¿Qué puede hacer Alberto Fernández para librar a CFK de la prisión?

La futura vicepresidenta argentina acumula once casos de corrupción, seis peticiones de prisión preventiva y embargos que rondan los 200 millones de dólares

En su libro “Sinceramente”, Cristina Fernández de Kirchner se declaró víctima de una persecución política del macrismo que cristalizó en once procesamientos, seis peticiones de prisión preventiva y cinco causas elevadas a juicio oral. Una teoría que tiene mucha aceptación entre sus acólitos, Pero no tanta entre el resto de los mortales, ya que hay sospechas más que fundadas de la implicación de la ex presidenta en multitud de casos de corrupción.

Y es que, tanto ella como su familia han experimentado un crecimiento exponencial en su patrimonio desde que su marido, Néstor Kirchner, llegara a la Presidencia en 2003. De hecho, sus hijos Florencia y Máximo que ahora son los titulares de la fortuna familiar- también son sospechosos en dos presuntos casos de corrupción.

Además, las muertes de varias personalidades que se enfrentaron a la ex presidenta dieron lugar a bastantes teorías que apuntan directamente a la implicación de Cristina Fernández. Los casos más sonados son los del fiscal Alberto Nisman, que fue asesinado por un disparo en la cabeza 24 horas antes de su cita ante el Congreso para mostrar las evidencias con las que fundamentaba su acusación contra la entonces presidenta; y el caso de Juan Castro, un periodista que llevaba a cabo una investigación sobre “altos cargos políticos” y que murió al caer desde el primer piso de su apartamento.

Pero los tribunales argentinos tienen fama de saber adaptarse a los tiempos. Desde que el recién electo presidente, Alberto Fernández, obtuvo una victoria aplastante en las primarias de agosto, la relación con la Justicia de varios kirchneristas no ha hecho más que mejorar: empezaron a quedar en libertad después de breves periodos en prisión preventiva (entre ellos Carlos Kirchner, primo del ex presidente), se reabrieron varias causas contra Macri y su entorno (como el del Correo Argentino o la de la aerolínea Mac Air), y se frenaron los nombramientos de jueces y fiscales federales a la espera de la nueva distribución del Parlamento.

Pero, si con la victoria del dúo Fernández-Fernández en las primarias el Poder Judicial se empezó a acomodar al nuevo Ejecutivo, este proceso se aceleró vertiginosamente con su victoria en las elecciones presidenciales del domingo: solo dos días después de los comicios -sin siquiera esperar al traspaso de poder del 10 de diciembre-, la Cámara Federal revocó dos procesamientos contra Cristina: una por el pago de sobornos a empresarios, y otra por los sobreprecios en la venta de gas natural licuado.

Según Jorge Bazán, un abogado independiente argentino, las sentencias de los jueces -especialmente las de los jueces federales, a los que califica de “soldados del Poder Ejecutivo”- se decantan para un lado o para el otro en función de quién ocupe la Casa Rosada: “Esta influencia del Ejecutivo sobre el Judicial se da, en primer lugar, con el nombramiento de los jueces: el poder político nombra jueces de su militancia política. El segundo aspecto es la corrupción: el Ejecutivo tiene comprados a los jueces. Y el tercer caso de esta relación promiscua entre el Ejecutivo y el Judicial es que los magistrados independientes se ven permanentemente sometidos a intimidaciones”.

De acuerdo con este abogado, durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner no funcionó la República, fue “un Gobierno totalmente dictatorial” en el que la ex presidenta creó una Justicia a la que llamó “Justicia legítima”, un sistema con el que modificaba las calificaciones en las oposiciones de los jueces para colocar a juristas cómplices del Ejecutivo. Además, manifiesta que se utilizó la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) como una plataforma para extorsionar y presionar a magistrados, empresarios, y demás funcionarios para que actuasen de acuerdo las pretensiones del Gobierno.

Muchos en la oposición, que no entendieron en primer lugar cómo era posible que Cristina Fernández de Kirchner pudiese presentarse a un cargo político, ahora temen que con su llegada a la vicepresidencia -que le proporciona inmunidad- ya no se avanzará más en la investigación.

Algunos creen que Alberto Fernández será más moderado de lo que fue su predecesora, pero Jorge Bazán no está entre ellos: “No tengo ninguna duda de que Alberto Fernández influirá en el terreno judicial para ayudar a Cristina, estoy convencido. Será un monigote de Cristina y la “cámpora” (circulo de confianza de la ex presidenta). Y me inclino a pensar que, de hecho, la virulencia va a ser muchísimo más grave de lo que pasó anteriormente”, sentenció el abogado.

De hecho, el presidente electo ya avisó de que iba a revisar los cargos de los que se le acusaba a su vicepresidenta, a los que calificó de “barrabasadas”. Fernández entiende que la oposición se valió del Poder Judicial “para perseguir a los que no se le puede ganar en las elecciones”.

Con la transición de Gobierno, el nuevo Ejecutivo tiene que designar a los nuevos responsables de instituciones públicas como la Oficina Anticorrupción, la Unidad de Información Financiera, la Administración Federal de Ingresos Públicos, (...). Es decir, a aquellos que se sentaran en la bancada de denunciantes en los casos contra Cristina Fernández de Kirchner. Y así, cargos que deberían ser de carrera, pasan a ser cargos políticos que sirven a la voluntad del Ejecutivo. La clave para que el peronismo evite las condenas a la ex presidenta es asegurar la elección de la mayoría de dos tercios en el Consejo de la Magistratura, que tiene a su cargo la administración del poder judicial y la actividad de los jueces.

Según Bazán, “la gran esperanza que tiene Argentina” es que el bloque de la oposición consiga una mayoría suficiente en las elecciones legislativas de 2021 que le de el control de las Cámaras legislativas para, una vez votado el desafuero que la protege, poder iniciar un juicio político en contra la senadora. Pero alcanzar esa mayoría no será nada fácil, sobre todo después de ver cuál ha sido el desempeño del macrismo en las presidenciales. En el caso de que dos tercios del Senado apoyen la condena a Cristina Fernández de Kirchner, se procedería automáticamente a su destitución.

También cabe la posibilidad de que el Gobierno de Alberto Fernández le concediese el indulto por sus crímenes, pero para que esta figura jurídica pudiese aplicar, primero debería haber una condena. Algo que Jorge Bazán descarta de pleno, porque no cree que se llegue siquiera a dictar sentencia.