Sunak prohibirá solicitar asilo a los inmigrantes que lleguen a Reino Unido por el Canal de la Mancha

El pragmatismo y la moderación son los pilares sobre los que Rishi Sunak ha construido hasta ahora su mandato desde que se mudó a Downing Street el otoño pasado. Sin embargo, en materia de inmigración está dispuesto a imponer una doctrina incluso aún más dura que la de sus predecesores.

El Gobierno de Sunak presentará este martes una polémica normativa para que aquellos que lleguen hasta Reino Unido a bordo de pequeñas embarcaciones tengan prohibido reclamar asilo en el país. Bajo la nueva ley, estas personas serán enviadas a Ruanda u otro “tercer país seguro” y se les prohibirá de por vida regresar a Reino Unido o reclamar la ciudadanía británica.

El objetivo, según Sunak es poner fin a la inmigración ilegal en el Canal de la Mancha. Pero organizaciones humanitarias, como Consejo de Refugiados, denuncian que, los nuevos planes, encerrarán “como criminales” a decenas de miles de individuos que realmente tienen derecho a tener asilo, lo que “rompería” los compromisos de Londres en virtud de la convención de refugiados de la ONU.

El año pasado, casi 46.000 personas llegaron hasta las costas británicas cruzando de manera ilegal el Canal de la Mancha, un 60% más respecto al año anterior. Comparado con otros países europeos, podría parecer una cifra no desmesurada. En España, sin ir más lejos, en 2018 el número de personas que alcanzaron el territorio nacional de manera irregular fue de un récord de 64.300. Pero el problema en Reino Unido es que son cifras cargadas de simbolismo político. La gran promesa del Brexit fue precisamente la de "recuperar el control de las fronteras", por lo que las imágenes de las pequeñas embarcaciones llegando a las playas suponen una auténtica humillación para los tories.

Según los últimos sondeos, la inmigración se ha convertido en una de las prioridades para el electorado -sobre todo para los votantes conservadores- y el 87% considera que el Gobierno no está gestionando bien la situación. Consciente, por tanto, de todo lo que está en juego de cara a las próximas generales previstas para el próximo año, Sunak ha decidido imponer mano dura.

A diferencia de la legislación actual, que impone una prohibición para aquellos que llegan por rutas ilegales de volver a entrar de entre cinco y 10 años a aquellos que fueran expulsados del país por intentar acceder de modo irregular, ahora se pretende que la prohibición sea de por vida.

Sunak defiende que la inmigración ilegal no es justa para los contribuyentes británicos ni tampoco “para los que vienen aquí legalmente”. “No es correcto que se permita que las bandas criminales continúen con su comercio inmoral. Estoy decidido a cumplir mi promesa de detener estas embarcaciones. Así que no se equivoquen, si vienen aquí ilegalmente, no podrán quedarse”, matiza en un discurso que claramente va destinado a sus filas.

El pasado verano, el Gobierno conservador liderado entonces por Boris Johnson ya aprobó un polémico plan para enviar hasta Ruanda a los solicitantes de asilo que llegaran por rutas irregulares, una de las políticas más controvertidas de la era post Brexit. Londres ya ha donado 120 millones de libras a Ruanda a cambio de acoger a 400 refugiados. Aunque, de momento, no se ha mandado a ninguno. El viaje del primer avión fue cancelado el pasado mes de junio en el último minuto, literalmente, por la intervención del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

En este sentido, algunos parlamentarios tories del ala dura van más allá y piden sacar a Reino Unido de la Convención Europea de Derechos Humanos. Sunak no está por la labor. Asegura que la nueva normativa no comete irregularidades. Al cierre de esta edición, no se sabían aún los detalles. Pero los activistas ya adelantaron que habrá importantes obstáculos legales.

Según el último análisis del Consejo de Refugiados, a dos tercios de las personas que cruzaron el Canal de la Mancha el año pasado se les debereía otorgar asilo porque provenían de países cuyos refugiados tienen una alta probabilidad de éxito. Casi todos los inmigrantes que provienen de Afganistán, Eritrea y Siria obtienen asilo.

“La mayoría de los hombres, mujeres y niños que cruzan el Canal lo hacen porque están desesperados por escapar de la guerra, el conflicto y la persecución. La legislación defectuosa del gobierno no detendrá los barcos, pero dará como resultado que decenas de miles de personas sean encerradas bajo custodia a un costo enorme, permanentemente en el limbo y tratadas como delincuentes simplemente por buscar refugio. Es impracticable, costoso y no detendrá los barcos”, denuncia Enver Solomon, director ejecutivo del Consejo de Refugiados.