatible con el derecho internacional, insistiendo en que el enfoque del Gobierno es “robusto y novedoso”.

Pero en una carta mandada a las filas `tories´, Braverman explica que existe “algo más de un 50%” de que “las disposiciones de la nueva ley sean incompatibles con los derechos de la Convención”. “Estamos poniendo a prueba los límites, pero confiamos en que el nuevo texto sea compatible con el derecho internacional”, matiza en la misiva.

Todo apunta a que el proyecto de ley incluiría una “declaración de la Sección 19 (1) (b)” de la Ley de Derechos Humanos de 1998, reconociendo que existe el riesgo de que la medida pudiera ser incompatible con la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y su tribunal supervisor en Estrasburgo (que nada tiene que ver con la UE). El uso de tal declaración no implica que el Gobierno crea que el proyecto de ley realmente violará la convención, pero no puede decir con absoluta confianza que no lo hará. El asunto, por tanto, podría ser impugnado legalmente.

Si bien el proyecto de ley no se convertiría en ley hasta dentro de varios meses, se aplicaría retrospectivamente, lo que significa que cualquiera que llegue ilegalmente a Reino Unido a partir de este martes correría el riesgo de ser deportado. Con todo, no se esperan muchas mejoras en el terreno dentro de un año, cuando tengan lugar los comicios. Y después de tantos años de promesas conservadoras incumplidas sobre la inmigración ilegal y legal, muchas de ellas rotas por el propio Boris Johnson, quizá los votantes hayan perdido ya la fe.

Si los planes consiguen convertirse en ley se enfrentan a una gran cantidad de desafíos para los jueces. Entre otros, se busca que las personas que lleguen ilegalmente a Reino Unido no tengan acceso a fianza o revisión judicial en los primeros 28 días después de su llegada. Según las nuevas medidas, serán detenidos y expulsados a Ruanda o a un tercer país “seguro” “tan pronto como sea razonablemente posible”. A la espera de los trámites, podrían ser trasladados a dos antiguas bases de la RAF en Lincolnshire y Essex.

En la actualidad, el Gobierno paga 6,8 millones de libras al día para albergar a los solicitantes de asilo. A día de hoy hay un tapón de 100.000 peticiones y cada una tarda una media de 480 días en procesarse.

El Gobierno ya tiene una política en marcha destinada a deportar a algunos solicitantes de asilo a Ruanda, pero hasta ahora nadie ha sido enviado a este país. El viaje del primer avión fue cancelado el pasado mes de junio en el último minuto, literalmente, por la intervención del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Aunque el pasado mes de diciembre, el Tribunal Superior de Reino Unido dictaminó que la política era legal y no infringía la Convención de la ONU sobre Refugiados.