Muere el quinto menor en seis meses en la frontera de EE UU

El guatemalteco de 16 años había sido detenido hace una semana por entrar ilegalmente en el país.

Desde diciembre, en las instalaciones de la Patrulla Fronteriza de EE UU han muerto 5 menores de edad procedentes de Centroamérica. Un hecho que ha provocado la queja de las organizaciones de defensa de los inmigrantes y de activistas de los derechos de la infancia. El último fallecido era un muchacho procedente de Guatemala, de 16 años, Carlos Gregorio Hernández. Estuvo seis días custodiado, cuando el límite legal es de tres. Lo habían detenido el 13 de mayo en el sur de Texas y trasladado al macrocentro de detención McAllen, donde cientos de personas, muchos de ellos niños, se hacinan en grandes estructuras de alambre con colchonetas en el suelo. El lugar, el mayor espacio de detención de inmigrantes indocumentados de EE UU, es conocido como Ursula por los agentes fronterizos. Según los reporteros Jacob Soboroff y Julia Ainsley, de la NBC, que firmaron un reportaje sobre el lugar en junio de 2018, se trata del «epicentro de la política de la Administración, que ha separado a miles de niños de sus padres».

Para entender el volumen de las cifras es bueno recordar que cuando Soboroff y Ainsley firmaron su pieza la normativa, aprobada a principios de mayo, había provocado ya que 1.174 menores de edad fuesen separados de sus padres. Hasta ese lugar llegó el adolescente guatemalteco. Diagnosticado con la gripe, fue transferido a la Estación Weslaco en el Sector del Valle del Río Grande, donde murió. Como menor sin padres o tutores la ley obligaba a su traslado a un centro del Departamento de Salud y Servicios Humanos. En un comunicado que publicó el comisionado interino de la Patrulla Fronteriza, John Sanders, explicó que «los hombres y mujeres de Aduanas y Protección Fronteriza están tristes por la trágica pérdida de este joven y hacemos llegar nuestras condolencias a su familia». Sanders añadió que la Patrulla Fronteriza está «comprometida con la salud, la seguridad y el trato humano de quienes están bajo nuestra custodia». La web de la CBP informaba de que no había trascendido la causa de la muerte y que, «según la política de CBP, la Oficina de Responsabilidad Profesional ha iniciado una investigación». Fueron informados tanto la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional, como los miembros del Congreso de EE UU y el Gobierno de Guatemala. Efrén Olivares, abogado del Proyecto de Derechos Civiles de Texas declaraba que «si estos fueran niños blancos y murieran a este ritmo, la gente se levantaría indignada», dijo. «Pero vemos este desprecio insensible hacia los niños hispanos y de color».

El año fiscal empezó el 1 de octubre, con lo que el número total de detenciones, 520.000 comprendía en ese momento 7 meses y 17 días. Unas cifras tremendas, aunque lejos de los máximos históricos. Lo que no ha dejado de crecer desde los días de la presidencia de Bill Clinton es el número de inmigrantes que permanecen retenidos en los centros de detención un día cualquiera del año, que, según el Marsahll Project, pasaron de los 6.785 de 1994 a los 45.890 actuales.