«Los brasileños necesitan armas para defenderse»

Muchos brasileños piden mano dura contra el crimen. Bolsonaro les promete que si gana podrán comprar armas.

Rubens Canato, de 68 años, vende frutas en una de las comunidades pobres de Sao Paulo, en Jardim Piratininga. En los últimos años ha sufrido diez ataques con robo fuera de la favela en la que reside con sus cuatro hijos. Como tantos brasileños, vive con un gran enfado la creciente inseguridad y no dudaría en hacerse con una pistola si algún día el Gobierno aprueba el porte de armas, prohibido ahora por la ley.

Por eso responde raudo que su candidato para las elecciones de este domingo es Jair Bolsonaro. «Pueblo armado jamás será esclavizado», ha dicho en más de una ocasión el ex militar. El ultra conservador, del Partido Social Liberal (PSL) pretende liberar la tenencia de armas y reducir la edad penal de 18 a 16 años. También ha prometido proteger a los policías que maten delincuentes y condecorar a los agentes más efectivos.

Cuando Lula da Silva llegó a la presidencia en 2002 impulsó el Estatuto del Desarme. Se criminalizó la tenencia de un arma con penas de prisión y se promovió que los particulares vendieran sus pistolas al Estado. La legislación actual es muy restrictiva, pero con la nueva configuración de un Congreso más conservador, que iniciará la legislatura en febrero, y la más que probable victoria de Bolsonaro, las leyes podrían cambiar en los próximos meses.

Uno de los proyectos que baraja la llamada «bancada de la Bala» en el Congreso otorgaría el derecho de poseer armas a los ciudadanos para usarlas en legítima defensa y para la protección de su propiedad privada. Asimismo plantea bajar los impuestos para la adquisición y reducir de 25 a 21 años la edad mínima para hacerse con un revólver.

«En Brasil siempre se pudo comprar armas, pero con el estatuto del desarme de Lula la violencia aumentó mucho en el país. Los criminales pasaron a tener más armas y los ciudadanos quedaron indefensos porque no ha habido políticas eficaces para combatir el crimen», asegura a LA RAZÓN André Azevedo, coronel de la Policía Militar y actual diputado del partido de Bolsonaro en el estado de Rio Grande del Norte. «Los brasileños de bien necesitan poder defenderse», añade.

Con 64.000 muertes violentas en 2017, Brasil sufre su peor ola de violencia de su historia. «No hay ninguna guerra en el mundo donde muera tanta gente al año como en Brasil», añade Azevedo. Las peticiones de mano dura contra los criminales, que tanto se escuchan entre la gente corriente de las grandes ciudades, han encontrado en Bolsonaro a su mejor portavoz.

El séptimo país con más armas

En 2005, casi dos tercios de los brasileños se pronunciaron en contra de la prohibición a la venta de armas y municiones. Un estudio realizado por Small Arms Survey muestra que en Brasil hay ocho armas por cada 100 habitantes. El total de pistolas en poder de la población civil es de 14,8 millones, el séptimo en el ránking de países con más armamento entre sus habitantes. Felipe Angeli, gerente de abogacía de la ONG Instituto Sou de Paz, ha asegurado a la agencia Efe que la venta ha subido un 70% en la última década.

La necesidad de una nueva política que reduzca la violencia es ampliamente respaldada por la gente en las encuestas, pero no todos están de acuerdo con las recetas del favorito a ganar estas elecciones. Lais Claudia, de 44 años, lamenta que Brasil pueda tener un presidente que siente pasión por las pistolas, como él mismo ha reconocido: «Bolsonaro está ciego, sólo quiere matar bandidos, no ve el problema cultural que hay detrás de tantos crímenes», critica esta mujer vecina de una de las favelas de Sao Paulo.

El diputado Carlos Becerra Jr, presidente de la Comisión de Derechos Humanos en la Asamblea Legislativa, asegura a LA RAZÓN que será un retroceso: "En Brasil ya vivimos un auge armamentista en los ochenta. La autodefensa del ciudadano no impidió la escalada de la violencia en un país donde el 70% de los homicidios se han practicado con armas de fuego. Flexibilizar la legislación tirará a la basura todos estos años de lucha para conciencia a la población de que no es bueno tener armas". A su juicio, armar al ciudadano para que se defienda a sí mismo es como lanzar el mensaje desde el Estado de "mátense".

La bandera de la seguridad pública es la más fuerte en la campaña de Bolsonaro, asegura el diputado Azevedo, que defiende que la reducción de la edad penal a los 16 años tendrá un efecto positivo en la tasa de criminalidad. «Los jóvenes actualmente son los que más matan, desde muy pequeños son reclutados por las bandas de la droga para delinquir porque saben que tienen un trato mejor». También lamenta la benevolencia del sistema penitenciario, “muy generoso con los permisos de salida para los delincuentes”, y el elevado índice de impunidad con los delitos violentos. “Sólo el 10% de los homicidios son investigados por la Justicia en Brasil. Las policías no tienen las condiciones apropiadas para trabajar”, explica el coronel.

Para combatir a las bandas criminales, el Gobierno actual de Michel Temer aprobó el año pasado una medida de urgencia sacando a las Fuerzas Armadas a las favelas de Rio de Janeiro, la ciudad más turística del país. Bolsonaro, explica Azevedo, no quiere llevar al Ejército a las calles porque esta institución no está preparada para las tareas de seguridad pública. «Eso lo tiene que hacer la Policía, pero para eso se necesita que los policías estén más respaldados con protección jurídica. También hay que endurecer la legislación. No es posible que un condenado por homicidio quede en semilibertad cuando cumple un sexto de la pena».

Muchos analistas creen que la política de mano dura de Bolsonaro si gana la presidencia traerá más sangre a las calles de Brasil. Brunos Paes Manos, investigador el Centro de Estudios sobre la Violencia de la Universidad de Sao Paulo, asegura que la violencia en esta ciudad disminuyó un 65% entre 2001 y 2016 y lamenta que la intervención policial sea responsable del 20% de los asesinatos.

El analista político Leandro Machado, del movimiento ciudadano Agora, culpa al actual sistema político de no haber sabido solucionar “el problema de seguridad grotesco” que hay en Brasil. “Estamos en medio de una guerra que ha superado los límites. Hay que hacer algo diferente, pero respetando los derechos y las normas. La estrategia de seguridad pública actual ha fracasado en un plano general, sin embargo hay lugares como Sao Paulo que han sabido hacerlo, y que han logrado reducir las tasas de criminalidad y situarlas entre las más bajas del país, lo que demuestra que sí hay alternativas”.