Hong Kong acude a votar en pleno descontento por la gestión del incendio en el complejo residencial

Casi dos semanas después del incendio que consumió siete bloques mal revestidos del complejo Wang Fuk Court, el recuento final de víctimas de casi 160 muertos sigue marcando el pulso emocional de Hong Kong. Es la mayor tragedia urbana en más de siete décadas y ha dejado un paisaje social y político difícil de recomponer. Tai Po, el distrito afectado por el siniestro, se convirtió este domingo, sin pretenderlo, en el escenario simbólico de unas legislativas con un proceso electoral meticuloso, ordenado y aparentemente desconectado de la realidad emocional de la ciudad.

El rediseño político posterior a 2021 ha convertido los comicios del Consejo Legislativo en un mecanismo sin margen de incertidumbre. De los 90 escaños, solo 20 se eligen por sufragio directo; 30 se reparten en los grupos funcionales dominados por élites empresariales y profesionales; y 40 quedan en manos del Comité Electoral, un órgano de 1.500 miembros compuesto mayoritariamente por figuras afines a Pekín. El sistema se completa con la verificación de “patriotismo institucional”, un filtro previo que determina quién puede presentarse sin proceso judicial ni vía real de apelación. El resultado es una arquitectura electoral que antepone la estabilidad a cualquier forma de pluralidad, un parlamento sin riesgo y sin tensión interna.

Las urnas frente a las ruinas

En Tai Po, a escasos metros de los bloques calcinados, los colegios electorales abrieron sus puertas a las 7:30 con la eficiencia acostumbrada: personal alineado, urnas listas, trámites impecables. Sin embargo, la frialdad del procedimiento contrastaba con el ambiente de duelo. Hubo escasa participación, y en su mayoría eran de edad avanzada. Entre los desplazados por el incendio predomina la indiferencia. “Votar no me devuelve a mi familia”, decía un hombre que perdió a un familiar y que ahora duerme en un refugio temporal. “No legitimo un sistema cuando no tengo ni casa”. En el recinto electoral, funcionarios y trabajadores sociales atendían necesidades logísticas y médicas, pero también recordaban con insistencia suave que la jornada era “importante para Hong Kong”. El tono amable no ocultaba la presión ambiental.

La semana previa estuvo marcada por detenciones selectivas por “incitar al boicot” o “promover el voto en blanco”, conductas que desde la implementación de la Ley de Seguridad Nacional pueden acarrear penas de hasta cadena perpetua. Entre los detenidos figuraban juristas, activistas y creadores de contenido que habían analizado críticamente el devastador incendio.

Desde la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Nacional en 2020 —y reforzada por el Artículo 23 aprobado este año— la ciudad opera bajo un marco legal donde conceptos amplios como “subversión” o “colusión con fuerzas extranjeras” permiten perseguir expresiones políticas antes comunes. La consigna tácita es clara: el silencio es más seguro que la opinión.

En los cafés, bibliotecas, campus y centros comerciales, la conversación política se ha reducido a murmullos. La misma ciudad que en 2019 llenó avenidas enteras con millones de manifestantes, hoy mide cada palabra.

Para el Gobierno local y para Pekín, el foco no estaba en el reparto de escaños —un resultado sin margen de sorpresa— sino en el nivel de movilización ciudadana, cuyos datos definitivos se conocerán el lunes. En las elecciones de 2021, la participación se desplomó hasta un 30,2%, la cifra más baja desde la reversión de soberanía. Para evitar una repetición, las autoridades desplegaron una amplia campaña pública con incentivos comerciales, actividades recreativas y una presencia constante de mensajes institucionales apelando al “deber cívico”.

Entre los sectores afines al Ejecutivo, el razonamiento era evidente: una afluencia elevada serviría para legitimar el modelo político actual; un resultado modesto, en cambio, revelaría la distancia entre la ciudadanía y el sistema. Las urnas dejan así de ser solo un mecanismo de elección para convertirse en un indicador de estabilidad y control.

Una juventud marcada por el miedo post‑protestas

La generación que en 2014 y 2019 protagonizó las protestas más masivas de la historia de Hong Kong es hoy la más silenciosa. No se trata de apatía, sino de cálculo. El nuevo marco legal ha cerrado de forma contundente los espacios para la disidencia: la simple expresión de responsabilidad gubernamental o de crítica institucional puede ahora interpretarse como riesgo penal.

El ejemplo más ilustrativo ocurrió en una de las principales universidades del territorio: el sindicato estudiantil, uno de los últimos espacios de organización juvenil, fue disuelto tras la colocación de un panel pidiendo “aclarar responsabilidades” por el incendio. El mensaje es ya parte del ADN universitario, cualquier gesto puede ser leído como subversión.

La respuesta de los estudiantes en redes sociales es casi unánime: “Esto no es una elección” o “es un procedimiento administrativo para confirmar decisiones ya tomadas”. La abstención es percibida por muchos como el único gesto que aún pueden controlar sin exponerse. Algunos preparan la emigración. Otros optan por desconectar del espacio público. Y quienes votan lo hacen por mantener una presencia mínima en un sistema donde el margen de influencia real se ha evaporado, según sus publicaciones.

Ciudad suspendida entre tragedia y rutina

A medida que avanzaba la jornada, Hong Kong no respiraba ambiente electoral, sino una sensación de tránsito, de pausa. Los datos preliminares de participación se interpretaron según el prisma de cada actor: legitimidad para el Gobierno, apatía y condena desde la oposición exiliada, irrelevancia para la juventud.

Frente a los restos de Wang Fuk Court, el memorial por las víctimas seguía creciendo con flores, velas y mensajes. Allí coincidían votantes disciplinados, abstencionistas silenciosos, escépticos y resignados.